Reacciones de todos los colores desde el arco político
DONOSTIA
El encarcelamiento de Arnaldo Otegi despertó reacciones de todo tipo en el arco político. Desde el Gobierno de Lakua, la portavoz Miren Azkarate consideró que el juez ha optado por «un camino intermedio en el que Otegi puede eludir la prisión, aunque también es cierto que hay otras serie de causas pendientes». Defendió que si bien «es cierto que la Justicia tiene que actuar de forma independiente, todos somos conscientes de que también en la aplicación de las leyes se pueden encontrar márgenes de flexibilidad y incluso de imaginación que permitan acompañar de la forma adecuada el clima de esperanza que en estos momentos vivimos». El presidente de Nafarroa, Miguel Sanz, consideró que «la coyuntura del alto el fuego» se ha convertido «en un condicionante que se ha tenido en cuenta y no debería haberse tenido en cuenta» en la decisión judicial. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró que espera que Otegi salga de prisión «porque así lo quiero personalmente y también porque creo que, políticamente, es bueno que el representante de un partido político esté en la calle con todos sus derechos». Añadió que «la Justicia debe aplicar la ley, pero también debe tener en cuenta la situación que le rodea. Ahora veo lógica la conducta del fiscal». Patxi López (PSE) estimó que «la medida adoptada es absolutamente ajustada a derecho y a la legalidad» y argumentó que si hace unas sema- nas «podía tener sentido que Otegi fuera a la cárcel, según decía el juez, porque había peligro de fuga», ahora esta circunstancia «no está encima de la mesa y se pueden adoptar otro tipo de decisiones».
El PP, contra Conde-Pumpido
La presidenta del PP de la CAV, María San Gil, afirmó que el fiscal general del Estado «tiene mucho que explicar» por «su cambio de postura» y agregó que la confianza de su partido en Cándido Conde-Pumpido «deja mucho que desear» después de que no se solicitara prisión incondicional para el portavoz de Batasuna.El secretario general de EA, Unai Ziarreta, calificó de «desorbitada» la fianza y advirtió que «no es una buena noticia encarcelar interlocutores». No obstante, consideró «positivo» que el dirigente independentista tenga la posibilidad de salir de la cárcel. «Nos alegramos de que el estamento judicial haya actuado con cierta responsabilidad», aseveró. Oskar Matute (EB) calificó la resolución como la «solución menos mala a un disparate judicial». Argumentó que el término «disparate» es más adecuado tanto por el momento político que se vive al «encarcelar a un interlocutor que el mismo Partido Socialista reconoce», como por imputar los desórdenes al convocante de una huelga, algo que «no se justifica en un Estado de Derecho». Mikel Basabe (Aralar) tildó de «despropósito» la decisión del juez y subrayó que Otegi «ni siquiera tenía que haber ido a declarar». Afirmó que existe «un trasfondo político» desde el inicio de las diligencias, «en llamarle a declarar, en meter a la cárcel a Olano y Petrikorena y en dictar fianza para los tres». Además, en varias localidadades se llevaron a cabo movilizaciones en protesta por esta actuación judicial. En Alonsotegi se movilizaron 30 personas, en Aulesti 40, en Leioa 15 y en el bilbaino barrio de Zorrotza 35. En el caso de estas dos últimas protestas, los participantes acudieron hasta sendas sedes del PSE.
Las medidas cautelares y dos amenazas condicionan la actividad política de Otegi
Iñaki IRIONDO
Para Juan Joxe Petrikorena, Juan Mari Olano, Arnaldo Otegi y sus respectivas familias y allegados, el horizonte de que puedan recobrar la libertad a cambio del pago de un rescate, por elevado que éste sea, es mucho mejor que la perspectiva de enfrentarse a varios años de prisión preventiva. Por eso es de suponer que respirarían con alivio no exento de irritación al conocer la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska. Más difícil de entender es, sin embargo, la satisfacción con la que algunos partidos han acogido que la Audiencia Nacional ponga precio a la libertad de dirigentes políticos vascos y que, en concreto, imponga a Arnaldo Otegi unas restricciones que, de cumplirlas a rajatabla, anularían de hecho su actividad política. Con el auto dictado anteayer, el portavoz de Batasuna, el interlocutor reclamado desde diferentes instancias, es un rehén en manos de Grande-Marlaska y la Fiscalía. Una vez que salga de prisión, Arnaldo Otegi sabrá periódicamente que su libertad tiene un precio, porque los avales bancarios de una fianza de 650.000 euros generan unos intereses que algunos comenta- rios escuchados o leídos en las últimas horas parecen no tener en cuenta. Cada día deberá comparecer ante la Ertzaintza entre ocho de la mañana y ocho de la tarde, lo que supone una ineludible restricción de movimientos no siempre compatible con la actividad de un líder político. Por ejemplo, Otegi no podrá pasar dos días seguidos en Nafarroa y, por supuesto, no puede ni acercarse a Baiona, ya que se ha endurecido «la prohibición específica de abandonar territorio español». Antes necesitaba un permiso judicial, ahora que el juez cambie su situación penal. Pero lo más grave es que sobre la actividad pública de Arnaldo Otegi recae la amenaza de que cualquier intervención política puede ser entendida por el fiscal o por el juez como «reiteración de la actividad delictiva», lo que puede originar la petición de que vuelva a ser encarcelado. Además, Grande-Marlaska ya anuncia que «de verificarse nuevos hechos criminales del entorno ETA-KAS-Ekin-Batasuna», «el denominado impuesto revolucionario» o «kale borroka», se analizaría la posible participación de Arnaldo Otegi en los hechos por ser considerado «dirigente de ese entramado terrorista». Toda una espada de Damocles que pretende hacer recaer sobre Otegi cualquier acto de terceros. Quizá quiera convertirlo así en el garante personal del alto el fuego de ETA. ¿Qué tiene todo esto de buena noticia? -
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