He leído recientemente en los periódicos la noticia de la detención de la directora de una ludoteca de Vilanova i la Geltrú, y la clausura de dicho centro por el maltrato físico y psicológico que, presuntamente, ocasionaba a niños y niñas menores de tres años.

Esta noticia espeluznante ha salido a la luz. No sé todavía cuántas permanecen en la sombra o que nunca llegarán a ser noticia.

¿Cuántos contenedores hay en Navarra y en otras comunidades para niños y niñas menores de tres años? No lo sabemos. Y es una ignorancia indeseada. A día de hoy no sabemos cómo son las condiciones de escolarización de las criaturas pequeñas en los centros (escuelas infantiles, guarderías, casas amigas...) de nuestra Comunidad.

No existe una regulación normativa adecuada con los derechos de los niños y niñas que vigile con rigor ciertos mínimos que deberían reunir todos los centros y los profesionales para asegurar que ninguna criatura sufra los perjuicios, puede que irreversibles, de un contenedor. El Departamento de Educación, que es a quien correspondería regular estos centros, se lava las manos. Los ayuntamientos no quieren saber nada serio. Sólo en Pamplona existe una ordenanza (la nº 4) del 25 de mayo de 1994, pero está perdida en el olvido. Nadie se acuerda de ella.

No sabemos, siquiera, cuántos niños y niñas menores de tres años acuden regularmente a centros en nuestra comunidad, cómo y dónde están. No lo sabemos. Pero sí sabemos que algunas criaturas están en contenedores. Hemos recogido, en la Plataforma ciclo educativo 0-3 años en Navarra, testimonios de padres, madres y educadoras que prefieren el anonimato por miedo a perder su empleo o a no poder encontrar otro. Son relatos desgarradores. En algunos centros hay personas sin titulación, espacios inadecuados. En algunas guarderías las criaturas son atadas a las silletas para que no molesten. Se hace creer a las familias que hay más educadoras de las que están con sus hijos e hijas. Se escatima la cantidad de comida de los niños para ahorrar. Se ofrecen programas en inglés o euskara cuando ninguna educadora tiene ningún título que acredite su perfil lingüístico. Se escatiman juguetes a los niños y niñas que sólo se sacan al principio de curso para luego recogerlos. Tam- bién hay educadoras que cobran 550 euros netos mensuales. Y muchas educadoras no son sustituidas cuan- do están de baja.

Es cierto que puede haber contenedores o no: tanto en los centros públicos como en los privados. El problema es que no lo sabemos. Es, ciertamente, una ruleta rusa. Pero sí sabemos cómo evitarlo. Diversos estudios internacionales así lo han demostrado.

Sabemos que una inspección, seguimiento y asesoramiento real del proyecto educativo evita caer en la trágica asistencialidad. También sabemos que un control periódico exhaustivo y riguroso por parte de la Administración de las titulaciones de los profesionales, de sus contratos laborales, de las horas de formación, del número de niños y niñas por educador o educadora, y de las condiciones espaciales de los centros evitan que éstos sean meros contenedores. Los contextos espaciales, como han demostrado múltiples investigaciones, son condición sine qua non para el buen crecimiento físico y psicológico de los niños y niñas. Esto implica una cualificada arquitectura, un adecuado número de metros para cada alumno y alumna, espacios suficientes, accesibles y diversificados (lugares diferentes para comer, dormir, hacer actividades, lavarse las manos...) para todos y todas, seguros, bien iluminados, con una sonoridad y temperaturas idóneas, ventilados, estéticos y, sobre todo, no masificados. También significa espacios cotidianos al aire libre para que las criaturas oxigenen su cerebro y éste se desarrolle de la mejor manera posible. El espacio-ambiente no es neutral ni independiente de un buen proyecto educativo.

También sabemos que los centros con total transparencia y gestión democrática por parte de las familias impiden que se conviertan en contenedores. Esto implica el acceso cotidiano y organizado de los padres y madres a todos los rincones del centro, que puedan entrar y salir del mismo, que puedan pasar un día o varios con sus hijos e hijas en los lugares en los que crecen. No inspiran, en cambio, ninguna confianza los sitios en que las familias tienen vetada la entrada regularmente, bajo cualquier excusa (por ejemplo: «es que los niños y niñas lloran cuando el padre o la madre se marchan de la clase»).

También sabemos que si los y las profesionales cobran sueldos dignos, que entiendo que deben estar muy cerca de los que cobran los y las profesoras del segundo ciclo de infantil y primaria (alrededor de los 1.800 euros netos mensuales), existen muchas más posibilidades de formar equipos estables y no de que los centros de 0-3 se conviertan en un trasiego constante de personas que, cuando encuentran algo mejor y mejor pagado, se van. De esta forma, los niños y niñas no pueden hacer vínculos psicológicos estables con personas de referencia, lo que puede perjudicar gravemente su salud emocional.

También sabemos que, cada vez más, la educación se convierte en un negocio. Y que es muy arriesgado que los niños y niñas se transformen en mercancía para que empresas o personas tornen los centros de 0-3 en negocios lucrativos. Para el conjunto de los países de la OCDE, la enseñanza mueve, en el mercado, más de 900.000 euros al año, tanto como el mercado mundial del automóvil.

También, desde el campo pedagógico, sabemos que no es lo mismo educar que instruir. Educar, en su sentido etimológico, significa conducir fuera las capacidades o potencialidades de los niños y niñas desde el nacimiento. Respetar su ritmo, su cultura, sus ideas, y su particular forma de aprender. Instruir, en cambio, es tratar de llenar ­desde fuera­ al educando de conocimientos, algunos totalmente banales o inútiles. Con la instrucción al niño o a la niña se le pueden enseñar ­fácilmente­ colores, nombres de artistas, palabras en diversos idiomas o a dar volteretas.

Parece que sabemos muchas cosas, pero no sabemos lo más importante. Repito: las condiciones de escolarización de todos los niños y niñas menores de tres años en Navarra. Y esto es un terrible riesgo. Un riesgo evitable si las Administraciones, hasta ahora indiferentes, toman cartas en el asunto, legislan con seriedad y vigilan con rigor y minuciosidad todas las condiciones de todos los centros para dignificar y desarrollar los derechos edu- cativos de la infancia. En todos los lugares públicos y privados. La buena voluntad y el cariño son muy importantes, pero absolutamente insuficientes para asegurar la calidad de los centros educativos.

A día de hoy, en cambio, tal como están las cosas de Palacio, el juego de probabilidades no engaña. Hay más posibilidades de que los centros públicos no sean contenedores. En los privados, con todo el respeto y admiración sobre todo a quien mantiene un planteamiento ético en estos centros, simplemente hay más riesgo de que, en la práctica (que es donde las palabras no engañan), sean meros contenedores. Vilanova i la Geltrú, después de todo, no está tan lejos. -