BILBO
La asociación de consumidores EKA-OCUV recomendó ayer cautela a los afectados por la presunta estafa filatélica que parece estar detrás de la intervención judicial contra las empresasAfinsa y Fórum Filatélico, y subrayó que el mensaje para esas personas es esperar, porque aunque las acusaciones fueran reveladas ayer a través del sumario, aún faltan por determinar de manera definitiva los delitos que se imputan y a quién se imputan.En este sentido, el asesor jurídico de la asociación, Iñaki Velasco, explicó tras conocer el auto que hay que ser «precavidos» ante la posibilidad de que «las personas detenidas queden en libertad sin cargos», por lo que se hace necesario «esperar a que la Audiencia entienda que hay indicios racionales de que estas personas han cometido estos delitos y se dé inicio al procedimiento».
En este sentido, planteó que hasta que no se inicie este procedimiento, «no sabemos con seguridad a qué nos enfrentamos, sobre todo para determinar la situación económica de la empresa, que al final es lo que a la gente le va a importar, para ver si va a ser capaz de afrontar las responsabilidades económicas».
El experto jurídico dijo que «mientras que la Audiencia Nacional no impute a alguien por un delito, estamos hablando siempre de presunciones», aunque «está claro que la querella es muy grave y está confirmando los peores augurios». Este miembro de EKA-OCUV se refirió al «agujero muy importante» que se está descubriendo según los datos de la querella conocidos ayer.
«Nuestra organización hará todo lo posible, aunque está difícil, por representar a los afectados e intentar que recuperen el dinero, pero por desgracia pinta mal la cosa», anticipó, por lo que se mantiene la «petición de paciencia y cautela».
El letrado indicó que entiende el nerviosismo de los inversores ante los rumores. Recordó que hasta el momento no se han producido impagos de cuotas o préstamos y aclaró que no hay plazos para la presentación de denuncias, por lo que recalcó que no hay temor a que prescriban las acciones pertinentes. «Que no se dejen llevar por la angustia del momento y tomen decisiones precipitadas», manifestó, y aclaró que el proceso puede ser muy largo.
Con respecto a la evolución de la actuación judicial emprendida por la Audiencia Nacional contra Afinsa y Fórum Filatélico, Velasco explicó que la cuestión se puede resolver mediante el nombramiento de interventores judiciales, de forma que la actividad de las empresas siga su curso, o puede que se produzca un proceso de quiebra técnica.
Portavoces de EKA aclararon, por otra parte, que están en contacto con asociaciones de consumidores de diferentes puntos del Estado español y con el Consejo Consultivo del Consumidor y mostraron su compromiso de salir a la opinión pública en cuanto tengan información de relevancia.
La asociación se refirió asimismo, en su comparecencia ante los medios en la capital vizcaina, a la respuesta de la Administración ante un escándalo que afecta a los ahorros de entre 18.000 y 22.000 familias, según indicaron, y que calificaron como «una de las crisis más importante del ámbito del consumo de los últimos años».
La presidenta de EKA, Berta García, responsabilizó al Ministerio de Sanidad y Consumo de lo ocurrido, «por no haber controlado esa actividad y haber investigado antes, si como dicen ahora tenían conocimiento de impagos a Hacienda y a la Seguridad Social desde el año 2000» y reiteró su petición de que se legisle para regular el sector de los fondos de inversión».
N.G.
BILBOTanto la presidenta de EKA, Berta García, como el letrado de la misma asociación de consumidores, Iñaki Velasco, señalaron sobre el colectivo afectado que «estamos hablando de pequeños ahorradores», y de un negocio «que funciona por el boca a boca».
García lamentó que «ahora se quiera transmitir que los clientes de esas empresas han sido gente avariciosa que quería hacer dinero rápido», cuando «actuaban más bien por ignorancia y nadie les advirtió del riesgo de esas operaciones». Subrayó al respecto que «la mayoría de la gente desconocía dónde se estaba metiendo» y añadió que estaban invirtiendo en un producto de alto riesgo y debería habérseles informado. Ambos responsables insistieron en que el consumidor no tiene por qué ser conocedor de la normativa sobre inversiones financieras y que es obligación de la entidad que oferta el producto dejar claras las condiciones.
Señalaron que «ahora no se puede dejar tirados a los inversores» y responsabilizaron de la situación a la Administración.
