TRAS LA ANULACIÓN DE LA DOCTRINA 197/2006
Los tribunales españoles se preparan para cumplir el fallo
Abogados confirman el envío de 54 peticiones de libertad a la Audiencia Nacional, que determinará mañana la fórmula a emplear para decidir sobre los recursos. Madrid desarrolla una intensa actividad con las asociaciones de víctimas para minimizar daños. Se retrasa la salida de Troitiño
GARA | GASTEIZ
Abogados de los presos a los que afecta la anulación de la doctrina 197/2006 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmaron ayer a GARA que habían remitido ya a la Audiencia Nacional las 54 peticiones de libertad correspondientes a sus defendidos. Ahora queda en manos de los tribunales españoles la forma en la que han de ir cumpliendo con la jurisprudencia que emana de la sentencia publicada el pasado lunes en relación a Inés del Río.
Según diversas fuentes, la Audiencia Nacional había recibido ya 36 de esas demandas de excarcelación. Se desconoce si el resto estaban por llegar o han sido remitidas a otras instancias judiciales como el Tribunal Supremo y el Constitucional que también tienen que resolver algunos recursos presentados por la aplicación retroactiva de la llamada «doctrina Parot».
La Audiencia Nacional tiene convocada para mañana una reunión de los 17 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal -que preside Fernando Grande-Marlaska- al objeto de decidir sobre la aplicación de la doctrina a Joxepa Ernaga y a Juan Manuel Piriz. Fuentes jurídicas advierten que estos casos son distintos. Ernaga no ha cumplido toda la condena, por lo que aunque no se le aplique la doctrina 197/2006 continuaría en prisión, mientras que Piriz debió quedar en libertad hace cuatro años y ha cumplido ya casi los 30 años de condena íntegra.
Según informó ayer Efe, durante este pleno ordinario, en el que ya se preveía estudiar los dos citados recursos, se deliberará también sobre el procedimiento a seguir en las peticiones de otros 36 presos, cuyas defensas han aportado a sus recursos la sentencia de la Corte de Estrasburgo para pedir que no se les aplique la doctrina 197/2006.
En principio, se anuncia que no determinará sobre su puesta en libertad o no, sino sobre la fórmula a emplear para ir decidiendo sobre sus recursos y si tiene que ser el Pleno o las diferentes secciones que hayan llevado cada uno de los casos las que decidan sobre una futura excarcelación.
Supremo y Constitucional
También la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará en los próximos días una reunión plenaria para fijar su posición tras la sentencia de Estrasburgo.
El Alto Tribunal tiene en la actualidad cinco recursos pendientes de resolución. Cabe destacar que fue el Supremo quien en 2006 dictó la doctrina que ha sido considerada atentatoria contra los derechos humanos por la Corte Europea. En la revisión de estos recursos tiene la posibilidad de corregir su actuación y variar la jurisprudencia creada al respecto.
Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional, la Cadena SER informó ayer de que podría resolver de oficio, sin necesidad de que los abogados defensores lo solicitaran expresamente, al menos los 23 casos que ya tiene listos para dictar sentencia. Por ahora, este órgano no se plantea llevar al pleno las deliberaciones, puesto que el trabajo está ya hecho.
Según estas fuentes, los magistrados del Constitucional tan solo tendrían que revisar esos expedientes y dictar una por una las sentencias que recojan los argumentos expuestos en la audiencia pública del pasado lunes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Antton Troitiño no abandonó ayer la prisión de Long Lartin (centro de Inglaterra), tal y como estaba previsto después de que el Tribunal Superior de Londres decretase su libertad provisional. Al parecer, la orden se habría paralizado por cuestiones relacionadas con inmigración. No obstante, sus abogados se encontraban ya trabajando sobre el caso con el objetivo de presentar un recurso para que el preso donostiarra abandonase la cárcel lo antes posible. Un juez británico ordenó su libertad el martes, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiese el fallo por el que castigaba al Estado español por alargar artificialmente la condena de Inés del Río. Precisamente, la doctrina 197/2006 es la base de la orden de extradición cursada por Madrid. Por el momento, dispone de siete días para presentar un recurso.
