IRUÑEA
El PSNcalificó de «intento de condicionar la libertad de expresión» la presentación de una querella por parte del ex director general de Industria del Gobierno navarro e imputado en el «caso Eguesibar» Emilio Izquierdo contra la parlamentaria María Gracia Iribarren.
Iribarren explicó ayer que Izquierdo se ha querellado contra ella por señalar en un medio de comunicación que, tras su paso por la Administración navarra, el ex alto cargo de UPN formaba parte de los consejos de administración de una treintena de empresas.
Estas declaraciones de Iribarren se produjeron después de que Izquierdo tuviera que comparecer en la comisión de investigación que el Parlamento navarro creó el pasado año para analizar la actuación del entonces alcalde de Eguesibar, Ignacio Galipienzo (UPN), en- vuelto en un proceso por el Juzgado de Agoitz en relación a presuntas irregularidadesurbanísticas en el que el propio Izquierdo está imputado.
La parlamentaria del PSN subrayó que «si al señor Izquierdo le molesta o se siente calumniado por lo que dijimos, lo siento, pero nos hemos limitado a decir lo que es público y notorio», por lo que rechazó cualquier posibilidad de retractarse en el acto de conciliación que ha sido fijado para el próximo 25 de abril.
El también parlamentario del PSNJosé Luis Izco recordó que él mismo y otros miembros de la comisión de investigación han sido objeto de querellas por parte de personas ligadas a UPN y que este partido y CDNaplicaron «el rodillo parlamentario paracerrar en falso esta comisión y evitar que siguie- rainvestigando». Por ello, denunció la actuación de UPN y de Miguel Sanz, que calificó de «prepotente y supone un desprecio al Parlamento».
Izco avanzó que su formación continuará trabajando para investigar «el entramado empresarial vinculado a UPN» e instó a Sanz a que «asuma sus responsabilidades políticas».
UPN, por su parte, respondió señalando que «ningún dirigente del PSNni de ningún otro partido político puede darnos lecciones de ética ni de comportamiento», al tiempo que emplazó al partido de Carlos Chivite a aclarar a la sociedad navarra «a dónde han ido a parar los 200 millones de pesetas que cobraron a través de supuestas comisiones ilegales».