El Gobierno municipal de Gasteiz, en manos del PP, defendió ayer que el contrato de los locales de la calle San Antonio, firmado durante la segunda legislatura de Alfonso Alonso, se hizo «conforme a derecho». El citado contrato, que está siendo analizado en una comisión de investigación, fue modificado hace tan solo unas semanas por el alcalde, Javier Maroto.

La portavoz adjunta del Ejecutivo, Ainhoa Domaica, señaló que el entonces director municipal de Hacienda, Iñaki Díez de Unzueta -ayer compareció en la comisión de investigación-, defendió que «no hubo ninguna instrucción política» por parte de Alonso, Díez de Unzueta y Maroto para la formalización del contrato de alquiler.

A su parecer, la cuantía de la renta, superior a 15.000 euros, y su actualización se hicieron «conforme a la realidad del mercado inmobiliario, tal como acreditan los informes objetivos de inmobiliarias».

Por su parte, EH Bildu denunció que, con este tipo de declaraciones, el «PP intenta en vano sacudirse su responsabilidad en el blindaje del alquiler de los locales de San Antonio». Un blindaje de dos décadas, ya que el contrato inicial incluía una penalización de veinte años en caso de ruptura unilateral.