Según se publicó el martes, el preso vasco iba a ser excarcelado para residir en Londres, en el piso de unos amigos, y bajo la obligación de personarse diariamente en un juzgado de la capital británica. El ciudadano vasco permanece encarcelado en Inglaterra desde junio de 2012, después de que el Estado quisiese aplicarle la «doctrina Parot» una vez que ya había sido excarcelado tras cumplir su condena. A.P.
Agentes políticos, sindicales y sociales valoraron ayer en Iruñea la sentencia del Tribunal de Estrasburgo destacando, en primer lugar, que llega tarde -«cinco años en el caso de Inés del Río y 203 años tarde computando las decenas de presos y presas políticas vascas afectadas»- y que la judicatura y las élites españolas «sabían perfectamente que esta doctrina era contraria a derecho».
En un comunicado consensuado por diferentes colectivos, entre los que se encontraban partidos como EA, Sortu, Aralar, Alternatiba y Eusko Ekintza; sindicatos como ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS; y grupos como Ernai, Etxerat, Esait y Eleak, entre otros, se dirigieron al Gobierno español para exigirle que «no haga trampas, que cumpla con la sentencia de manera inmediata y que permita la puesta en libertad de los 56 presos y presas vascas que mantienen retenidos después de haber cumplido su condena y varios años más».
Eva Aranguren y Xabier Barber, en nombre de todos estos agentes, abogaron por huir de los esquemas de vencedores y vencidos. «Queremos subrayar la respuesta serena y madura que se está dando en Euskal Herria a esta sentencia. Aquí no ha ganado Inés del Río, ni ETA, ni una opción política determinada. Aquí se han impuesto los derechos humanos y los principios básicos del ordenamiento jurídico. Y, además, es una noticia que alimenta el proceso de resolución y nos acerca a la paz. Por tanto, quien ha ganado es toda la sociedad vasca, y también la sociedad española y la comunidad internacional. Aquí hemos ganado todos y todas», añadieron.
«En resumen, lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos humanos, que se alivie el sufrimiento de muchas personas, que se den pasos por todas las partes hacia la resolución. Lo que estamos pidiendo es que den una oportunidad a la paz en Euskal Herria», destacaron.
Subrayaron que la sentencia es «un nuevo tirón de orejas» al Estado español, «una nueva condena a las políticas de excepción» que sufren los presos vascos, por lo que reclamaron que se acabe con la dispersión y se libere a los prisioneros enfermos.
Por otro lado, el lehendakari del Gobierno de Lakua, Iñigo Urkullu, pidió a la izquierda abertzale, durante una entrevista en la Cadena SER, que no haga «ningún tipo de ostentación» ante la sentencia porque detrás de cada preso que debe ser liberado hay atentados, muertos y víctimas. Además, exigió a los presos que hagan «una lectura crítica del pasado» y destacó que la sentencia es una oportunidad para que el Gobierno español cambie su política penitenciaria.
El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, entrevistado en Euskadi Irratia, aseguró que la izquierda abertzale está actuando con responsabilidad política tras la sentencia de Estrasburgo, ya que no desean herir a ninguna víctima. Junto a ello, destacó que «no es una victoria de la izquierda abertzale, sino una oportunidad para cambiar la política penitenciaria y para impulsar el proceso».
El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, señaló, en declaraciones a la agencia Efe, que «por suerte, la política penitenciaria no la dirige el Gobierno Vasco» y que Urkullu «no tiene mucho que decir sobre esta cuestión». «En esta materia no hay que hacer experimentos», añadió. Martxelo DÍAZ
El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, aseguró que la izquierda abertzale quiere actuar con responsabilidad política tras la sentencia del TEDH, ya que no desean herir a las víctimas.
Iñigo Urkullu pidió al Gobierno español que aproveche la sentencia para cambiar la política penitenciaria. Carlos Urquijo respondió que es Madrid quien fija esa política y que el lehendakari no tiene nada que decir.
