Con el visto bueno del Ejecutivo, la Corte Suprema declaró el año pasado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, sancionadas a fines de los 80 (bajo fuertes amenazas de golpe contra la entonces «joven democracia») para contener la catarata de juicios contra los militares.

Gracias al fallo de la Corte, fueron activadas las causas judiciales contra varios ex represores, acusados de secuestro seguido de muerte, tortura y robo de bebés, entre otros delitos. Miguel Etchecolatz, subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, es el caso más reciente.

El mes pasado, el ex policía fue juzgado por un tribunal de la ciudad de La Plata y sentenciado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. En el proceso, uno de los testigos clave fue Jorge Julio López, de 77 años, albañil de profesión. Allí López testificó que Etchecolatz personalmente lo torturó y secuestró ilegalmente, además de señalarlo como el responsable directo del asesinato de dos militantes peronistas.

Se cree que López, que pertenece a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), desapareció entre las once de la noche del domingo 17 y las siete de la mañana del lunes 18 de setiembre, dos días después de testificar ante el tribunal.

Etchecolatz, legendario por su estilo sanguinario e impiadoso, fue sentenciado el martes 18, pero López no acudió a escuchar el veredicto, como tenía planeado. Eso encendió la alerta de su familia y sus compañeros militantes de AEDD, que comenzaron a hacer pública su desaparición.

El Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires se hicieron eco de la preocupación algunos días después. Ante la incómoda situación en la que quedaron, por no proteger a un testigo clave de juicios que ellos mismos promueven, ambos Ejecutivos lanzaron una fuerte campaña para encontrar a Jorge Julio López, que incluyó el envío de 25 millones de mensajes de texto a celulares y una recompensa de 70.000 dólares a quien aportara datos sobre su paradero.

Los investigadores del caso manejan desde el principio tres hipótesis: que López pudo haberse escondido o huido debido a un shock postraumático luego de declarar en el juicio, que pudo haberse suicidado o la que más temores despierta, que haya sido víctima de una desaparición forzada por grupos de extrema derecha o ligados a las fuerzas de seguridad, como respuesta al descontento que hay entre los uniformados por la activación de las causas.

Igualmente, los expertos aclaran que no existen pistas serias que conduzcan la investigación hacia ninguna de las hipótesis. Por lo tanto, todas son conjeturas. La familia de López cree que posiblemente el testigo haya sufrido un grave shock emocional al prestar testimonio y revivir su nefasta experiencia personal. Además, afirman que él nunca recibió asistencia psicológica para elaborar lo vivido y que no le era fácil hablar del tema.

Por su parte, los colectivos de DDHH se inclinan por la hipótesis del secuestro de López, creyendo que detrás del episodio hay ex policías bonaerenses o grupos con espíritu de revancha, reaccionando por lo que ven como un ataque a las FFAA. También creen que se buscaría sabotear los juicios venideros contra ex represores, intimidando a futuros jueces y testigos.

La enorme repercusión mediática, sumada a la presión de los organismos de derechos humanos y la constante referencia al tema por parte del Gobierno, instalaron la desapa- rición de López al inicio de la agenda pública nacional.

Vuelve el debate ideologico

Pero los ánimos políticos con respecto a lo ocurrido en los años 70, que ya estaban enervados desde el 2004 por la ofensiva de Kirchner frente a las Fuerzas Armadas, terminaron de alterarse. De hecho, no se desacertaría mucho al afirmar que nunca, desde finales de los 80, estuvo tan encendido el debate político sobre el actuar de la derecha y la izquierda en los años más violentos de Argentina.

La televisión, la prensa y la radio son escenario de fuertes discusiones entre defensores y detractores de los militares y de las organizaciones guerrilleras. El debate ideológico volvió a anclarse en el año 1976 y las posturas enfrentadas carecen tanto de autocrítica como de interés por lograr una postura superadora.

Como hace tiempo no se veía, muchos colectivos de familiares de las víctimas de la guerrilla y de oficiales y suboficiales comenzaron una campaña de «acción psicológica», como la denominó el propio Jefe del Ejército Roberto Bendini. El pilar de esta ofensiva es internet y los envíos de correos electrónicos amenazantes.

Incluso los últimos días se ha vivido un clima tenso con una oleada de amenazas de muerte a los jueces del tribunal que juzgó a Etchecolatz, al fiscal, a Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) y a otros jueces que están investigando causas de ex represores.

Incluso volvieron a ser escuchadas algunas posturas recalcitrantes, como las que niegan el robo de bebés o las que consideran la tortura como un simple desliz en una guerra civil nunca declarada. Hasta una carta del último dictador del Proceso publicada en internet, Reynaldo Bignone, dejó entrever una temible esperanza de algunos sectores. En su mensaje, dijo refiriéndose a los jóvenes: «espero que puedan terminar lo que nosotros (los militares) no pudimos».

La extrema derecha

El pico de actividad de la extrema derecha llegó el jueves pasado, cuando miles de personas, la mayoría civiles, se congregaron en la Plaza San Martín, de Buenos Aires, donde se reclamó una amnistía general para todos los militares involucrados y se pronunciaron durísimas críticas al Gobierno de Kirchner.

Por otra parte, se generó una fuerte movilización callejera, organizada por los organismos de DDHH y partidos de izquierda. Varias concentraciones han sido convocadas en distintas ciudades argentinas, especialmente Buenos Aires y La Plata. El pasado viernes tuvo lugar la mayor manifestación, convocada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, donde se reunieron más de 50.000 personas en la Plaza de Mayo, bajo el lema «Buscamos verdad, buscamos justicia, buscamos a Julio», y reivindicaron la realización de los juicios a pesar de las amenazas.

La búsqueda de López no da frutos y la investigación policial de su paradero tampoco. Con el pasar de los días aumenta la incertidumbre sobre su destino, a la vez que la crispación política. El ciudadano medio, no tan politizado, observa expectante una situación que vino de sorpresa. Pero su interés en una causa que no le afecta en su día a día y que evoca viejas tensiones, en un país con alta inflación y posible crisis energética, puede llevarlo al hartazgo social que no favorecerá ni a López ni a los procesos judiciales pendientes.

El efecto de bola de nieve en que terminó este caso bien puede traer temor por las consecuencias políticas y sociales que acarrearía un final trágico para el ex desaparecido López, quien paradójicamente hoy, en pleno proceso de lucha contra la impunidad, vuelve a ostentar ese peligroso rótulo. -

BUENOS AIRES