Mercedes JIMENEZ | Miembro de la asociación andaluza Al Jaima
«En las repatriaciones no prevalece el interés superior del menor inmigrante»
Los menores inmigrantes no acompañados se han convertido en «sujetos migratorios», lo que plantea una doble determinación. Su condición de menores les hace poseedores de una serie de derechos, pero al ser inmigrantes se les impone la normativa de extranjería, que es «estricta en derechos». Mercedes Jiménez considera que la que prevalece es la política «excluyente».
Un seminario reciente sobre menores inmigrantes no acompañados, organizado por SOS Racismo, contó con la presencia de Mercedes Jiménez, miembro de la asociación hispano-marroquí Al Jaima. Partiendo de la situación de los menores que desde Marruecos emigran al Estado español, Jiménez aseguró que la mayoría de las veces se vulneran los derechos de los menores inmigrantes no acompañados.
En el contenido del seminario definieron a los menores inmigrantes no acompañados como los «nuevos sujetos migratorios».
Una de las claves del seminario es entender que la migración de menores no es algo circunstancial en el panorama migratorio internacional, sino que, igual que en los años 80 se empezó a feminizar la migración, ahora los menores se han convertido en sujetos migratorios. Es decir, que los menores emigran solos, sin un adulto.
¿El hecho de no emigrar en compañía de un tutor supone un problema añadido?
El menor que emigra solo es un menor desamparado. Cuando estos menores emigran es porque sufren una serie de rupturas familiares, escolares y laborales en su país de origen, y el último paso es emigrar.
En las recomendaciones del informe «Menores en las fronteras» se recalca que los retornos no están basados en el interés superior del menor.
Por un lado son inmigrantes que emigran de forma irregular. La normativa que rige la inmigración irregular es muy estricta de derechos, y lo que Europa procura conseguir es que no existan este tipo de migraciones. Se establecen una serie de mecanismos que vulneran los derechos humanos, como el control exagerado en las fronteras o la expulsión sin garantías. Por otra parte, son sujetos de todos los derechos porque son menores, pero todo lo que tiene que ver con su situación administrativa se rige por la Ley de Extranjería. Es decir, son inmigrantes sin ningún tipo de derecho. Hay una lógica que les protege por ser menores y otra que les excluye, y ambas se unen en el caso del menor no acompañado.
¿Cree que el actual sistema de protección de la infancia garantiza que se cumplan los derechos de los menores?
En las repatriaciones, por ejemplo, no. Al menos en los casos que hemos documentado. No hemos encontrado ninguna repatriación en la que haya prevalecido el interés superior del menor. Están retornando a menores sin garantías, sin valorar de forma concienzuda la situación familiar, sin su consentimiento, y sin tener acceso a una asistencia jurídica gratuita. Cualquier inmigrante mayor de edad que va a ser expulsado tiene derecho a un abogado, pero estos menores no, porque se supone que les protege la comunidad autónoma o la entidad pública, que ejercen su labor de cuidador. Parece que se está consolidando una especie de maltrato institucional hacia estos menores.
¿Considera que la reagrupación familiar y
la repatriación son métodos de protección? La repatriación, en principio, se basa en el derecho que tiene todo menor a vivir en familia. En el discurso político parece que la repatriación es la solución, y ni la repatriación ni la reagrupación familiar son la única solución. La repatriación debe ser una medida que se lleve a cabo siempre que se proteja el interés del menor. Es decir, sólo se podrá realizar si el contexto referente de esos menores es adecuado. Pero en la mayoría de los casos que nosotros hemos documentado, los menores no tienen un contexto familiar al que se pueda proceder con una repatriación. En su opinión, ¿cuál es labor a realizar en
los países de origen? Hay menores de 13-15 años que se meten en pateras. El menor que emigra tiene una historia migratoria, que pasa por el fracaso escolar, una escuela que no cumple su función de socialización, un sistema educativo deficitario, una primera experiencia laboral donde los trabajadores son explotados... Así, muchos consideran que su futuro no está en ese suelo. Debe- rían promover un sistema de protección activo, que pasara por una lucha contra el abandono escolar y el trabajo infantil. Y no sólo de los menores, sino de sus familias, que muchas veces están en situación de exclusión social. Hace falta una política social integral en este sentido. El problema es que el proyecto político es, al parecer, crear centros para repatriar a los menores. Lo que nosotros criticamos es que la repatriación no es la solución, lo que hay que impulsar es la prevención en el país de origen. Hay quien se niega a realizar las pruebas
de determinación de la edad. ¿Qué conlleva esta negativa? Cuando no hay un documento se realiza la prueba osteométrica, se hace una radiografía en la muñeca para observar cómo están soldados los huesos. Es una aprueba muy deficitaria, los parámetros que se aplican no coinciden con la edad real. Hay un margen de edad de 18 meses. Por ejemplo, documentamos un caso de una menor que tenía la partida de nacimiento porque se la había enviado la familia por fax, le hicieron la prueba osteométrica y salió que era mayor de edad. Prevaleció la prueba al documento y esta niña, aun siendo menor de edad, fue repatriada. Tras la repatriación, ¿vuelven a
intentarlo? En el año 2002 estuvimos documentando el retorno de
menores a Marruecos, y muchos lo han vuelto a intentar. Me acuerdo de una menor
que fue repatriada y volvió a Madrid, después ha conseguido regulari- zarse. Hay
muchos chavales que tienen hasta ocho repatriaciones en el puerto de Algeciras.
Como normalmente el retorno se hace en contra de su voluntad, si viven cerca de
una zona de paso de frontera, vuelven a intentarlo, eso seguro. Y muchos lo
consiguen. -
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