Las cuatro personas que serán juzgadas en la Audiencia Nacional el próximo día 18 por dar tres tartazos a Barcina recibieron ayer el apoyo de varios colectivos de Iruñea. En rueda de prensa, varios grupos que se dijeron víctimas del aparato represor de UPN y de los recortes que está imponiendo el Gobierno navarro exigieron la inmediata absolución de los activistas de Mugitu y se negaron a reconocer la legitimidad «de los tribunales de excepción».

Estos colectivos que han «tenido que soportar, lindando a diario con ella, una política de ordeno y mando, autoritaria e impositiva» realizaron un llamamiento a una manifestación para el sábado día 16, dos días antes de que tenga lugar el juicio. La protesta partirá a las 17.00 desde el parque de Antoniutti. Barcina ejercerá la acusación particular solicitando penas más altas que las del fiscal, pese a que la petición del Ministerio Público ya supondría el ingreso inmediato de las cuatro personas en la cárcel. En concreto, la presidenta navarra quiere que se condene a seis años a tres de los activistas y, para el cuarto, solicita nueve (por ser concejal de un pueblo de un centenar de habitantes y haberse «prevalido de su condición de autoridad»).

Los presentes revelaron abusos cometidos al amparo de los poderes públicos, como la criminalización de la ikurriña, la prohibición de la celebración de la Korrika, las multas por poner carteles, por reuniones y por los olentzeros, por «recordar a nuestros seres queridos encerrados en las cárceles. Asimismo, denunciaron haber sido «perseguidos, amenazados, golpeados y disparados con balas de goma». Y también la entrada «de incógnito» en los locales de SOS Racismo.

Estos grupos criticaron la construcción del TAV, así como el despilfarro del Circuito de Los Arcos, el Navarra Arena, Itoitz o las térmicas de Castejón.