La Dirección General de la Guardia Civil remitió el pasado 7 de abril un oficio a los responsables de este cuerpo en el que recordaba que «la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la Policía Autónoma Vasca». La orden ­difun- dida entre los mandos de la Comandancia de Gipuzkoa y filtrada por un sindicato­ remarca que el instituto militar «no tiene esta competencia» y que, por consiguiente, «el establecimiento de controles en vías públicas se hace con carácter excepcional, justificado única- mente por la existencia del fenómeno terrorista».

Aunque desde instancias oficiales se aseguró poco después que la nota en sí constituía una obviedad y que no había noticia («no ha habido cambio alguno, ni competencial ni operativo, respecto a la situación anterior»), lógicamente la lectura generalizada en los medios fue que el Gobierno español «movía ficha» en la coyuntura abierta en Euskal Herria tras el alto el fuego de ETA.

El caso es que la filtración tuvo el efecto de un globo-sonda para todas las partes. Así, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) achacó la medida «al deseo gubernamental de quitar de en medio a la Guardia Civil en el País Vasco». Censuró que con el oficio se pretende que la presencia en las vías públicas de este cuerpo militar sea «la menor posible», de tal modo que la Ertzaintza «adquiera todo el protagonismo». Y consideró que, «a pesar de la apariencia legal que se le quiera dar a la orden, el hecho de que se produzca precisamente después del alto el fuego tiene una clara significación de tipo político», para añadir después que «no ha sido recibida de buen gusto por la mayoría de los guardias civiles, que entienden que el Gobierno, atendiendo a los requerimientos nacionalistas, quiere prescindir de los servicios de la Guardia Civil en el País Vasco, después de haber sido utilizada en los peores momentos de la lucha contra el terrorismo».

Sea o no un oficio dictado con unos objetivos específicos en relación a los «nuevos tiempos» que vive este país, la realidad que presentan las carreteras vascas sí que ha variado en las últimas semanas. Pero no precisamente porque los controles e identificados se hayan interrumpido:es más, lo que se constata es que se han acrecentado notablemente.

Tal y como ha venido denunciando Askatasuna, así como multitud de ciudadanos en llamadas a este periódico, los controles policiales siguen siendo una constante. Y su finalidad no tiene vinculación posible con ETA: que se lo pregunten a los participantes en la manifestación plural del 1 de abril en Bilbo, que se vieron sorprendidos al regresar por fuertes controles tanto en la A-68, en Altube, como en la A-8, en Durango.

Ayer mismo, un centenar de personas se concentró en Oibar para denunciar el acoso de la Guardia Civil. Explicaron a este diario que los controles del instituto militar en esta localidad navarra son una constante y que están dirigidos especialmente a los jóvenes del gaztetxe. El último episodio de este tipo se registró en la madrugada del sábado, cuando, sobre las 7.00, agentes procedieron a identificar a un grupo de jóvenes que celebraba las fiestas del Santo Cristo. Ante la protesta por su actuación, la Guardia Civil detuvo a un joven, que fue liberado posteriormente.

Julen Larrinaga, portavoz del organismo antirrepresivo, apunta a GARA un dato cuando menos significativo: según los datos que manejan, los controles de carretera en Bizkaia se sucedían cuatro veces por semana desde hace un año. Ultimamente, sin embargo, ha habido casos en los que esos cuatro controles han tenido lugar a lo largo de un mismo día.

El miércoles de la pasada semana, sin ir más lejos, vecinos indicaron a este periódico que la Guardia Civil instaló varios controles en Enkarterriak. Lo mismo sucedió en el peaje de la A-8 a la altura de Durango, en la N-634 cerca de Matiena y entre el cruce de la N-634 y la B-633, en dirección Markina.

Lea-Artibai, Durangaldea y Busturialdea en Bizkaia, Sakana e Iruñerria en Nafarroa, y Debagoiena y Oarsoaldea en Gipuzkoa son otras de las zonas en que estos hechos se han convertido en algo cotidiano.

De ello se deduce que la orden de los responsables de la Guardia Civil no ha motivado cambio alguno en la realidad que vive Euskal Herria. Eso sí, el oficio indica que «queda prohibida la realización de cualquier tipo de control e identificación de personas o vehículos en vías públicas», salvo en algunos casos, como en el referente a los Grupos de Acción Rápida (GAR), ya que los controles a efectuar por esta unidad sí pueden desarrollarse «de acuerdo con las instrucciones particulares dadas».

Larrinaga apunta ese dato como esclarecedor a la hora de valorar la actual situación. Cabe deducir que los controles de estos días son únicamente los que realizan los GAR, y cabe recordar que estas unidades responden de forma directa a instrucciones del Ministerio del Interior español.

«Condicionar el proceso»

El hecho de que los GAR hayan acrecentado su actividad en las vías vascas se enmarca en una «clara estrategia», según Askatasuna. «Tenemos también otros datos que nos llevan a concluir que se trata de una maniobra para condicionar el proceso, una estrategia represiva», apunta Larrinaga.

En uno de estos controles, en Abadiño, fue detenido hace tres semanas Ibon Meñika, que luego agotó los cinco días en dependencias policiales, donde denunció haber sido torturado, y fue encarcelado. A través de su testimonio se llegó a mandar a prisión también a Sandra Barrenetxea (liberada luego por el juez Pedraz) y el caso ha desembocado por ahora en el cierre de la herriko de Zamudio.

Askatasuna reitera que, de cara a un proceso democrático, «es necesario poner en marcha condiciones y mínimos democráticos», en los que este tipo de prácticas no tendrían cabida. Por ello, apela a la necesidad de desactivar esas medidas y afrontar así el problema de «la estrategia represiva» en su integridad. En esa línea, Larrinaga también incide en la ocupación policial que padece Euskal Herria desde hace décadas, al destacar que «si se sigue diciendo que son tiempos para dar fin a la imposición política de los estados en todos sus ámbitos, esas fuerzas deberían salir de este país».

El diputado del PNV Josu Erkoreka hizo una mención leve a esta cuestión tras reunirse con Zapatero en La Moncloa hace diez días, pero la retirada de las FSE no está aún en los discursos de los partidos. A este respecto, Askatasuna subraya la importancia de la movilización ciudadana ya que «sin ella no se vislumbra la posibilidad de que la denuncia política y la consiguiente inserción de la represión en la agenda política puedan llegar a confluir en un proceso resolutivo». -

BILBO