Los pantalones vaqueros lavados a la piedra que visten los adolescentes en todo el mundo deben mucho de su aspecto a las enzimas de un microbio que ablanda los tejidos y «se come» el tono azul violetazo de los jeans, dándoles un aspecto desteñido. La compañía Genencor, una firma de biotecnología con sus oficinas centrales en el corazón de Silicon Valley, descubrió a principios de los años noventa en el lago keniano de Nakuru este microbio. Se apropió de él y logra suculentos beneficios. Hoy, el Gobierno de Kenia ha abierto conversaciones con esta empresa para cobrar parte de las patentes sobre éste y otros microbios. «Estamos discutiendo con representantes de la compañía Genencor y de momento no hemos ido a juicio», han dicho recientemente portavoces kenianos. Estos mantienen que el equipo científico que recogió las muestras nunca pidió permiso; la empresa lo niega.

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) ­cuya octava reunión se celebra estos días en la ciudad brasileña de Curitibia­, firmada en 1992 por más de 180 países, reconoce los derechos de los estados a beneficiarse de la comercialización de sus recursos biológicos o de la utilización de recursos genéticos encontrados en su territorio. Pero no hay una ley que tape los excesivos agujeros por los que las grandes compañías farmacéuticas, cosméticas o biotecnológicas se cuelan.

Y lo siguen haciendo después de haber, prácticamente, esquilmado estas riquezas. «El 83% de los recursos genéticos del mundo se encuentran en los países del Sur», dice la organización ETC Group. «Gracias a la marcha de los conquistadores y las diversas expediciones ‘‘científicas’’, más del 75% de todos los recursos colectados y almacenados se encuentran en instituciones como los jardines botánicos, acuarios, zoológicos y colecciones microbianas en países industrializados del norte. Todos los recursos que fueron recolectados antes de la ratificación de ese CDB están incluidos en su estatuto de ‘soberanía’».

Un estudio revelador

El caso de ese microbio hallado en suelo keniano es sólo una pequeña muestra. De hecho, otra de las compañías citadas en un reciente y revelador informe del instituto norteamericano Edmonds y el Centro Africano para la Bioseguridad, es la multinacional Bayer, que según el documento desarrolló su medicamento Glucobay, para un determinado tipo de diabetes, a partir de un microbio recogido en el pantano de Ruiru, del mismo país africano. El producto le ha generado 218 millones de euros, pero Kenia no ha recibido nada en compensación. Lo que se ha patentado es un producto biotecnológico, no el original, se ha defendido la empresa.

Productos que incluyen un anti-hongos a partir de un hongo hallado en el estiércol de las jirafas de Namibia, remedios contra la impotencia basados en semillas de Congo-Brazaville o un blanqueador de piel logrado con una variedad de aloe de Sudáfrica son sólo otras muestras denunciadas por estas organizaciones, de una práctica que ha sido bautizada por quienes la combaten como de «biopiratería».

El estudio incluye también el caso de la planta ‘‘impatiens usambarensis’’, recogida en los montes Usambara de Tanzania y de cuya patente se ha apropiado la suiza Syngenta para la producción de una planta de jardín. En 2004, obtuvo 85 millones de euros por su venta, pero el Gobierno tanzano no ha obtenido ningún beneficio de ello. O la compañía canadiense Option Biotech, que ha patentado semillas procedentes de Congo para el desarrollo del medicamento contra la impotencia ‘‘Bioviagra’’. Y la lista sigue y sigue. Y hablamos sólo de Africa. Y sólo es el producto de un mes de investigación.

«Es una nueva forma de pillaje colonial», ha declarado Beth Burrows, del instituto Edmonds. «El problema es que vivimos en un mundo en el que las empresas suelen apropiarse de lo que quieren y donde quieren, y nos transmiten la idea de que lo hacen por el bien de humanidad», denunció.

En la cumbre que estos días se celebra en la ciudad brasileña de Curitiba, se debate precisamente la negociación de un nuevo tratado internacional sobre acceso a recursos genéticos, que garantice a los países que detentan la riqueza biológica su porción de ganancias en proyectos de medicamentos y agrícolas desarrollados a partir de plantas y animales nativos.

