Modifican la resolución en el juicio del crecimiento del Esa
El fiscal del Ministerio español de Medio Ambiente, Emilio Valerio, retiró la acusación de prevaricación y riesgo catastrófico contra el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomas Sancho, por el recrecimiento del embalse de Esa. Asimismo, Valerio ha modificado las resoluciones provisionales a varios ex cargos del Ministerio.
BILBO
El fiscal modificó ayer sus conclusiones provisionales en el juicio a varios ex altos cargos del Ministerio español de Medio Ambiente por el recrecimiento del embalse de Esa (Zaragoza). Asimismo, retiró la acusación de prevaricación y riesgo catastrófico contra el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
Así lo hizo constar ayer el representante del Ministerio durante el juicio que se sigue desde el pasado 5 de marzo en la Audiencia Provincial de Madrid contra tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y otros tres funcionarios públicos, acusados de contravención y riesgo catastrófico en el proceso de adjudicación de las obras del recrecimiento de Esa.
Además del ex presidente de la CHE, Tomás Sancho, entre los acusados se encuentran el ex director general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín; la ex directora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo; el secretario general técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos; y dos funcionarios del Estado, José Luis Uceda y Angel Núñez Maestro.
El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, retiró la petición de un año de prisión, 16 de inhabilitación y 2.400 euros de multa contra Tomás Sancho por un delito de prevaricación y de riesgo catastrófico. Sin embargo, mantiene el delito de tráfico de influencias, por el que solicita para éste 2 años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros.
Para Carlos Escartín mantuvo la imputación de un delito de riesgo catastrófico, de tráfico de influencias y de infracción en concepto de autor, por los que reclama un año de prisión, 18 años de inhabilitación y 7.800 euros de multa, y lo incluyó como cooperador necesario de otro delito de contravención en el que imputa la autoría de la infracción a Dolores Carrillo.
Por este delito, la ex directora general de Evaluación Ambiental, así como Carlos Vazquez, en este caso como cooperador necesario de la citada infracción, se enfrentan a un total de ocho años de inhabilitación especial.
«Todos obraban en un marco regular»
BILBO Según el fiscal, todos los acusados «obraban en un marco regular» y por lo tanto, tenían que ejecutar la obra «en unas condiciones acordes con las obligaciones legales; sus decisiones tenían que ser resoluciones jurídicas acordes al marco legislativo», insistió. Sin embargo, apuntó Valerio, «sospecho que las decisiones responden a intereses privados» y son «arbitrarias». Destacó que el argumento esgrimido por los acusados de que sus actuaciones se ejecutaron debido a la «urgencia de contener» la demanda social del Plan Nacional de Regadíos, no es «verosímil» y manifestó que «algún interés habría», ya que, según explicó, durante tres años no se hizo nada y «de golpe se activó el proceso». Asimismo, afirmó que tampoco «son verdad» las explicaciones dadas por Escartín y Carrillo de que el proyecto se aprobó por «mandato del poder legislativo y del Gobierno», puesto que el Consejo de Ministros aprobó lo que Escartín llevó, «fiado del trabajo honesto» de éste. La sesión se suspendió a las 14.00 y el fiscal concluirá el informe hoy mismo.
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