DONOSTIA
El auto advierte a Arnaldo Otegi de cara al futuro. En caso de «verificarse nuevos hechos criminales en el entorno ETA-KAS-Ekin-Batasuna» se analizarán sus «posibles participa- ciones» en los mismos, por tratarse de un «dirigente con aptitud de capitalizar la intenciones criminales de otros miembros».El magistrado puntualiza que «esta última consideración no conlleva una hipotética imputación genérica en su persona de cualquier hecho que pudiera materializarse, sino la posibilidad de estudiar su participación en los hipotéticos eventos criminales».
Cabe subrayar que, para el juez, la definición de «hechos criminales» abarca acciones que van desde el reparto de panfletos hasta explosiones anunciadas por ETA. Y que, en este caso, la «participación» de Otegi se resume en su intervención en una rueda de prensa convocando una huelga y en una manifestación.
El juez sostiene que la convocatoria de huelga no fue tal, sino «una evidente invocación a la comisión de hechos criminales» en la que «la actuación de Arnaldo Otegi en modo alguno es inocua» porque sus palabras «recogen términos coincidentes con el comunicado de ETA» de la víspera.
Víctimas y compañeros
En concreto, subraya que durante la comparecencia ante los medios en Bilbo «se llama a la movilización», se califica de «compañeros y luchadores por la libertad» a Igor Angulo y Roberto Sainz y se dice que «sí han existido muertes en estos últimos tres años». El juez asegura que su tesis se vio reforzada en la Audiencia Nacional, cuando la defensa de Otegi «se refiere como víctimas a la mujer e hijo» de Angulo.Para argumentar su decisión de no aplicar la prisión incondicional y pedir una fianza de 250.000 euros, Fernando Grande-Marlaska manifiesta que «la reiteración delictiva» de Otegi «no ha sido plural en el transcurso del último año». Con esas mismas razones señala que «procede reformar la situación» de Juan Mari Olano y Juan Joxe Petrikorena, para quienes decreta sendas fianzas de 200.000 euros.
Por lo demás, el auto es muy similar al que hizo público el 16 de marzo tras la comparecencia de JuanMari Olano. El juez ni siquiera corrige lo que él mismo reconoció que era «un error» de la Guardia Civil, ya que sigue manteniendo que Joseba Alvarez que compareció la pasada semana estuvo en la rueda de prensa celebrada en Bilbo el 5 de marzo.
En ambos autos se recoge la misma lista de 108 «hechos criminales» encaminados a «poner en cuestión la paz pública y el orden constitucional». Incluye la colocación de pancartas y carteles, la celebración de manifestaciones o el reparto de octavillas. Por ejemplo, el «hecho criminal» número 67 dice: «Gasteiz: 50 personas interior Campus Universitario se desconocen sus intenciones»
También recopila la inutilización de cajeros y cerraduras con silicona, palillos o pegamento; los cortes de carretera, la quema de neumáticos y contenedores y los avisos de bomba en nombre de ETA, tanto los verdaderos como los falsos. Hecho número 33: «Aviso de bomba en central de DYA». Hecho número 62: «Miranda de Ebro. Se ha encontrado una mochila, procediéndose al corte de la autopista en ambos sentidos». Hecho número 81: «Abierta al tráfico (Mochila contenía sal)».
Hay más. Sigue vinculando con la huelga la quema de dos vehículos en Gasteiz, pese a que el día 16 Interior de Lakua emitía una nota en la que se indicaba que «la Ertzaintza ha podido determinar que el incendio se debió a una imprudencia de un grupo de escolares». Pero, siguiendo el primer listado enviado por la Policía autonómica, lo mantiene. Y concluye, «en grado de seria probabilidad», que todos estos hechos «fueron exigidos por el frente militar de la organización terrorista ETA y posteriormente, orquestados, dirigidos y planificados por sus frentes político-institucional, frente de masas», de los que, como ya ha indicado, Arnaldo Otegi «resulta dirigente».
Goirizelaia afirma que el juez «tenía la decisión
tomada»
Jone Goirizelaia, letrada de Otegi, declaró ayer a www.info7.com que el juez, «en su día, cuando le citó a declarar, ya tenía decidido que iba a ingresar en prisión, porque así se desprendía de la resolución en la que le citaba (...) La foto que quería el juez instructor era la foto de Arnaldo Otegi entrando en prisión, independientemente de que luego pusiera una fianza». La abogada calificó la imposición de éstas de «auténtica extorsión transformada en auto judicial». -
