La prolongación de la jornada laboral protagonizó la reunión, en la que el Gobierno autonómico propuso incrementar de 1.592 a más de 1.600 las horas que trabajan los casi 70.000 empleados de la Administración de la CAV.

La Mesa de la Función Pública, donde se acuerdan las condiciones laborales de los funcionarios dependientes de Lakua, celebró ayer su primera reunión de esta legislatura.

Al término del encuentro ELA, LAB, CCOO y UGT criticaron que el Ejecutivo haya aplicado los recortes aprobados por el Gobierno español, mientras que el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, valoró que el encuentro, que duró hora y media, fue «positivo».

El viceconsejero reconoció que la jornada laboral anual fue uno de los asuntos centrales de la mesa, que volverá a reunirse el próximo jueves. Zearreta señaló que en la actual situación de crisis «es necesario hacer un esfuerzo» y que hablar de implantar 1.600 horas anuales «no debe ser un tabú».

Afirmó que el Ejecutivo no habló ni de 35 horas (semanales) ni de 37,5» sino de una «pequeña modificación» de la jornada anual que se puede aplicar «de muchas formas», para lo que pidió a los sindicatos su colaboración.

En el encuentro de ayer también se analizaron los días libres, punto en el que el Gobierno ve «posibilidades de ampliar la gama» con el propósito de facilitar la conciliación. En el capítulo de los complementos a las retribuciones por Incapacidad Temporal (IT), el Ejecutivo defendió que existe «margen para suavizar» su regulación porque la actual norma -que aprobó el anterior Gabinete de Patxi López- «es sustancialmente más estricta» a la de otras administraciones al tener porcentajes de complemento menores.

Críticas de las centrales

A juicio de ELA, el Ejecutivo mostró en la reunión una «clara voluntad» de aplicar los recortes aprobados por el Gobierno central, así como de aumentar la jornada laboral y reducir los días libres.

El representante de ELA, Ramón Uriarte, valoró «la voluntad de mejorar los complementos retributivos por IT», pero denunció que alargar la jornada laboral «destruirá empleo, mermará los derechos de los trabajadores y empeorará la calidad de los servicios públicos. ELA acusó al Ejecutivo de Urkullu de «no defender el autogobierno» y abogó por la movilización como único camino para «cambiar» las políticas de recortes.

Tras la reunión, LAB aseguró que, a pesar de sus «buenas palabras», el Gobierno autonómico mostró «una clara predisposición a aplicar las futuras medidas o decretos restrictivos apelando a la seguridad jurídica». La central pidió a la Administración que «dé marcha atrás en las restricciones unilaterales del anterior Gobierno», que «neutralice» la pérdida de poder adquisitivo y que mantenga la jornada de las 35 horas, entre otros puntos.

CCOO dijo que «llegar a puntos de acercamiento va a ser difícil, aunque hay margen para la negociación y el acuerdo. Por su parte, UGT denunció que con las medidas propuestas se pueden perder 9.000 puestos de trabajo.