TRAS LA ANULACIÓN DE LA DOCTRINA 197/2006
La AN se reúne hoy mientras Interior ve margen para la ejecución del fallo
En la víspera de que se reúna el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para fijar criterios para resolver las peticiones de excarcelación de presos afectados por la sentencia de Estrasburgo, el ministro de Interior, Jorge Fernández, dijo ayer que los tribunales tienen margen y «hay muchas maneras y tiempos para ejecutar las cosas».
GARA | GASTEIZ
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrado por 17 magistrados, analizará hoy si libera a Juan Manuel Píriz y adelanta la salida de la cárcel a Josepa Ernaga, corrigiendo la aplicación de la doctrina 197/2006 que el Tribunal de Estrasburgo calificó de ilegal. Además, tendrá sobre el mesa el resto de solicitudes de libertad. Según los abogados, remitieron 54; la Audiencia Nacional decía ayer haber recibido ya 49. El Pleno debería fijar el criterio de cómo resolver estas peticiones.
Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández, que el lunes aseguró que la ejecución del fallo del TEDH correspondía en exclusiva a los magistrados, afirmó ayer en una emisora de radio que los tribunales sí tienen cierto «margen de maniobra» para aplicar la sentencia, ya que «hay muchas maneras y tiempos para ejecutar las cosas». Adujo la existencia de informes de la Abogacía del Estado y matizó que ese margen no está en la «ejecución de la condena» al Estado español, de obligado cumplimiento, sino en la forma de ejecutarla.
«Estamos trabajando»
Mientas algunas voces hablan de separación de poderes, el ministro de Interior no tiene empacho en reconocer que están trabajando junto a la Fiscalía, que no depende de su Ministerio. Fernández dijo que la Fiscalía ha dejado claro que analizará «caso por caso» cómo afecta la sentencia de Estrasburgo a otros presos, «sin hacer una decisión global para todos y evitar de esa manera imágenes que nadie desea». «En ese sentido sí que estamos trabajando -declaró-. No se puede contar más».
A la espera de los criterios que hoy pueda fijar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Fernando Grande Marlaska, y de que próximamente se reúna el Tribunal Supremo con idéntico motivo, surgen desde distintas instancias jurídicas diversas voces que coinciden en que los casos van a ser estudiados uno a uno, para determinar cuáles se ciñen a los criterios establecidos por el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia favorable a Inés del Río.
En buena medida se trata de intentar hacer ver que el fallo del TEDH no anula por completo la llamada «doctrina Parot», sino que se refiere únicamente a unos casos concretos, a los que se les aplicó de forma retroactiva. Sin embargo, lo cierto es que las decenas de presos que han solicitado su excarcelación se encuentran en prisión precisamente por esa aplicación retroactiva. Es decir, la doctrina se aplicaba fundamentalmente de esta manera.
El Ministerio del Interior ha asignado un grupo de especialistas que atenderán a las víctimas de los presos que vayan siendo excarcelados. Prestarán atención sicosocial a los afectados en sus propios domicilios.
El fiscal del TSJPV, Juan Calparsoro, dijo ayer que Inés del Río «ha cumplido ya con la sociedad y de una manera muy dura». Asociaciones de víctimas y de las FSE exigieron que se castigue a Calparsoro. «Si ha cumplido con él, que se la lleve a casa», dijo Ángeles Pedraza.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, hizo una apelación a los jueces para que ahora la anulación de la doctrina 197/2006 «no se convierta en una carrera para ver lo antes que salen» los presos afectados.
Después de que el pasado martes eludiera hasta cinco veces en el Congreso de Madrid hacer declaraciones y se limitara a decir que «llueve mucho», Mariano Rajoy habló ayer en Bruselas -donde no llovía- para decir que la sentencia del TEDH no le gusta «nada» y la considera «injusta y equivocada», aunque se debe respetar.
Pese a que el fallo era previsible desde la primera sentencia de julio de 2012, el presidente del Gobierno español dijo que la decisión ha sido «el peor de los escenarios posibles» entre los contemplados.
En relación a la concentración convocada para el domingo por la AVT con el lema «Justicia para un final con vencedores y vencidos», Rajoy afirmó que «el Gobierno tiene que estar en su sitio, apoyando a las víctimas, pero no vamos a estar como tal Gobierno, sí como partido, en la manifestación».
El PP decidió ayer sumarse oficialmente a la concentración. Se supone que con ello el partido del Gobierno admite que, como se dice en la convocatoria, «el Estado de Derecho y la Justicia nos han fallado permitiendo que las puertas de las cárceles se abran para asesinos con decenas de vidas rotas a sus espaldas».
Esta visto que el PP ha intentado nadar y guardar la ropa, todo al mismo tiempo, y pretende presentar como una mera concentración de «apoyo a las víctimas del terrorismo», una manifestación que tiene una profunda carga de oposición a los dictámenes de instituciones europeas que el Estado se ha comprometido a defender y hacer respetar. GARA
