Las haciendas forales no incluirán en la reforma fiscal de 2007 cambios en las EPSV
El presidente de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi, Ignacio Etxebarria, confirmó en la Universidad de Deusto que en la nueva reforma fiscal, sobre la que las haciendas forales están trabajando «no se contemplan mejoras fiscales para los planes de empleo de las EPSV». La propuesta que Lakua presentó en enero planteaba extender este sistema, pero con apoyo de medidas fiscales. En Deusto se debatió sobre el futuro de las pensiones y quedó claro que «el sistema público por sí solo no ofrece garantías de futuro» así como que éste pasa por planes privados.
BILBO
El presidente de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi (EPSV), Ignacio Etxebarria, reconoció ayer en la Universidad de Deusto que las haciendas forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa están trabajando dentro del Organo de Coordinación Tributaria en una nueva reforma fiscal para 2007, en la que no se contemplarán, aún, las exigencias fiscales y tributarias del plan que el Gobierno de Lakua aprobó en enero para «generalizar» la previsión social voluntaria entre los trabajadores.Etxebarria reconoció que en la nueva reforma para el próximo año «no habrá un efecto inmediato en torno a los planes de empleo de las EPSV, porque debe de estudiarse más», aunque destacó que las haciendas «son sensibles a este tema».
Cuatro actuaciones fiscales
El plan de Lakua propone un tratamiento tributario basado en cuatro actuaciones, como ayer mismo recordó el viceconsejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Juan José Loroño, en la jornada sobre «el futuro de las pensiones complementarias desde la perspectiva vasca y estatal», que organizaron La Comercial de la Universidad de Deusto y la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi. Precisó que «es necesaria la separación de los límites de apor- taciones en el IRPF reservando uno exclusivo para los sistemas de empleo cualificados y otro para los sistemas individuales y asociados, con lo que queda sobradamente protegida la inmensa mayoría de la población laboral ocupada». También propone implantar un límite porcentual. Así, en los planes de aportación definida, llegaría a un 10% del salario; mientras que en los planes de prestación definida «se plantearía sobre la pensión total a percibir». Las otras dos medidas inciden en una deducción en cuota del IRPF para «las rentas medias y bajas, que entren en los planes complementarios de empleo» y, por último, el mantenimiento de las aportaciones del colectivo empleado «como gasto deducible en el Impuesto de Sociedades». El plan que aprobó en enero pasado el Ejecutivo autonómico profundiza en el sistema complementario, porque considera que la pensión pública no estará garantizada en un futuro con una cantidad que permita mantener una vida digna. Ignacio Etxebarria, presidente de la Federación de las EPSV, indicó que «en la actualidad los planes de empleo, los que se pactan entre las empresas y los trabajadores, abarcan al 27% de los ocupados, pero se pretende llegar al 70%».
«Seguridad jurídica»
Para lograr este objetivo, Etxebarria reclamó «seguridad jurídica en temas fiscales». En ese sentido, el viceconsejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Juan José Loroño, reconoció que es fundamental «crear el segundo pilar de pensiones como sistema complementario generalizado, que satisfaga en el futuro pensiones suficientes, eficientes y sostenibles». El punto de partida, como está ocurriendo desde hace años, se sitúa en el análisis de que el sistema público de pensiones no tiene futuro, tal y como está concebido en la actualidad, viendo la evolución de la población ocupada y, sobre todo, el alargamiento en la esperanza de vida de las personas. Las previsiones económicas sobre el futuro de la Seguridad Social, de momento, siempre han fallado. De hecho, hace veinte años se anunció con bastante estruendo que en 2005 el sistema quebraría. Una vez revisado ese cálculo, se anuncia ya que a partir del año 2015 el sistema público no podrá garantizar las pensiones y, como mucho, se prevé que ese escenario sustentado por la Seguridad Social pueda prolongarse hasta el 2022, como máximo. En vista de la saturación del sistema público, se cree que los sistemas complementarios y los privados deben ser una de las salidas a este problema tan importante al que se enfrenta la sociedad. La vías mixtas, sin embargo, no dejan de fomentar la actividad financiera privada, lo mismo que los fondos de pensiones, que en estas operaciones se juega una parte muy importante de sus resultados. Javier Serba Antón, de BBVA Gestión de EPSV, señaló que «en 1991 había en el mercado dieciséis planes de previsión de renta fija, pero 2005 se cerró con 216 planes con múltiples estrategias de inversión con 33 entidades financieras que participan». La Federación de EPSV de Euskadi presentó ayer los datos hasta marzo de 2006. En el contexto de esa jornada, Ignacio Etxebarria recordó que «la previsión social de Euskadi alcanza un patrimonio de 14.300 millones de euros, que representa ya el 24% del PIB».
El coste fiscal se encuentra en el 1%, según indica la OCDE
El presidente de la Federación de EPSV de Euskadi apostó por el sistema complementario. Dijo que «el aumento del ahorro de la población» tiene «efectos positivos» sobre la economía. Adelantó que la OCDE, sitúa el coste fiscal de las pensiones complementarias «entre el 1% y el 2% del PIB». Para él, es un porcentaje mínimo, puesto que el déficit de pensiones es del 7%. -
|
