La Audiencia Nacional española ha cercenado, de nuevo, el derecho a la expresión política en Euskal Herria. Y lo ha hecho a partir de una notificación enviada por el Departamento de Interior de Lakua, pese a que el acto de Batasuna se anunciaba en un lugar cerrado, el Kursaal donostiarra, con lo que no estaba sujeto a trámite de autorización alguno a cargo de Gasteiz. Hecha esa contribución altruista a la censura y una vez prohibido el acto por el juez Grande-Marlaska, la consejería de Balza reiteraba que la Ertzaintza siempre cumple lo ordenado en Madrid.

El del Kursaal ­y antes el acto prohibido en el BEC­ debía ser algo así como la segunda vuelta de Anoeta, el punto y seguido a partir de la propuesta desgranada en el Velódromo el 14 de noviembre de 2004 y asumida hoy como una aportación fundamental por la mayoría de los agentes políticos. Madrid ha maniobrado, sin embargo, para tratar de impedir que la ciudadanía vasca, y también la opinión pública española y francesa, puedan conocer de primera mano cuáles son las nuevas propuestas de un sector político al que todos, excepto el PP, reconocen como actor indispensable cara a un proceso que busque una paz duradera.

Sin embargo, ese reconocimiento, otorgado ante las cámaras de televisión por José Luis Rodríguez Zapatero, no ha impedido ni el encarcelamiento de destacados representantes ni esta nueva proscripción. Y, lo que es más grave, la presencia en las calles de 82.000 personas para reclamar una solución democrática, en la que todas las expresiones estén presentes en pie de igualdad, tampoco ha evitado un atropello judicial, por cierto, justificado de antemano por el PSOE y sus altavoces.

Con todo, no es de recibo que ese partido trate de fijar el «kilómetro 0» en el 22 de marzo, para aludir a lo escaso del tiempo transcurrido desde el anuncio del alto el fuego permanente por ETA para «cambiar las cosas». Como tampoco es de recibo que Zapatero invoque el «respeto a lo que decidan los vascos a través de sus representantes y con las reglas y los procedimientos que ellos mismos establezcan», cuando mantiene una Ley de Partidos ­aplicada por Lakua a pies juntillas­ que, contra lo expresado en el artículo 23.1 de su propia Constitución, priva a decenas de miles de ciudadanos del «derecho a participar en los asuntos públicos, bien directamente, bien a través de sus representantes democráticamente elegidos». -