Luis Alberto Pardo y Agustín Aguirre, ex sindicalistas de CCOO y responsables del comité de empresa de Babcock, reclamaron 10.400 euros y casi 4.000 euros más al año, respectivamente, para añadir a sus nóminas, al haber pactado con la empresa unas condiciones económicas a espaldas de la plantilla dentro del proceso de negociación del último expediente de regulación de empleo de 2004, que prejubiló a 292 trabajadores. Pardo, ex secretario del comité, tiene un salario anual de casi 32.700 euros, pero mejoró en los despachos esa cantidad hasta los 42.300 euros. Aguirre, ex delegado de CCOO, percibe un salario cercano a los 39.000 euros al año y obtuvo unas compensaciones, justo antes del expediente, cercanas a los 42.300 euros, como se explicó en las vistas por las demandas de cantidades celebradas en los juzgados de lo Social número 1 y 8, respectivamente.

Algunos de sus ex compañeros, presentes en la sala, exclamaron, en relación a Pardo, que «entró de peón y terminó siendo uno de los más importantes de la empresa en cuanto a escalafón salarial. ¿Por qué ha ocurrido así? Porque nos ha vendido en beneficio siempre de la empresa, haya estado en manos públicas o en manos privadas. Es una traición en toda regla».

Entre las mejoras, ambos negociaron a escondidas la jubilación a los 65 años, cuando para el resto de sus compañeros de expediente termina al cumplir los 60 o los 61 años, dependiendo del número de años cotizados a la Seguridad Social, por lo que éstos verán penalizada su pensión, una vez que cumplan los 65 años, pero no así los dos ex sindicalistas de CCOO.

El grupo de privilegiados lo integraban diecinueve empleados de Babcock, aunque, al final, «los que más duelen son aquellos que, en teoría, son quienes defienden a los trabajadores, como es el caso de los representantes sindicales», explicó un trabajador a las puertas del Palacio de Justicia. En este proceso de corrupción estuvieron implicados CCOO, UGT y ELA, aunque sólo los ex delegados del primer sindicato han reclamado las cantidades que pactaron a escondidas, pero que la dirección de ATB retiró, al no obtener la financiación necesaria desde SEPI para cumplir con esos compromisos.

Miembros del actual comité recordaron que desde el inicio de la negociación del último expediente, Pardo y Aguirre se mostraron a su favor, pese a que «no beneficiaba a los trabajadores. Está claro, querían terminar cuanto antes, para cobrar más. Es una vergüenza, pero no es la primera vez que ocurre», subrayaron.

Las denuncias de discriminación y corrupción siempre han aparecido tras los expedientes, pero sólo ESK y LAB han mantenido una posición firme contra éstas y eso lo reconocen los trabajadores. -