Esta es la postura que van a defender unos cuantos gobiernos. Brasil, Colombia y Méjico, por ejemplo, serían muy beneficiados por un régimen obligatorio, ya que encabezan a los 17 países que concentran 70% de las especies vegetales y animales conocidas en el mundo. Que EEUU patentara el ayahuasca, una planta sagrada de comunidades indígenas de la Amazonia con propiedades alucinógenas, constata que «hoy la biopiratería es una realidad», ha puesto como ejemplo Juan Mayr, ex ministro de Medio Ambiente de Colombia. Pero en esta larga batalla se enfrentan a los países más industrializados. De ahí que en esta conferencia internacional no se esperen acuerdos en esta materia, sino avances para seguir negociando.

La oposición de las grandes empresa farmacéuticas o biotecnológicas es más que evidente. Estas defienden que las ganancias obtenidas son de quienes desarrollan tecnológicamente esos recursos genéticos. «Si usted se encuentra una sustancia natural en la calle, ¿debemos suponer que pertenece al país en el que la encontró?», se justificaba hace poco el director de firma británica SR Pharma, Melvyn Davies. Este añadió: «La cuestión no es dónde aparece el producto, sino el trabajo que se ha invertido para desarrollarlo. ¿Debe llevarse Uganda los beneficios que ha generado si no ha invertido en su desarrollo?».

Posiciones firmes las de las empresas y firmes también las expresadas en esta cumbre en Curitiba por la destacada asociación Vía Campesina, que representa la voz de miles de campesinos en todo el planeta. Lo tienen claro: los recursos genéticos no tienen precio. ¿Qué quiere decir esta posicionamiento? «Ganar dinero con esos recursos a partir de que ingrese una empresa por la explotación de las patentes es privatización», y Vía Campesina está en contra.

Compartir beneficios de la apropiación de algo que es «producto de acumulación colectiva al servicio de todos», y convertir «el saber en negocio, mercancía», abre paso a la explotación y la privatización, contrariando la «visión de largo plazo» del movimiento campesino que aspira a «preservar los bienes comunes», describía a la agencia IPSNews Roberto Baggio, dirigente del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.

Tampoco las organizaciones indígenas asistentes a esta cita tienen claro si un reparto de beneficios les reportará más frutos o serán las grandes compañías las que dejen el árbol sólo con las ramas. Su principal preocupación es evitar que empresas multinacionales sigan apropiándose de esa riqueza sin darles nada a cambio, práctica que denominan «biocolonialismo».

No lo tendrán fácil. Para muchos, la inclusión en el debate de un capítulo que obliga a los países a «facilitar... el acceso a los recursos genéticos» es un serio riesgo. «Se calcula que sólo el mercado de productos farmacéuticos derivado de la biodiversidad reporta a la industria actualmente entre 75.000 y 150.000 millones de dólares anuales. Preocupa, con razón, que las negociaciones sobre ‘‘acceso a los recursos’’ avancen con celeridad, mientras se estancan los acuerdos encaminados a garantizar equidad en la participación en los beneficios», dice Isabel Bermejo, del Ecologistas en Acción.

Críticas al convenio

«Después de doce años, está claro que el Convenio sobre Diversidad Biológica no es una fórmula mágica para la conservación de la diversidad biológica, ni garantiza el fortalecimiento de los derechos y el papel de los pueblos indígenas y las comunidades. Las comunidades tendrán que establecer sus propias estrategias de autoprotección fuera del Convenio», ha sentenciado la organización ETC Group, impulsora mundial de campañas contra la apropiación de recursos genéticos.

Su crítica es tajante para con este Convenio: «La práctica de la biopiratería no declinará mientras los recursos genéticos sean botín para las ganancias de la industria, ni mientras esos recursos puedan ser monopolizados legalmente. Trágicamente, la legitimación moral de los monopolios ha sido provista de un foro ‘‘neutral’’, el CDB, transformando la ofensa en una virtud. El mensaje escondido es: el robo de los recursos es un hecho de la vida, como el progreso y la ciencia». -