Etxerat llama a salir a la calle por los derechos de EPPK
Una vez más, Etxerat apela a la necesidad de que sea la ciudadanía vasca la que salga a la calle en defensa de los derechos de los presos políticos vascos «sin esperar a que alguien haga algo» para poner fin a la «sistemática vulneración de sus derechos». Anima así a hacer presión a los partidos y estados para que den pasos «hacia la verdadera solución».
BILBO
El colectivo de familiares de represaliados políticos volvió a emplazar ayer a la ciudadanía para que salga a la calle en defensa de los derechos de EPPK, así como los de sus familiares y allegados. «Salir a la calle para terminar con la dispersión, para obligar a los estados y a los partidos políticos a dar pasos hacia la verdadera solución. A la calle para exigir la repatriación, la aplicación del estatus político y para tenerles a todos en casa para siempre», puntualizaron los portavoces Estanis Etxaburu y Agurtzane Alkalde.Acompañados por un nutrido grupo de familiares entre los que se encontraban el primo de Jon Agirre Agiriano y Aitor Carretero, vecino de Portugalete que sufrió un accidente el domingo, denunciaron en rueda de prensa algunas de las «consecuencias intolerables» de la política penitenciaria de los estados español y francés. Citaron el caso concreto de Jon Agirre, «que lleva 25 años secuestrado», a la vez que censuraron en general cómo «semana tras semana, nos obligan a recorrer largas distancias, salir del trabajo y tener que encontrarnos ante un largo camino para llegar a ofrecer nuestro cariño. Y así seguiremos mientras no terminen con nosotros y nosotras». De esa forma tan gráfica recordaron que la dispersión ha causado un nuevo accidente, el décimo en lo que va de año (con 21 personas afectadas). Se referían al caso de Carretero, que a consecuencia del siniestro que sufrió el domingo cuando volvía a Portugalete tras haber realizado una visita en la cárcel de Villabona sufre una distorsión en las cervicales, una vértebra dañada, dolores al respirar y golpes por todo el cuerpo.
«Sólo un número más» «No hablaremos de los daños del automóvil, no es cuestión de dinero, hay que hablar de vida. Pero no, estos hechos no se considerarán como un atentado contra ese presunto proceso; se dará cuenta de ello como un número más en las estadísticas de accidentes de carretera, volviendo a ocultar una vez más la verdad al pueblo», dijo Etxaburu. «Nos preguntábamos que hasta cuándo, y la respuesta es que hasta terminar con esta política de dispersión, con la cual vamos a terminar», pues «no estaremos a la espera de que alguien en algún momento haga algo; hemos de ser nosotros los que presionemos y obliguemos a que se den esos pasos».
A este respecto denunció, entre otras cosas, que se están restringiendo las comunicaciones en todas las prisiones, que los prisioneros siguen sin poder estudiar en las universidades vascas y que «los tratos crueles siguen siendo el pan de cada día. Pero nunca echarán en falta nuestro calor». Recordó también que son cuatro los niños menores de 2 años que se encuentran con sus madres en cárceles de Valencia, Madrid y Palencia, «pero lograremos sacarlos sonrientes de esos sucios agujeros para ofrecer a su generación un futuro de ilusión; así, saliendo todo el mundo a la calle, pues será ese futuro el que traiga a todos a casa». «Debemos seguir movilizándonos», insistió. «De esa forma conseguiremos el respeto y garantía de todos los derechos de nuestros familiares y allegados presos, así como los nuestros. Estando unidos en Euskal Herria y de forma conjunta debemos obligar a las instituciones, partidos y estados a tomar acuerdos hacia la verdadera solución, aquella que traerá a casa a todos los represaliados políticos vascos, presos y exiliados, sin dar opción alguna a crear nuevos familiares», concluyó Etxaburu.
25 años preso, con las 3/4 partes cumplidas en 1996 y con el artículo 92 denegado
I.A.
BILBOAyer se cumplían 25 años desde que, «tras sufrir salvajes torturas» durante diez días en manos de la Guardia Civil, Jon Agirre Agiriano fue encarcelado. Los miembros de Etxerat que comparecieron junto a un primo del preso citaron el caso del vecino de Arrasate como «un claro ejemplo del carácter político de nuestros familiares secuestrados». Explicaron que Agirre ha estado continuamente clasificado en primer grado y que padeció diez años de régimen de aislamiento en soledad 21 horas del día en una celda de reducidas dimensiones, para resaltar que todo ello le ha ocasionado graves problemas físicos en las vértebras lumbares, desgastes en las dos caderas, hipertensión, diabetes... En 1996 cumplió las 3/4 partes de la pena, pero tampoco entonces lo liberaron. Y fue a los dos años cuando empezó a sufrir fuertes dolores. Sin embargo, Agirre fue alejado de la cárcel de Huelva a la de Málaga, sin que lo trasladaran a un hospital. «Aquí lo tuvieron durante cuatro meses tumbado en la cama de la enfermería, negándosele realizar pruebas médicas e incluso medios como muletas para poder andar», relató Etxerat. En febrero de 2005 le trasladaron a Logroño, y en abril lo llevaron al Hospital Donostia para operarle. «Estuvo padeciendo dolores ocasionados por su estancia en prisión durante siete años, sin que se le realizaran pruebas médicas», agregó. Pese a pedir la aplicación del artículo 92 que habla de la liberación de los presos con enfermedades graves, la Audiencia Nacional se la ha denegado recientemente (al igual que a José Rego Vidal). Ahora lo tienen en la enfermería de Langraiz.
«Estos estados no son democráticos»
Preguntado sobre un hipotético acercamiento de los presos, Etxaburu dijo que «en cualquier situación política» los derechos de EPPK «siempre han de ser respetados, sin chantaje ni venganza. Si alguien quiere verificar algo, que vaya a las cárceles o se acerque a los familiares para poder demostrarle que aquí sí padecemos una violencia». Opinó que «el hecho de que se hable de cambios en política penitenciaria nos demuestra que estos estados no son democráticos». -
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