La Corte Constitucional colombiana, en una ajustada votación de cinco a favor y cuatro en contra, ha tumbado la reforma del fuero penal militar que el Gobierno de Juan Manuel Santos aprobó con el argumento de brindar seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas como una forma de apoyo moral a la tropa, pero que en realidad suponía erigir un enorme monumento a la impunidad. La reforma planteada produciría investigaciones y juicios simulados, con nula independencia de los tribunales, y abría las puertas de par en par a un aumento seguro de las violaciones de los derechos humanos. Con razón, asociaciones de derechos humanos, de víctimas de la violencia de estado, de las comunidades más vulnerables e incluso organismos internacionales habían puesto el grito en el cielo. No hicieron sino jugar su papel histórico de denunciar lo que ha pasado en el conflicto armado de Colombia y prevenir a la sociedad de lo que pasa y lo que va a pasar. Por ello, los señalaron y criminalizaron.

La Corte Constitucional, además de hacer una aportación positiva al proceso de paz, no se ha doblegado. Ha sabido defender su jurisprudencia e independencia sobre los militares.