El Constitucional colombiano rechaza la ley de impunidad para los militares
La Corte Constitucional de Colombia ha invalidado el fuero penal militar, legislación que garantizaba la impunidad del Ejército. Organizaciones de izquierda, juristas progresistas y ONG saludan un fallo que el Ejecutivo denuncia como «golpe a la moral» de los uniformados.
GARA | BOGOTÁ
La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la ley que reformó el fuero penal militar, fuertemente criticada porque abría el camino a la impunidad de los militares.
Tras estudiar las demandas contra esta ley, la Sala Plena de la Corte aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra la ponencia del magistrado Nilson Pinilla en el sentido de que el acto legislativo, aprobado en diciembre de 2012, no se ajusta a la Constitución colombiana.
La reforma del fuero pretendía residenciar en los tribunales militares las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Según la Corte Constitucional, con la aprobación de la reforma al fuero penal militar se violaron los artículos 116, 152 y 221 de la Carta Magna.
La ley que reformó el fuero penal militar fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2012 y a mediados de este año se dio luz verde a la ley estatutaria que reglamenta esta norma.
Satisfacción de la izquierda
Políticos de izquierda, juristas y representantes de varias ONG de Colombia celebraron la decisión. Los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera, señalaron que el Congreso no atendió las advertencias de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch (HRW).
Los políticos, que en compañía de los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, entablaron una demanda contra esa reforma, consideraron que la iniciativa abría el paso a la impunidad. Los demandantes, entre los que también está la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señalan que además de las irregularidades de forma en su aprobación, el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad para los casos de ejecuciones extrajudiciales, del 98%.
«Esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos», concluyeron los demandantes, que presentaron la querella el pasado 19 de febrero.
El Gobierno colombiano criticó con dureza el fallo.
El Senado colombiano aprobó el proyecto de ley para realizar un referendo sobre los eventuales acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC el mismo día de las elecciones legislativas o presidenciales.
59 parlamentarios votaron a favor de la iniciativa en tanto que cinco lo hicieron en contra del proyecto, que pasará a conciliación porque los textos aprobados en la Cámara de Representantes y el Senado son diferentes. Surtidos estos trámites, el proyecto pasará a control de la Corte Constitucional y, si recibe el visto bueno, será enviado para la firma del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Durante las discusiones no se aprobaron las proposiciones del senador Juan Lozano, del Partido de Unidad Nacional (Partido de la U), afín al presidente Santos, para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejaran las armas, liberaran a los secuestrados y desvincularan a los menores combatientes.
El Gobierno colombiano y las FARC mantienen conversaciones en La Habana desde noviembre. Las FARC han hecho público su deseo de que los eventuales acuerdos sean llevados a una Asamblea Constituyente, mientras que el Gobierno se inclina por un referendo. GARA
El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el fallo es «un golpe a la moral» de las Fuerzas Armadas. Anunció, como contrapartida, la creación de un fondo económico para defender a los militares denunciados.
