Quisiera expresar en una palabra la sensación que tuve hace algo más de dos semanas: humillación. Humillación por parte de la administración de justicia que debería garantizar nuestros derechos, humillación por la policía que debe proteger nuestros derechos, humillación por querer valerse de derechos fundamentales, humillación por exigir que se cumpla la legislación.

Y es que entonces tuve la oportunidad de realizar dos trabajos de observación in situ, y realmente pude comprobar en primera persona lo que Behatokia, a través de las vivencias de las ciudadanas y ciudadanos, ha concluido durante cinco años: El intento de utilizar el euskara se paga caro.

En el juicio celebrado el 14 de marzo, la fiscal monolingüe pedía seis meses de prisión para un ciudadano que había exigido testificar en euskara y sin intérprete como testigo de un accidente. El ciudadano mostró desde un principio su disposición para ayudar a la justicia, pero dejó bien claro que lo quería hacer de manera directa en una lengua oficial y la única propia. Concretamente, en la lengua que desde hace veinticinco años tiene carácter oficial en Bizkaia.

Ante esa petición el magistrado que se autodefinía bilingüe, pero que únicamente hablaba castellano, respondió que se había cumplido su petición. Es decir, se encontraba ante un juez bilingüe. Resulta extrañamente sorprendente puesto que no se expresó en euskara, por lo que los presentes en el juicio no pudimos comprobar su capacidad lingüística.

Al parecer, las ciudadanas y ciudadanos que queremos relacionarnos en euskara debemos pedir explícitamente un juez bilingüe y debemos pedir explícitamente al magistrado que se dirija a nosotras y nosotros en euskara. ¿No es, acaso, la Administración quien debe garantizar nuestros derechos? Entonces, ¿por qué tiene que pedir el ciudadano una y otra vez que se le garanticen esos derechos? ¿Es labor de las ciudadanas y ciudadanos recordar los deberes a la administración?

Pero la discriminación hacia el ciudadano que quería utilizar el euskara fue aun más lejos. Según los datos aportados por la defensa, dentro de la instrucción se recoge que hubo otro testigo del accidente. Ese testigo no apareció a declarar y no se ha abierto ningún tipo de diligencia. Por el contrario, nuestro ciudadano se personó a declarar y le abrieron un procedimiento penal. ¿Cómo se explica esa situación? Quizás ese procedimiento penal no busque más que sancionar al ciudadano euskaldun; quizás quiera establecer un precedente para amedrentar a los ciudadanos que muestren compromisos hacia sus derechos lingüísticos.

En el segundo caso al que asistí, otra fiscal monolingüe pidió veinte días de arresto y una multa de 120 euros a una ciudadana que quería valerse de sus derechos lingüísticos. En ese caso, la ciudadana acabó en una comisaría de la Ertzaintza por querer valerse de los derechos lingüísticos que se le reconocieron a través de la oficialidad hace 25 años. A esta situación con tan graves consecuencias debemos sumar las declaraciones de uno de los agentes de la Ertzaintza que participó como testigo. Según el agente el hecho de que la ciudadana exigiera que se respetaran sus derechos lingüísticos era «marear la perdiz». Es más, según el agente, la ciudadana «seguía en sus trece» cuando pedía que se dirigieran a ella en euskara. En consecuencia, de acuerdo con ese trabajador de la administración pública, la exigencia de garantía de los derechos lin- güísticos no es más que intentar liar la situación.

¿Cómo es posible que un trabajador diga que una ciudadana quiere marear la perdiz por exigir que se le garanticen los derechos lingüísticos? Es más, ¿cómo se entiende esta actitud teniendo en cuenta que además de no responder a la ciudadana en euskara ellos mismos estaban vulnerando la garantía de los derechos y el cumplimiento de la legislación vigente?

A todo ello debemos añadir que toda la documentación que se entregó a la ciudadana después del periodo de detención estaba única y exclusivamente en castellano. En el año 2006 en la Ertzaintza se entregan documentos que no cumplen la legalidad a ciudadanas que presuntamente no han cumplido la legalidad.

En este caso también resulta reseñable la actitud de la fiscal monolingüe. No hacía caso al trato degradante sufrido por la ciudadana, no hacía caso a la petición de garantía de un derecho fundamental por parte de la ciudadana, no hacía caso a la vulneración de los derechos lingüísticos... Según ella, la ciudadana no se identificó, aun cuando entendió perfectamente lo que le pedían. Concluyo que la fiscal hizo prevalecer la obligatoriedad del conocimiento del castellano que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de Hego Euskal Herria al derecho de toda persona a no ser discriminado o a tener un trato digno.

Ultimamente he leído que los euskaldunes somos los responsables de la situación de nuestra lengua. No comparto esa opinión, y tampoco lo hacen estos dos ciudadanos. En estos dos casos los ciudadanos no han tratado el euskara con dejación y negligencia; al contrario, han querido usar el euskara y ello les ha traído consecuencias nefastas. A esos ciudadanos se les ha vulnerado el derecho a utilizar la lengua, uno de ellos acabó en la comisaría, se les pide 20 días de arresto y una multa de 120 euros, al otro ciudadano 6 meses de prisión. ¿Acaso la actitud de esos ciudadanos es letal para nuestra lengua? ¿Qué es lo que falla entonces? -