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El fallo dictado por el TSJPV reconoce la capacidad de la Diputación para fijar, por decreto, el importe de los peajes de la A-8, sin embargo, considera que las actuales tarifas son «contrarias a derecho» y «se extralimitan», ya que no sólo se destinan a los gastos de conservación de la autovía, sino que sirven también para financiar «un ambicioso plan de infraestructuras».

De hecho, de los aproximadamente 34 millones de euros anuales que se recaudan en las cabinas del tramo vizcaino de esta autopista y al margen de los gastos corrientes, la mitad del montante se destina al mantenimiento del vial. La otra mitad se dedica a inversiones, tanto en la A-8 ­se construye ahora el tercer carril en algún tramo­, como para la proyectada Supersur ­en su primera fase el presupuesto es de 653 millones de euros­ y viales como el Eje del Ballonti y el corredor del Kadagua. Así lo recoge la propia norma foral ahora anulada.

«De una primera lectura apresurada», la Diputación de Bizkaia valora poder considerar que la sentencia «inicialmente no afecta al normal funcionamiento de la autopista». Recuerda la institución foral que, «en su día, el TSJPV no admitió la suspensión solicitada por los recurrentes», y añade que la sentencia no es firme «y, por lo tanto, cabe recurso ante el Tribunal Supremo».

Pero la Diputación de Bizkaia quiso valorar, también ayer, el contenido del auto. De hecho, en su nota de prensa señala que el mismo «no cuestiona, ni la tarifa, ni la capacidad de las instituciones forales para establecerla. No cuestiona el establecimiento de una tarifa, peaje, para la A-8, sino que deja fuera de su aplicación la vinculación de los rendimientos de dicha tarifa a la financiación de obras de infraestructura diferentes a la A-8».

En este sentido, la institución foral entiende que, sin los nuevos viales de la variante de Alonsotegi, el Eje del Ballonti y la Supersur, proyectados en Ezkerraldea y Trapagaran y para los cuales se destina un porcentaje importante del dinero proveniente del peaje en la A-8, en el contexto del Plan de Accesibilidad, «la funcionalidad» de esta autopista en su trazado vizcaino «pudiera verse gravemente afectada».

Considera, en cualquier caso la Diputación, que existe materia suficiente para presentar recurso «tanto en lo concerniente a la legitimación de los recurrentes (apoderados del PP) como en el fondo de la cuestión».

Tranquilidad en Gipuzkoa porque «la situación es diferente»

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El diputado foral de Infraestructuras Viarias, Javier Zuriarrain, aseguró que la Diputación de Gipuzkoa mantiene la «tranquilidad» respecto a la sentencia del TSJPV, porque la situación guipuzcoana «es completamente diferente» a la vizcaina.

Javier Zuriarrain recordó además que, tras la creación en junio de 2002 de la sociedad dependiente de la Diputación foral Bidegi, «se han mantenido criterios distintos, ya que se han puesto un canon y unos descuentos que Bizkaia no tiene».

También aseguró que «en este momento los peajes de la A-8 no están financiando ninguna infraestructura en Gipuzkoa». En ese sentido, recordó que las que la Diputación foral está financiando son «anexos a la A-8 y a la AP-1, que no es otra cosa que una derivación de la Bilbao-Behobia».

Mientras tanto, el grupo de PSE-EE en las Juntas Generales de Bizkaia reclamó a la Diputación que clarifique «cuanto antes» el futuro del Plan de Accesibilidad de Bizkaia, y recordó que incluye, además del canon de la autopista A-8 anulado por el TSJPV, la construcción de infraestructuras «importantes para el desarrollo de Bizkaia», como el Corredor del Cadagua, el Eje del Ballonti o la Supersur.

51 millones de euros

Por su parte, el presidente del PP en Bizkaia, Antonio Basagoiti, sugirió que la Diputación no recurra ante el Tribunal Supremo, como «solución más fácil» y solicitó una nueva norma foral, en menos de díez días, para rebajar el peaje a la mitad y ajustarlo a la sentencia. Según el PP, mediante este cobro «abusivo» la Diputación «ha conseguido durante tres años unos 51 millones de euros de ingresos que no le corresponden, y que unos 150.000 ciudadanos «han pagado el doble de lo que debían».

También el portavoz de EB en Juntas Generales, José Ferrera, considera que la Diputación vizcaina debería acatar la sentencia del TSJPV y «rebajar la tarifa, de tal forma que su cobro sirva exclusivamente para financiar el mantenimiento de esta carretera».

El juntero de EB recordó que los guipuzcoanos pagan menos que los vizcainos por utilizar esta autopista y que, aunque su formación defiende «la liberalización» de la A-8, entiende que «se pueda abonar un peaje social para favorecer el uso racional y sostenible del transporte».

En ese sentido, anunció que pedirá al diputado que detalle los ingresos y gastos generados en el tramo vizcaino de la A-8 y explique «hacia dónde se han derivado las partidas económicas obtenidas por el cobro del canon».