El epicentro del conflicto está en la ribera del Río Uruguay, límite natural entre la República Oriental del Uruguay y la provincia argentina de Entre Ríos. La industria papelera finlandesa Botnia y la española ENCE, con sedes en varios países, entre ellos Galicia (donde una filial fue sancionada por delitos ambientales), están construyendo el mayor complejo celulósico del mundo en las proximidades de la localidad uruguaya de Fray Bentos, en el litoral del Río Uruguay, canal fluvial depositario de los futuros desechos contaminantes de la empresa.

Enfrente se ubica la ciudad argentina de Gualeguaychú, que sufriría, como todo el litoral argentino-uruguayo, las consecuencias ecológicas de la contaminación. Luego de varias peticiones, y sin recibir respuestas favorables, los vecinos de Gualeguaychú se levantaron en protesta a fines del año pasado, y finalmente armaron un piquete (que ya superó el mes) en la ruta que une a los dos países.

Los asambleístas argentinos se niegan a detener el piquete mientras Tabaré Vázquez, presidente uruguayo, no acepte el cese de las obras de construcción de las papeleras. Los asambleístas son un grupo heterogéneo conformado por militantes ecologistas, políticos, dirigentes sociales y ciudadanos entrerrianos.

El presidente Néstor Kirchner, en concordancia con los asambleístas, solicitó a su par uruguayo que detuviera por 90 días las obras. Tabaré se negó rotundamente.

El líder progresista uruguayo no tiene, por su parte, un panorama fácil. Por un lado, la inversión de la empresa Botnia y ENCE dedicada a estas papeleras es de 1.300 millones de dólares, casi el 10% del PBI uruguayo, lo que significa una retribución económica nada despreciable para este pequeño país sudamericano cuya economía basada en lo agropecuario y los servicios financieros viene de sufrir los coletazos de la crisis argentina del 2001.

Idiosincrasia uruguaya

A su vez, la idiosincrasia uruguaya se construyó en base a la diferenciación con la de argentina. Varios analistas aseguran que el clamor popular uruguayo para mantener una postura inflexible frente a los reclamos argentinos se basa ya no en la certeza de que no habrá daño ecológico, sino en la necesidad de demostrar claramente su soberanía política como nación. Otro factor a tener en cuenta es que el gobierno de Tabaré es el primero de izquierda en su país, y con su actitud intransigente buscaría hacer ver su apego a la inversión privada y al pragmatismo político.

Por otro lado, el Gobierno uruguayo parece no haber hecho todos los deberes. No encargó un informe ambiental previo y está acusado de no contemplar la situación de su país vecino. A su vez, el Gobierno argentino, ahora encaramado en una ofensiva contra las papeleras, aprobó su construcción en un primer momento. Pero el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, politizó a su favor el tema de las papeleras para la campaña electoral por su reelección, calentando los ánimos de los ambientalistas y forzando a Kirchner a chocar con el Gobierno uruguayo.

Dada la gravedad a la que se llegó, el gobernador Busti, quien primero favoreció los cortes de ruta, ahora busca vías judiciales para desarmarlos. Kirchner y Tabaré reconocen la necesidad de dialogar para destrabar la crisis, pero el mandatario uruguayo antepone la condición de que se levanten los piquetes, que provocan serios perjuicios económicos y laborales a muchos uruguayos. Tampoco es de su agrado la intención del Gobierno argentino, respaldada por el Congreso, de llevar la causa a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Entre tanto, la Justicia Federal de Entre Ríos rechazó un pedido de Busti de no permitir el paso a los camiones que transporten materiales para la construcción de las papeleras. El gobernador buscaba esta medida para ofrecerla como garantía a los asambleístas, y así forzarlos para que levanten el piquete, a la vez que sería darle a Uruguay una señal clara de intención dialogante imposible de desestimar. Ante la negativa judicial, Busti afirmó que recurrirá a los tribunales para obtener una sentencia que obligue a levantar el piquete.

Por si faltaran condimentos, Botnia recibió acusaciones de chantaje y sobornos. En Fray Bentos también hay uruguayos congregados en protesta a las papeleras, pero son un grupo reducido y sin piquete. Uno de ellos, Marcel Cairús, acusó a Carlos Faroppa (asesor estratégico de Botnia) de intentar sobornarle para que no se realizaran manifestaciones frente a las instalaciones y de funcionar como «infiltrado» entre los asambleístas. Botnia niega las acusaciones pero reconoce haberle pagado, pero para organizar una reunión con los activistas de Gualeguaychú. La papelera emitió un comunicado afirmando que «no paga sobornos, ni acepta chantajes».

Desde ambos lados

Frente a esta novela binacional, en busca de un manto de calma, personalidades de ambos países firmaron una carta enviada a Tabaré y Kirchner, solicitando «un gesto de grandeza para establecer el diálogo desde su más alta investidura, a través del cual procesar las diferencias». Entre las firmas se encuentran representantes de la iglesia católica, escritores como Ernesto Sábato (argentino) y Eduardo Galeano (uruguayo), artistas y Madres de Plaza de Mayo.

Viendo que la crisis puede afectar al Mercosur, el presidente brasileño, Lula da Silva se ofreció como mediador, lo que fue rechazado inmediatamente por Buenos Aires. Su par chileno, el saliente Ricardo Lagos, logró juntar a Tabaré y Kirchner en un almuerzo en Santiago. Se espera algún tipo de solución de compromiso.

Según trascendidos en los medios argentinos, Kirchner ya admitió entre sus allegados que las plantas terminarán instalándose. Los piquetes ya muestran signos de desgaste. Los especialistas en derecho internacional apuntan a que Uruguay tiene todo a su favor para ganar la controversia en los tribunales de La Haya. Sólo un acto de grandeza y generosidad de los presidentes de estos países hermanos podrá alumbrar el camino para la resolución de esta encrucijada.-

BUENOS AIRES