Se celebra estos días en Barcelona el Congreso Penitenciario Internacional que trata de “La función social de la política penitenciaria”. El Gobierno Vasco, a pesar de los convenios firmados en materia penitenciaria y de haber presentado sus líneas generales en políticas de ejecución penal y penitenciaria, no cuenta entre los organizadores, porque el PSOE ha confirmado la voluntad política de no concederle las transferencias de las prisiones. Estamos pues ante de un acontecimiento que el Ministerio del Interior (PSOE) y el Departament de Justicia (PSC-PSOE) de la Generalitat de Catalunya solicitaron organizar conjuntamente en la reunión del Consejo de Europa en materia penitenciaria en noviembre del 2004 en Roma y que desde la presentación se apunta que «marcará un hito en la ciencia penitenciaria española».

Es sorprendente que parte de la sociedad tenga una fidelidad exagerada hacia una supuesta ciencia penitenciaria dictada por especialistas, muchos de ellos anclados en una experiencia todavía por resocializar, de ex carceleros del pim-pam, y desde muchos ámbitos sociales se desprecie el proceso de observación del objeto de estudio, en esta caso el preso, receptor final de todo lo que acontece en el ámbito penitenciario.

Quien en la actualidad haya visitado una prisión del entorno cultural descubrirá que esta institución sigue siendo una herramienta fraudulenta cuando afloran las contradicciones de Herrera, La Santé, Fleury, Fontcalent... cuestionando gravemente el binomio cárcel-democracia. Si pensamos que la educación se ha reforzado aparentemente con la liturgia del respeto al ser humano y que vivimos y hemos estado educados en democracia, tenemos la obligación de preguntarnos qué tipo de clase política conjuga aislamiento e incomunicación por décadas, tanto en hombres como en mujeres, con el respeto de los derechos fundamentales de las personas penadas, y lo cierto es que no es necesario volar hasta el ilegal Guantánamo. Sin embargo son la voces autorizadas del comisario europeo de los Derechos Humanos (Alvaro Gil Robles) hablando de las prisiones de los estados español y francés, del Relator Especial de Naciones Unidas (Theo Ban Boven) y organizaciones como Amnistía Internacional, TAT o SOS Racismo las que comprometen la pretendida función social penitenciaria.

Un congreso que exageradamente quiere incidir en absolutamente todos los temas penitenciarios que se arrastran desde que se inventó la cárcel, con la idea de encontrar la función social de esta tragedia, es desde el punto de vista de cualquier ciudadano comprometido un fraude a los nombres, a los significados y, por qué no decirlo, a la verdad. Los psicólogos saben de las estrategias que se emplearán institucionalmente para tener el control e intentar adecuar los resultados a los propósitos iniciales. Por tanto, una buena metodología para conocer verdaderamente la situación y el objeto de estudio desde la misma administración pasa por un método muy sencillo: pregun- tar también a los presos. Así, la teoría que peroran algunos especialistas padecerá la misma contradicción que ha vivido el juez que ante un caso de malos tratos en prisión ha sentenciado que «a la vehemente explicación de los funcionarios de prisión se opone la no menos vehemente explicación del preso» y donde se podría destacar por encima de todo el silencio de la institución y de la administración implicada.

Tal vez por esta práctica de unos y otros, en el marco de las Jornadas sobre la Prevención de la Tortura del mes de febrero en Barcelona (pero evidentemente sin el amplificador mediático oficial de este congreso), el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Santiago Vidal i Marsal escribía en estas páginas «la gran dificultad de llegar a conocer con precisión cuántos son los casos reales de maltrato grave sufrido por personas detenidas en dependencias policiales y penitenciarias, puesto que por su propia naturaleza nos enfrentamos a una inescrutable red de falta de transparencia y colaboración, ló- gicamente previsibles, por parte de quienes pudieran tener graves responsabilidades penales y disciplinarias en este ámbito».

En este congreso internacional, hablando de la intervención en hombres y mujeres presos, alguien debería explicar al mundo el nacionalismo de Estado con la lógica de los tratamientos de aislamiento, la incomunicación física y sensorial, el alejamiento familiar continuado por décadas con el visto bueno de instancias que sobre el papel son independientes, imparciales y deliberadamente justas, sabiendo que estos tratamientos psicológicos no ofrecen ni más ni mejor seguridad a la sociedad. Energúmeno también el tratamiento jurídico, el «construir» el efecto negativo de la redención de penas y aplicarlo retroactivamente para que la cadena perpetua sea un hecho y todavía mas perpetua que en Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. Algún Colegio de Abogados podría opinar al respecto.

El tratamiento y los modelos de buenas prácticas con presos y presas es una idea congresual, pero no se puede pensar que tenga incidencia alguna en el sufrimiento de miles de toxicómanos presos en medio de narcotraficantes, de presos con graves trastornos mentales y enfermos psíquicos al margen de otros factores psicopatológicos que ocuparía un vademécum en cualquier país. ¿Qué tratamiento penitenciario se aplicará a los ciudadanos de grupos políticos, sociales y culturales definidos como terroristas por el Estado sin serlo?

Y después de este congreso, ¿qué? Tal vez después de las manifestaciones pidiendo el derecho a decidir y otra política penal para las cuestiones vascas en el contexto todo ello de un nuevo escenario político que a nadie se le escapa, este encuentro internacional sea un congreso de ayer, planificado y realizado con políticas de anteayer. -