PROCESOS POLÍTICOS EN EUSKAL HERRIA
Los jóvenes abandonan la sala y ponen el foco sobre sus torturadores
La sala vacía se convirtió ayer en símbolo de las denuncias de torturas padecidas por 30 de los 36 jóvenes que estos días se sientan en la Audiencia Nacional. Los acusados rechazaron escuchar los testimonios de policías y guardias civiles, lo que fue aceptado por el tribunal. Además, instaron a los jueces a «archivar el caso» por estar basado en declaraciones obtenidas mediante malos tratos. Unos casos todavía abiertos.
Alberto PRADILLA | MADRID
«El tribunal sabe que 30 de nosotros hemos sido torturados. Si sabe que la investigación policial y la posterior instrucción judicial no son acordes con los derechos humanos, debería de invalidar toda la instrucción y archivar el caso de inmediato». Este es el mensaje lanzado por los 36 jóvenes que son juzgados desde el 14 de octubre en la Audiencia Nacional española.
La valoración llegó tras una jornada marcada por la denuncia de los malos tratos padecidos por muchos de ellos durante la incomunicación. Los acusados ya habían manifestado, a través de un artículo publicado en varios medios y una entrevista en GARA, de su intención de negarse a escuchar a los policías responsables de sus torturas. La presidenta, Manuela Fernández Prado, aceptó esta negativa y eximió a los jóvenes de permanecer en la sala durante esta sesión y la próxima, haciendo una mención expresa a las denuncias de malos tratos.
No se puede olvidar que varias de las demandas presentadas por los jóvenes tras su incomunicación están todavía abiertas en instancia. La sala vacía mientras guardias civiles y policías testificaban se convirtió en símbolo de una jornada en la que los acusados, con su ausencia, pusieron el foco en los responsables de los malos tratos. Estos negaron haber vejado a los detenidos y afirmaron, pese a la contundencia de los testimonios escuchados hace una semana, que las declaraciones en comisaría se produjeron de forma «libre y espontánea».
«Es absurdo tratar de forzar a los acusados a que presencien unas declaraciones», reconoció, nada más comenzar la sesión, la juez. Hizo mención a las denuncias de torturas formuladas por los jóvenes y permitió que estos, ataviados con camisetas negras con el lema ``Stop tortura'', abandonasen la sala. Tampoco tendrán que acudir el día 30, cuando está fijada la próxima sesión de mañana y tarde.
Se trata de la primera vez en la que un juez de la Audiencia Nacional toma una medida colectiva de estas características. Fuentes de la defensa recordaron que sí que se han dado casos en los que algún acusado ha sido exonerado tras sufrir una crisis en el momento de escuchar la voz de quien practicó los malos tratos. También es cierto que se trata de la primera ocasión en la que todos los juzgados, en bloque, rechazan sentarse delante de los responsables de las vejaciones padecidas.
«Nuestros Billy el Niño»
«Nuestros Billy el Niño (en referencia al represor franquista imputado en la causa abierta por la juez argentina María Servini), nuestros torturadores, estarán aquí declarando como testigos policiales. Nos parece una vergüenza que el Estado dé voz a aquellos que nos torturaron», remarcó Itxaso Torregrosa, que junto a Oier Zuñiga tomó la palabra en nombre de los encausados, minutos antes de acceder a la Audiencia Nacional.
La joven denunció la «impunidad» con la que se ha practicado la tortura, no solo en los 30 casos denunciados en este sumario, sino para «miles» de ciudadanos vascos que en las últimas décadas han relatado haberla padecido. «No es necesario que nos crean, sino que se investigue», reclamó, tras anunciar que durante el macrojuicio presentarán pruebas periciales basadas en el Protocolo de Estambul, desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y que constituye una guía estándar para trabajar con personas que refieren haber sufrido maltrato.
Junto a ellos habló Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, que se desplazó hasta San Fernando de Henares para apoyar a los jóvenes y que también puso énfasis en la falta de pesquisas y las nulas condenas. «El Estado no ha hecho absolutamente nada. Y en los casos en los que se ha investigado, se ha indultado», recordó el diputado independentista, que señaló que Madrid ha sido reiteradamente censurado por instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el relator de la ONU contra la tortura. Finalmente, llamó la atención sobre la lógica que revela que quienes no sufren la incomunicación ni denuncian malos tratos ni firman autoiculpaciones.
Normalizar la anomalía
Después de las tres sesiones de la semana pasada, en la que se sucedieron los estremecedores testimonios, parece que estos han tenido efecto en el tribunal, que dispensó a los jóvenes de escuchar los testimonios policiales. Así, con la sala vacía, al menos una decena de guardias civiles y policías desfilaron por la sala (aunque muchos declararon por videoconferencia).
Refutar las denuncias de torturas fue uno de los objetivos de las acusaciones. Lo fue para el fiscal y, especialmente, para la asociación Dignidad y Justicia, que limitó sus interrogatorios a permitir que los agentes negasen las acusaciones de malos tratos. «No tengo conocimiento de ninguna incidencia», fue una de las frases más escuchadas.
