El 30 de marzo se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya con la pretensión de dar por cerrada definitivamente la reivindicación nacional por una generación, al menos, según han expresado las fuerzas políticas que lo han votado afirmativamente. No obstante esta voluntad, de momento se puede afirmar que el texto aprobado en Madrid tiene mucho menos apoyo político que el que salió de la cámara catalana, ha sido pactado por las cúpulas de los partidos sin el debate parlamentario que hubo en Cataluña y aún ha de pasar por un referéndum ciudadano en el cual las opciones que se oponen al mismo desde posiciones nacionales catalanas harán valer su fuerza social expresando su oposición al texto.

El proyecto acordado en el Parlamento catalán era un punto de encuentro entre las fuerzas políticas nacionalistas (CiU y ERC) y federalistas (PSC y IC), que promovían la reforma del Esta- tuto y la defensa conjunta del texto acordado ante Madrid como pilares de un planteamiento posibilista dentro de los límites constitucionales. Era además un intento de hacer compatible la satisfacción de las necesidades socio-económicas, culturales y nacionales catalanas dentro del marco constitucional y autonómico vigente. A partir del 30 de septiembre pasado, en lugar de mantener una posición común del cuatripartito para negociar con el Gobierno del PSOE, el protagonismo partidista de CiU, la inhibición del PSC y el seguidismo de IC han llevado al pacto Zapatero-Mas y a la des- naturalización total, en la letra y en el espíritu, del proyecto que aprobó el Parlament. Ni los citados parti- dos han respetado su compromiso con el texto que ellos mismos votaron, ni el presidente Zapatero ha hecho honor a su palabra de aceptar el Estatuto que surgiese del Parlament.

De este brusco cambio de escenario se pueden extraer algunas conclusiones. La primera es que las enormes presiones ejercidas desde los poderes fácticos, empresariales, mediáticos y militares contra el texto surgido del parlamento catalán y la expresión de unidad nacional que se derivaba del amplio apoyo parlamentario que suscitaba han hecho su efecto sobre las cúpulas de los partidos que se han avenido a rebajar bajo presión un proyecto que contaba con un amplio soporte político y social. De esta manera han demostrado que las reivindicaciones fundamentales: fin del expolio fiscal, bilateralidad, gestión de los recursos propios y reconocimiento nacional no caben en el modelo de Estado autonómico. De esta lamentable constatación deriva la banalización de los acuerdos que adopta el Parlament, convertidos en papel mojado para las fuerzas que aceptan a la primera de cambio la vulneración de las decisiones de la cámara catalana. De este comportamiento frívolo y negligente se derivará una falta de la confianza y la credibilidad de la ciudadanía hacia la clase política que afectará a todos los partidos, en mayor o menor grado, y que previsiblemente se manifestará en un incremento de la abstención en las próximas convocatorias electorales.

Pero, en segundo lugar y más importante aún, además del desgaste de la clase política catalana, también se evapora la creencia de que con la reforma del Estatuto de Autonomía se daba un paso hacia delante en el autogobierno dentro de un proceso gradual hacia la soberanía. La situación de dependencia económica y política de la sociedad catalana no se aminora con este estatuto, más bien al contrario, con el mantenimiento del expolio fiscal y de las competencias basicas estatales ésta se incrementará. E incluso se dan pasos hacia atrás en el reconocimiento de nuestra identidad nacional al institucionalizarse el secesionismo lingüístico en el texto valenciano pactado entre PSOE y PP al margen de la participación ciudadana y la opinión de la comunidad científica.

En tercer lugar, el debate estatutario ha reabierto las contradicciones políticas que habían estado diluidas durante la transición bajo la fórmula del consenso institucional. Ha aflorado, azuzado desde el conglomerado mediático que hace de punta de lanza de los intereses económicos y políticos del integrismo español, una corriente de opinión que niega cualquier forma de convivencia plurinacional entre los diversos pueblos que se encuentran reunidos por fuerza dentro del Estado español. Esta dinámica unitarista que pone por delante la integridad del Estado a la democracia está desvirtuando las más elementales reglas de funcionamiento de las instituciones basadas en la división de poderes: integrantes destacados de la judicatura, la administración y el ejército adoptan impunemente posturas amenazantes y denigrantes hacia las reivindicaciones nacionales catalanas, en clara actitud de desafío al Gobierno y al Parlamento, resquebrajando los principios de equidad y no discriminación de los poderes públicos. Quienes desean ver en el Estatuto pactado por Mas y Zapatero el fin de les tensiones Catalunya-España se equivocan, ya que la dinamica de confrontación emprendida por el nacionalismo español no se detendrá por más rebajas que se hayan introducido en el texto inicialmente aprobado en el parlamento catalán.

Derivado de la reflexión anterior es el fin del espejismo de la España plural anunciada por Zapatero: la actitud adoptada por el PSOE en contra del reconocimiento nacional de Catalunya en el estatuto y la ausencia de un sistema de valores democráticos, laicos y republicanos articulado para poder disputar la hegemonia ideológica al españolismo reaccionario, cierra las puertas a corto plazo al reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad del Estado español y por lo tanto el conflicto nacional catalán lejos de evaporarse se agudizará en los próximos años. De hecho en el conjunto de los Països Catalans se están dando movilizaciones sociales como las de defensa del Ebro o contra las autopistas de Eivissa, que han provocado o están en curso de provocar cambios en el mapa político. Ha habido grandes movilizaciones de apoyo al derecho a decidir del pueblo catalán y se desarrollan a través de internet amplias campañas por los derechos lingüísticos y políticos impulsadas por plataformas sociales surgidas al efecto.

ERC puede ser el complemento y el referente político de estos movimientos y tiene la responsabilidad de saber mantenerse al margen de un estatuto que apoyan un conjunto de fuerzas (PSC, IC y CiU) sin proyecto estrategico compartido cara al futuro y sin cohesión entre sí. Si el partido republicano se sabe mantener en esta actitud, no claudicando, deslegitima la consolidación del régimen de dependencia económica y política y abre la puerta a la posibilidad de un cambio de correlación de fuerzas a medio plazo favorable a un planteamiento abiertamente soberanista compartido con los sectores económicos y sociales que se organizan nacionalmente. Agotado el autonomismo, la estrategia a partir de ahora ha de estar basada en el derecho de autodeterminación y en un proyecto de construcción nacional catalán abierto y pluralista. -