BILBO
El Pleno del Consistorio bilbaino aprobó ayer por unanimidad una enmienda en la que se insta a las administraciones autonómica y estatal a que estudien medidas para poder atajar la multiplicación de pensiones ilegales y los subarrendamientos que derivan en situaciones de hacinamiento.Además, demandan cambios normativos. El texto denuncia «el abuso y mal uso» de los alquileres a la población en situación de exclusión social y anuncia el compromiso del Ayuntamiento de «trabajar en el ámbito de sus competencias» para finalizar con esos abusos y «conseguir garantizar el derecho» a una vivienda digna.
La concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, explicó que existen en Bilbo más de setenta pensiones con los permisos en regla, pero destacó la dificultad de cuantificar el número de alojamientos ilegales en los que se alquilan habitaciones o camas y hasta colchones, regentados por «propietarios sin escrúpulos que se aprovechan de la miseria de los más desfavorecidos».
Según expuso, en el año 2002 el porcentaje de pisos con más de ocho personas empadronadas era del 0,36%, dato que ha aumentado este año hasta el 0,42% del total de viviendas de la villa. Sin embargo, matizó que ese incremento se debe también a un aumento de residencias de ancianos, grupos de estudiantes o de pisos tutelados.
La concejala propuso crear una comisión municipal que estudie este problema, donde planteará la realización de un estudio que diferencie las situaciones de convivencia.
Iniciativas penales
Julia Madrazo adelantó la posibilidad de desarrollar iniciativas penales cuando un propietario se aproveche del estado de necesidad de otra persona, así como de crear una regulación de alojamientos sociales y llevar a otras instituciones propuestas de reforma sobre la ley de arrendamiento. El Consistorio de la capital de Bizkaia cuenta con 20 expedientes por denuncias de comunidades de vecinos sobre pisos en los que se sospecha que viven más personas de las registradas o que no son grupos de estudiantes, como aseguran sus propietarios.
