Hace casi tres años, el 18 de julio de 2003, fueron detenidos seis ciudadanos vascos que llevaban años residiendo en México. Para estas seis personas se inició entonces un largo y accidentado periplo que se cerró ayer al hacerse efectiva su extradición al Estado español. Han sido tres años de acusaciones no probadas, de irregularidades, de encuentros del juez Baltasar Garzón, instructor de la causa, con autoridades mexicanas, y, también, de impresionantes muestras de solidaridad de representantes de muy diversos sectores de la sociedad de ese país para con los seis ciudadanos que han permanecido encarcelados en el Reclusorio Norte y en el penal de Santa Marta de Acatitlán.

El pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia mexicana autorizó la extradición de los seis vascos, poniendo así la última piedra de un edificio construido al modo y manera del juez Baltasar Garzón, esto es, presentando graves acusaciones ante las que son los detenidos quienes han de probar su inocencia. Con esta decisión no unánime del máximo tribunal de la Justicia mexicana (tres de los magistrados votaron en contra y uno de ellos alertó sobre el peligro de tortura que pesaba contra los seis ciudadanos vascos), se cerraban las puertas a los argumentos esgrimidos por quienes a lo largo de estos años han reclamado a la Justicia de México una decisión independiente y ajustada tanto al derecho como a la tradición de asilo mexicana, y se ponía punto final a un proceso que, según han denunciado muy diversas voces, ha estado plagado de irregularidades.

Y finalmente, la extradición se ha llevado a cabo, y lo ha hecho casi de la misma forma en que se inició. Hace tres años, las detenciones se produjeron en una espectacular operativo, y ayer, el traslado de los seis ciudadanos a Madrid, donde hoy deberán comparecer ante el juez Grande-Marlaska, no se ha realizado en avión comercial, sino en un avión fletado por el Estado español para la ocasión.

De esta manera se ha consumado la que para algunos importantes sectores de la sociedad mexicana ha sido una cesión a las presiones iniciadas por el Gobierno de José María Aznar y el juez BaltasarGarzón y, por lo visto ayer, rematadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el juez Grande-Marlaska. Todo un símbolo de estos tiempos en los que ante las promesas de apertura de procesos de diálogo para la paz, se impone una realidad que mantiene activa e inalterable la apuesta represiva contra el independentismo vasco. -