La contratación por parte de la Diputación de Araba de swaps para afrontar los préstamos que financiaron la AP-1 es una cuestión que va más allá de las pérdidas que ha ocasionado, las cuales, hasta el momento y desde 2009, ascienden a 5,4 millones de euros, según desveló ayer EH Bildu. Esos contratos vencen en los años 2017, 2028 y 2030, por lo que se desconoce si pueden ser rentables o perjudiciales, como lo han sido hasta ahora, pero es de sobra conocido que se trata de productos especulativos de alto riesgo. Además, no es la única contratación de esos productos por parte de una administración gobernada por el PNV para hacer frente a la financiación de una obra pública. Cabe recordar que los responsables jeltzales del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), días antes de las elecciones, adquirieron un swap para la financiación de la incineradora de Zubieta. Esos productos no parecen los más adecuados para financiar infraestructuras públicas, sencillamente porque el dinero arriesgado es de los ciudadanos, y si los responsables de una administración son aficionados a los juegos de azar, son muy libres de jugar, pero con su dinero. De momento, el PNV debería dar una explicación.