Desde algunos medios de comunicación se sugiere que la comunidad internacional ha mostrado públicamente su apoyo al Gobierno español a la hora de afrontar el proceso que se abre tras la declaración de ETA el pasado día 22 de marzo. Falso. Quienes han felicitado a Rodríguez Zapatero han sido representantes políticos, como él, que conocen bien cual ha sido la actividad de los sucesivos gobiernos españoles para enfrentar la «cuestión vasca» y que en este momento prefieren mirar hacia otro lado ante las graves responsabilidades del Gobierno español en las violaciones de derechos humanos a ciudada- nos y ciudadanas vascas. Ahora, para ellos, parecen detalles mínimos, sin importancia. Sin embargo, los organismos internacionales independientes expertos en la observancia de los derechos humanos no piensan lo mismo y han señalado insistentemente con el dedo acusador al Estado español por su actuación en oposición a los estándares internacionales básicos de derechos humanos. Han repetido una y otra vez que ninguna circunstancia, ninguna situación por grave que ésta sea otorga al estado español la potestad de violar los derechos humanos y libertades públicas.

Durante los últimos años nos hemos encontrado con una perversión del lenguaje en esta materia. Se ha producido un vaciamiento del contenido del discurso de los derechos humanos para utilizarlos como una poderosa maquinaria de guerra precisamente contra quienes más razones tienen para invocarlos: la ciudadanía, la sociedad, sus movimientos sociales y políticos que han visto sus derechos básicos restringidos y violados. Según la doctrina, se consideran atentatorias contra los derechos humanos aquellas conductas promovidas y/o producidas por agentes del Estado, teniendo como móvil o razón la política del Estado o cuando son cometidas por particulares con la anuencia y/o la complicidad de agentes o instituciones estatales. De manera que el autor de una violación de un derecho humano es siempre una persona o sujeto cualificado, ya por ser agente del Estado ­civil, militar o policial­ ya porque, siendo un particular, actúa bajo la cobertura de agentes o instituciones estatales. El derecho internacional considera las violaciones de los derechos humanos como acción del Estado y no de personas individualmente o colectivamente consideradas.

Así pues, el Estado español ha utilizado de forma sistemática la violencia ilegítima, la vulneración de los estándares básicos para el disfrute de los derechos humanos invocando la «emergencia terrorista». Ha traspasado la línea de la legalidad para enfrentarse no ya a la violencia de ETA sino a todo un espectro socio político de expresiones diversas que ponían en cuestión el marco político-jurídico.

Esto lo ha hecho en tres frentes:

Ha generado una frenética actividad legislativa reformando el cuerpo normativo y «excepcionalizán- dolo»: La Ley Orgánica 15/2003 por la que se introduce la ampliación del periodo de cinco días de detención incomunicada bajo custodia policial en ocho días más de incomunicación una vez ingresado en prisión, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria Penitenciario de la Audiencia Nacional y la Ley de Medidas para el Cumplimiento Integro y Efectivo de las Penas para el tratamiento de presos políticos vascos, la reforma del delito de apología introduciendo el delito de enaltecimiento al terrorismo, la Ley Orgánica 7/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con los delitos de terrorismoŠ En definitiva, ejemplos de la utilización del poder legislativo como un verdadero ariete, martillo de herejes, impulsada durante la época Aznar pero que el Gobierno Zapatero no ha querido todavía modificar ni un milímetro.

En el plano ejecutivo ha aplicado estas legislaciones ya de por sí vulneratorias, pero además las ha rebasado, trasgredido sin pudor y con total impunidad con actividades ilegales y por ello delictivas: guerra sucia, ejecuciones sumarias, extrajudiciales y arbitrarias, desapariciones, tortura, palizas y malos tratos en las cárceles, brutalidad policial ante movilizaciones, irrupciones de «incontrolados» al servicio del EstadoŠ

Y por último, ha pretendido aplicar estos preceptos normativos por medio de tribunales que no cumplen ni un mínimo de los criterios exigibles de independencia e imparcialidad, rompiendo el principio de «justicia ordinaria». Además de una Audiencia excepcional que ha utilizado el texto legal con una interpretación expansiva en base a coyunturas y criterios de oportunidad o necesidad política, los tribunales ordinarios del Estado español se han demostrado incapaces de investigar y atajar lacras como la tortura, haciendo gala de una obediencia militante a las directrices políticas emitidas.

En definitiva, el Estado español no ha cumplido, al menos en lo que se refiere a enfrentar el conflicto en Euskal Herria, con las responsabilidades y compromisos que había adoptado con la comunidad internacional por medio de la firma y adhesión a decenas de instrumentos internacionales de garantía y vigilancia de los derechos humanos. Los ha trasgredido una y otra vez. Y sin embargo parece ser que los dirigentes políticos del ámbito internacional están dispuestos ahora a hacer ña vista gorda sobre esta cuestión. No es la misma actitud la de los organismos internacionales de observancia de esos derechos, que remarcan una y otra vez la actuación vulneratoria del Estado español en esa materia.

Parece ser que tras la declaración de ETA se elevan voces que dicen que ahora es el momento de desarmar ese entramado represivo, de dejar a un lado las actitudes vejatorias de derechos humanos. ¿Por qué ahora? ¿Ha tenido que esperar el Estado español a la declaración de alto el fuego de ETA para hacer frente a sus compromisos en materia de salvaguarda de derechos humanos? Compromisos que, como decíamos, no atienden a modulaciones derivadas de coyunturas políticas, de situaciones por muy graves que éstas sean: política penitenciaria, vulneración de derechos políticos, militarización del territorio vasco, tortura, brutalidad policialŠ ¿Es este sustrato antidemocrático el que abona un proceso resolutivo? ¿Se puede edificar un nuevo escenario democrático sobre la absoluta falta de cimientos garantistas en materia de derechos humanos? No, desde luego, no es el mejor punto de partida.

Sin embargo, será la sociedad y las organizaciones realmente preocupadas por la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos, apoyadas por las recomendaciones de los organismos internacionales todavía no cumplidos, las que, día a día, impulsen iniciativas que obliguen a los estados a reconocer su grave implicación en estas violaciones y creen así las bases mínimas sobre las que se asiente un solar realmente democrático sobre el que edificar el futuro. -