IRUÑEA
Los expedientes sancionadores contra la organización de olentzeros es «un órdago que lanza la derecha autoritaria al conjunto de los movimientos ciudadanos de Iruñea en un intento de doblegarlos y someterlos a su particular modelo social y cultural, un modelo uniformizador y españolizante que rechaza cualquier expresión que escape a su control, y más aún si refleja aspectos de nuestra cultura o lengua». Esta es la valoración que ha hecho Iruñea Berria, al tiempo que denuncia «esta nueva agresión a nuestras señas culturales de identidad y al trabajo popular».
Esta candidatura ilegalizada alerta también de «la enorme gravedad de este nuevo paso represivo», por lo que ve necesario «articular una fuerte unidad de acción, olvidando los protagonismos partidistas que la puedan debilitar».
Por su parte, el presidente de EA en Nafarroa, Maiorga Ramírez, considera que, con estos expedientes, «UPN está provocando y buscando la confrontación directa de la sociedad, utilizando y desprestigiando para ello actos tradicionales que se vienen celebrando en Navarra por voluntad y participación popular desde hace mucho tiempo».
«La señora Barcina y UPN declaró Ramírez están fomentando una situación de crispación general, que en lugar de impulsar la convivencia social busca el enfrentamiento».
El presidente de EA de Nafarroa calificó de «vergonzoso» que «se esté castigando un acto que en ningún momento ha causado problemas, que siempre ha transcurrido con normalidad y que es la forma elegida por miles de ciudadanos para dar la bienvenida a la Navidad».
«Es Yolanda Barcina quien, con su obcecación y obsesión por aniquilar todo lo que suene a vasco, con sus actitudes represivas y coercitivas contra determinadas asociaciones, provoca la crispación de la sociedad y crea un clima de confrontación que a nadie beneficia», agregó Maiorga Ramírez, al tiempo que calificó de «caciquil y dictatorial» la actitud de la alcaldesa de Iruñea.
En la misma línea, el PNV entiende que estos expedientes «buscan crispar a la ciudadanía y crear problemas donde nunca los hubo», y enmarca esta actuación administrativa en el «antivasquismo» de UPN y el «nerviosismo» ante las próximas elecciones.
El grupo municipal de Aralar en el Ayuntamiento de Iruñea, por su parte, recuerda el «control policial» sobre los olentzeros que ordenó Barcina, al tiempo que denuncia su «política represiva» contra «colectivos y asociaciones cuyo único delito es trabajar por y para los vecinos de cada barrio».
Tras informar que «hace unas semanas» solicitó al concejal de Protección Ciudadana, Eradio Ezpeleta, toda la documentación escrita, material fotográfico y videográfico que sustenta el expediente abierto a los organizadores de los olentzeros, Aralar ve «absurdo» que UPN y CDN «criminalicen y sancionen una actividad tan arraigada en la sociedad navarra y que tanto interés tiene entre los vecinos de Pamplona».
Batzarre entiende que «el sectarismo de UPN le lleva a marginar, y en este caso incluso a sancionar, a entidades sociales que trabajan a favor de la cultura euskaldun, de manera desinteresada».
«Está claro que la política sectaria y antipluralista de UPN se marca como objetivos políticos importantes el acabar con espacios festivos o actividades culturales que son expresión de la pluralidad de esta sociedad, como las barracas políticas o los olentzeros de los barrios», concluye Batzarre.
