Los cuerpos de veinticuatro personas fueron rescatados ayer por el busque hospital Esperanza del Mar en aguas fronterizas entre Mauritania y Sahara. Estas personas fallecieron al naufragar la embarcación con la que intentaban alcanzar las costas canarias. Teniendo en cuenta que en las pateras suelen viajar hasta medio centenar de pasajeros, no hay que descartar que en las próximas horas el mar devuelva nuevos cadáveres. La tragedia sucedía a una jornada, la del lunes al martes, en que hasta 300 personas desembarcaron en las islas.

Como ocurre en estos casos, la Cruz Roja procedía ayer a aportar a los supervivientes, mayoritariamente varones y procedentes de países de Africa subsahariana, los primeros cuidados, antes de ponerles de nuevo en manos de la Policía, cara a iniciar el proceso para su expulsión y eventual devolución a su país. El protocolo se repite miméticamente, como se suceden, casi con el ritmo de la rutina, los intentos de centenares y centenares de personas por alcanzar la orilla norte mediterránea, sea en las playas andaluzas o en las costas del sur de Italia.

Pese a que la cuestión de la inmigración ocupa un lugar destacado en la agenda de la Unión Europea, en la práctica son los estados los que aplican las medidas, siempre en clave coercitiva, para abordar un problema que interpretan casi exclusivamente en clave de seguridad. No es de extrañar, por ello, que la primera respuesta del Gobierno español ante la nueva serie de desembarcos fuera la de ofrecer más patrulleras al Gobierno de Mauritania a fin de que mejore el control de sus costas.

La prioridad de los países europeos es la de taponar la ruta de la miseria, por imposible que ello se demuestre, en vez de abrir una línea de actuación en origen, que permita subsanar los problemas que llevan a miles de ciudadanos africanos cada año a abandonar el continente tratando de buscar un futuro mejor para ellos y sus familias. Ello implicaría, sin embargo, cuestionar de plano la política económica impuesta por el G-8, el BM y el FMI al continente africano a cambio de sus ayudas, y que ha costado a los países subsaharianos 272.000 millones de dólares en las dos últimas décadas. La consecuencia de esa liberalización forzosa, que ha llenado Africa de productos occidentales y ha hundido a los productores locales, es que hoy en los países subsaharianos hay más pobres que hace veinte años. Mientras no se invierta en corregir esa situación, el mar seguirá arrojando muerte y miseria a la orilla rica de Europa. -