El Parlamento de Gasteiz fue de nuevo ayer escenario de una bronca indeseable. El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, en su primera frase del punto planteado por EH Bildu, volvió a referirse a este grupo como «servicios auxiliares de ETA» y empleó hasta en diez ocasiones este término u otros análogos. Cuando Julen Arzuaga volvió a tomar la palabra, denunció que no se pueden tolerar este tipo de calumnias, lanzadas desde el estrado, amparándose en la libertad de expresión o en la inviolabilidad parlamentaria, puesto que son acusaciones de un delito. Al volver a la tribuna, Maneiro insistió en su calificativo, impidiendo la Presidencia que Arzuaga pidiera su amparo. Provocador, el parlamentario de UPyD elevó el tono: «Ustedes han venido acompañando a ETA, [son] los que acompañaron a ETA, los que justificaron a ETA, los que sustentaron a ETA, los cómplices de ETA, los amigos de ETA, los servicios auxiliares de ETA. Se lo han dicho, ustedes no pasaban por allí sino que apoyaban, apoyaron y apoyan a ETA».

Mientras todo esto ocurría, la presidenta, Bakartxo Tejeria, y el secretario segundo de la Mesa, Iñigo Iturrate, intercambiaban consultas y el Reglamento. Siguiendo sugerencias, Arzuaga volvió a intentar tomar la palabra, amparándose en el artículo 84 del Reglamento, que posibilita a la Presidencia conceder un turno para replicar a «alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de una parlamentaria o parlamentario, o el decoro y la dignidad de un grupo parlamentario». La presidenta se la volvió a negar, dando lugar a una protesta generalizada desde los escaños de EH Bildu. La presidenta llegó a expulsar al parlamentario independentista Unai Urruzuno, aunque luego corrigió y le dijo que si volvía a hablar sería expulsado. Arzuaga insistió en que la Presidencia debe evitar que se les imputen delitos, pero Tejeria alegó que son juicios y que, si cree que son delitos, vaya a los tribunales. Luego, Iturrate dijo a la presidenta que Urruzuno le había llamado «payaso», lo que éste negó al ser preguntado por Tejeria. Sin embargo, Urruzuno sí hizo mención a otro pleno anterior en el que el jeltzale Iturrate, desde la Mesa, ofendió gravemente a un parlamentario independentista. Entre tanto, desde las filas del PP se gritó, en referencia a EH Bildu, «ese grupo es una vergüenza».

Según el artículo 115 del Reglamento, corresponde a la presidenta «llamar al orden» a los oradores «cuando profirieran palabras (...) o vertieran conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros». EH Bildu y otros observadores de los debates consideran que la Presidencia hace dejación de estas funciones. Desde la máxima instancia de la Cámara se argumenta que hay informes jurídicos de los letrados que elevan la libertad de expresión del parlamentario en la tribuna sobre cualquier otra razón. Es más que dudoso que los criterios recogidos en el informe encargado a los servicios jurídicos con motivo del uso del término «presos políticos» sirvan para amparar la atribución repetitiva de un delito a un grupo parlamentario concreto. En cualquier caso, aquel mismo informe concluye recordando que «es a la presidenta a quien corresponde interpretar los límites que a la libertad de expresión de las parlamentarias y parlamentarios puedan o deban imponerse».

Por el buen funcionamiento de la Cámara, y vistos los antecedentes, urge consensuar entre los grupos unas convenciones mínimas de comportamiento y, si esto no fuera posible, que la Presidencia fije una normativa de común conocimiento. Si ello ampara que se puedan atribuir delitos a otros grupos desde la tribuna, que quede por escrito. Y que luego cada palo aguante su vela.