DONOSTIA
Acompañados por el ex preso republicanoirlandés Raymond McCartney, representantes de Askatasuna comparecieron en Donostia para denunciar que «la fotografía de la represión de los estados sigue siendo la misma. A día de hoy, sólo ha cesado la violencia de una parte, pero no ocurre lo mismo con los estados español y francés». Es por ello que Juan Mari Olano remarcó que «el gestor político del Gobierno español, el PSOE, tendrá que hacer sus aporta-ciones si quiere que el proceso democrático siga adelante. ETA, con su decisión de decretar alto el fuego permanente, ha tenido la capacidad de posibilitar una situación en la que no caben excusas».En este contexto, resaltó la labor realizada por la izquierda abertzale. ««Todo el mundo reconoce que ha dado un gran paso; se dice que ha sido valiente. Yo diría que aún ha sido más valiente lalucha que ha llevado a cabo en su historia, que es la que nos ha traído hasta aquí».
Olano incidió en que «el viaje» hacia un proceso de resolución se debe hacer «entre todos», lo que conlleva, según se- ñaló, «que cada agente ponga de su parte».
Por ello, afirmó que «es imposible exigir a los ciudadanos vascos que tomen parte en la vida institucional y decir que cualquier proyecto político es defendible al tiempo que mantienen en vigor la represión y las leyes hechas en una época de gran confrontación». De hecho, tildó esta situación de «políticamente esquizofrénica. No lo aceptamos, y en la medida de nuestras posibilidades presionaremos para que el Estado español deje de actuar así y para forzarlo a darpasos».
En esa línea, dejó claro que «si se quiere dar al conflicto una solución por vías democráticas y políticas, es imprescindible garantizar esas vías».
Exigió la restitución de los derechos civiles y políticos «para todos los ciudadanos» e instó a que «acaben las detenciones, las prohibiciones y la política penitenciaria». Al Estado francés, por su parte, le emplazó a «participar en el proceso y a no mirar hacia otro lado porque también es parte del conflicto».
En el otro lado de la balanza, Olano situó «las miles de movilizaciones que ha habido en este país contra la represión, la tortura y las vulneraciones de derechos civiles y políticos».
Tomando como base los da-tos concernientes a los últimos cuatro meses, Julen Larrinaga destacó «la quiebra del Estado de Derecho, convirtiéndolo en un Estado policial».
Reiteró que «la consecución de un proceso resolutivo debe traer consigo la supresión de cualquier mecanismo represivo y que el paso de un marco a otro tiene que suponer el fin de las imposiciones».
Añadió que los estados español y francés «son incapaces de ofrecer un proyecto político a Euskal Herria y su única arma es la represión, sin la que se sienten desnudos».
Larrinaga afirmó que «es hora de dar pasos» y citó «la necesidad de derogar la incomunicación que posibilita la tortura, y desactivar los cuerpos policiales y la persecución contra exiliados políticos vascos».
Precisamente, Raymond McCartney resaltó la importancia de que «la ley no sea entendida como otra herramienta represiva y de guerra más» y de que «no haya sitio para la tortura». Instó a los gobernantes a «no ver el conflicto como un problema militar».
