DUBLIN
Ninguno de los siete miembros de la Policía norirlandesa identificados en un informe como responsables en casos de connivencia con paramilitares lealistas será juzgado por sus actividades, ya que la Fiscalía considera que no existen suficientes pruebas para justificar un caso.Los nombres de los policías, algunos aún en activo y otros retirados, fueron incluidos como material clasificado en un informe elaborado por la defensora del pueblo para con la Policía, Nuala O’Loan, y cuyo contenido fue filtrado a la prensa a finales de la pasada semana.
El documento es el resultado de una investigación de tres años, llamada Operación Ballast, que ha descubierto que chivatos policiales en las filas del grupo paramilitar UVF participaron en hasta 18 acciones que culminaron en muertes con el conocimiento de sus contactos policiales. El informe de O’Loan pedía la reapertura de al menos dos investigaciones policiales.
O’Loan cree que los policías informaron a sus informadores en las filas del grupo paramilitar sobre las investigaciones en los casos de muertes en que estos paramilitares estaban implicados, facilitando así su huida. Los agentes policiales retuvieron información que hubiera facilitado las investigaciones de estos casos.
La investigación se limita a las actividades de la Policía en un área del norte de Belfast y de una unidad del UVF establecida en la zona, pero O’Loan considera que los resultados demuestran que este tipo de actividades y actitud posiblemente fueron habituales en otras zonas del norte de Irlanda.
Aunque no está incluido en el informe, el dominical británico ‘‘Sunday Times’’ mencionaba que la investigación descubrió que la mayoría de los líderes del UVF habían sido registrados como colaboradores policiales que no dudaron en utilizar su relación con la Policía para su beneficio personal, informando sobre sus rivales en actividades criminales o incluso dentro de la organización paramilitar para así ascender en sus estructuras.
La investigación fue iniciada a raíz de una queja de Raymond McCord, que denunció que los responsables de la muerte de su hijo, un miembro del UVF que murió a consecuencia de una paliza por una cuestión de drogas, fueron protegidos por la Policía. Los tres sospechosos de la muerte del joven eran informadores policiales y miembros de la citada organización.
