Desde que el pasado miércoles ETA anunciara el inicio del alto el fuego se ha podido detectar en muy diferentes ámbitos un cierto interés en rebajar los niveles de crispación dialéctica, en reconocer la existencia de una oportunidad nueva, en esas «prudencia, paciencia y esperanza» de Zapatero... Pero bajo esa apariencia de buen rollito hay una realidad que no cambia y que algunos se empeñan en que no cambie, así se abran mil procesos de paz: los setecientos presos políticos que han visto recrudecerse sus condiciones en prisión; los sumarios abiertos contra militantes de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales que, además, fueron declaradas ilegales; las miles de personas de este país condenadas a la ilegalidad, al ostracismo político, expulsadas de la representación institucional...

PP y PSOE pisaron a tope el acelerador represivo en la anterior legislatura, haciendo continuamente de la coyuntura política razón y justificación suficiente para la elaboración de leyes especiales. Y el PSOE ha hecho uso de los frutos de aquellos acelerones, incluso ha incidido en el mismo sentido con nuevos acelerones represivos como la que ya se denomina «doctrina Parot». Todos ellos han sido movimientos políticos a los que el Gobierno del Estado español con el apoyo de parte de las fuerzas políticas estatales ha ido dando soporte legal. Sin embargo, cuando la actividad armada de ETA desaparece como excusa, quienes advierten que no aceptarán «pagar un precio por la paz» no cesan de reclamar también el «imperio de la ley», es decir, que se mantenga invariable una legislación nacida por impulso político, para hacer frente, en teoría, a la actividad armada de ETA.

Una cosa son los movimientos y las iniciativas tendentes a generar condiciones para que sea posible un proceso político para la resolución del conflicto (poner fin a las expresiones de violencia como ha hecho ETA, o acabar con la dispersión de los presos o la Ley de Partidos, que son dos manifestaciones de esa dialéctica violenta por parte del Estado) y otra, la resolución de los problemas políticos que hacen que en este país, cíclicamente, el descontento en política se exprese en lenguaje de confrontación violenta. Lo primero, esto es, el respeto de los derechos, no puede retrasarse hasta el final de una hipotética negociación o hasta conocer el resultado de un hipotético proceso de paz. -