Piden que el Ayuntamiento de Eguesibar sea responsable civil de Galipienzo
La acusación contra el ex alcalde de Eguesibar Ignacio Galipienzo (UPN) y la ex secretaria Carmen Velasco solicitó ayer que el Ayuntamiento sea declarado responsable civil subsidiario en la causa abierta por «prevaricación y falsificación en documento», en relación a la concesión irregular de un proyecto a un equipo de arquitectos. Tras esta petición, el juicio quedó suspendido para que el juez de Agoitz emita un nuevo auto de apertura de juicio.
IRUÑEA
El juicio contra el alcalde de Eguesibar Ignacio Galipienzo (UPN) y la ex secretaria del Ayuntamiento Carmen Velasco, acusados de «prevaricación y falsedad en documento», se suspendió ayer después de que la acusación particular pidiese que se contemple en las actuaciones judiciales la responsabilidad civil del Consistorio. Los hechos que se imputan a Galipienzo y Velasco se remontan a 2001, cuando ocupaban los cargos de alcalde y secretaria, por lo que la acusación entiende que es el Ayuntamiento de Eguesibar quien debe asumir las responsabilidades civiles subsidiariamente. Tras esta petición, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Nafarroa acordó la suspensión de la vista oral y el traslado de las diligencias al Juzgado de Agoitz, donde el juez deberá emitir un nuevo auto de apertura de juicio oral donde se recoja la reclamación de la acusación. Mientras que el fiscal pide la libre absolución de Galipienzo y Velasco al no apreciar indicios de delito, los querellantes entienden que ambos cometieron irregularidades en la contratación de un proyecto técnico para la dirección de obras de construcción de un consultorio médico, el ciclo de educación infantil y la urbanización de una parcela en 2001.
Adjudicación del proyecto
Los querellantes argumentan que Galipienzo, a sabiendas que actuaba en contra del ordenamiento jurídico y de todo procedimiento, consiguió, en perjuicio de los denunciantes, la adjudicación del concurso al equipo de arquitectos al que ya había encargado la valoración económica del mismo. Asimismo, consideran que Galipienzo lo hizo en base a «una reunión inexistente de la Mesa de Contratación y en contra de los informes» del Gobierno navarro. Por ello, reclaman para Galipienzo una pena de cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación, una multa de 3.600 euros y una indemnización de 100.399 euros. Para Velasco piden cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros.
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