A preguntas de la abogada Amaia Izko, los uniformados llegaron incluso a negar abiertamente haber maltratado a los detenidos. Uno de los casos relevantes fue el de un capitán del instituto armado que participó en el arresto de Ainara Bakedano, detenida a las puertas de la Audiencia Nacional en diciembre de 2009, cuando intentaba presentarse ante el juez Fernando Grande-Marlaska. Como era de esperar, el agente trató de dar normalidad al hecho de que la declaración policial de la joven se tomase entre las 3 y las 5 de la mañana.
El agente, progresivamente más nervioso, llegó a justificar las horas transcurridas hasta que fue interrogada por cuestiones técnicas como la comprobación de la línea de Internet o de Intranet. «Se le tomó declaración cuando se pudo, entiendo que se llamó al abogado y lo que tardó en venir», afirmó. Cabe recordar que la joven zizurtarra denunció haber sido torturada. Una querella que fue desestimada en primera instancia pero que, por el momento, está en fase de alegaciones, por lo que no se ha cerrado definitivamente.
«Los torturadores han mentido sobre la forma, el trato a los detenidos, y sobre el fondo, que es la criminalización del movimiento juvenil», valoraron los jóvenes al término de la sesión, después de instar al tribunal a que ponga fin al proceso. «No buscamos venganza, sino justicia y paz», había reivindicado previamente Torregrosa, quien expresó sus temores de que las denuncias que todavía están abiertas «caigan en saco roto». No fue así con la imagen del vacío en la sala de vistas.
La próxima sesión tendrá lugar el día 30, miércoles. Los acusados no acudirán, por lo que no coincidirán con los responsables civiles de las herriko tabernas, que también están citados para declarar esta misma jornada.
«No le voy a decir cómo llevamos una investigación sobre presuntos terroristas. Y menos a usted». Esta fue la respuesta que un policía español, identificado como responsable de la Brigada de Información de Iruñea, pronunció ante las preguntas de la abogada Jaione Karrera sobre los motivos de abrir las pesquisas. El agente fue incluso reprendido por la presidenta de la Sala, Manuela Fernández de Prado, quien le instó a respetar las reglas de cortesía. Al margen de refutar las denuncias de torturas, los trece policías y guardias civiles que testificaron ayer se centraron en criminalizar la actividad política de los jóvenes. Especialmente, un miembro del instituto armado presente en el arresto de Jon Ziriza y el citado policía español.
Según este policía español, las investigaciones habían comenzado «años atrás», pese a que la instrucción no comenzó hasta el mes de abril de 2009, después de que los propios jóvenes se hubiesen ofrecido a declarar ante el juez Fernando Grande-Marlaska. Eso sí, tuvo que reconocer que algunos de estos nombres (concretamente, de imputados procedentes de Nafarroa) habían aparecido en las declaraciones de otros arrestados en una operación de 2008. El uniformado dio a entender que existían diversas personas a quienes sistemáticamente se vigilaba «cuando se daban actos de vandalismo o enaltecimiento».
El objetivo de buena parte de la operación, a la luz de las declaraciones de policías y guardias civiles, estaba en las gazte asanbladas. Estas se ubicaron en el centro de los interrogatorios ya que, según declararon, el objetivo de los agentes era poner a estos colectivos juveniles bajo sospecha. Para ello se centraron en la gazte asanblada de Barañain, donde fue arrestado Jon Ziriza. En este punto, los agentes trataron de vender la idea del «desdoblamiento» de miembros de Segi en el colectivo juvenil, argumentando, por ejemplo, que tener un acta implicaba pertenecer a la organización abertzale ilegalizada. De este modo, hizo un recorrido por las diferentes formas de asamblearismo juvenil (desde Barañain hasta la Iruñerriko Gazte Asanblada, pasando por la coordinadora de Euskal Herria) aunque reconoció que los jueces no vieron motivo para actuar contra estos grupos.
Además de las preguntas sobre los malos tratos, las defensas pusieron énfasis en cuestiones como el material hallado en los registros. De este modo, por ejemplo, un guardia civil reconoció que diversos elementos hallados en el gaztetxe de Barañain eran de uso «colectivo» salvo el material de Segi, que se lo imputó directamente a Ziriza. Esto se repite en los allanamientos de domicilios. En muchos de ellos, los jóvenes residían o con compañeros de piso o con familiares. Sin embargo, los agentes no hicieron distinción, registraron todas las estancias e incautaron material, sin mencionar a quién podía pertenecer.
Los agentes seguirán declarando el próximo día 30, en sesión de mañana y tarde, aunque los imputados no tendrán que bajar a Madrid. A.P.
Durante toda la jornada, bajo el hastag #stoptortura, se reprodujeron partes de los testimonios de torturas pronunciados por los jóvenes durante los tres primeros días de juicio, celebrados la semana pasada.
Los jóvenes anunciaron que presentarán pruebas periciales del Protocolo de Estambul, una guía internacional avalada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para trabajar con víctimas de tortura.
