BILBO
«No se puede llamar buen acuerdo al que legitima la extensión de la precariedad», subrayó ayer Adolfo Muñoz, responsable de Negociación Colec- tiva de ELA, al valorar la reforma laboral firmada recientemente en Madrid. A juicio de ELA, ESK y STEE-EILAS, el acuerdo que suscribieron el Gobierno español, las patronales y los sindicatos CCOO y UGT, el gran beneficiario de esta reforma son los empresarios porque se renuncia a combatir de forma eficaz la alta tasa de eventualidad existente en el Estado español (33%), muy superior a la media europea (12%).
El secretario general de ELA, José Elorrieta, consideró que supone «la consolidación estructural de la precariedad en el mercado de trabajo», por lo que criticó duramente que CCOO y UGT la respalden. Opinó que la lucha contra la precariedad era «el gran desafío» y lamentó que no se haya hecho.
Aseguró que la patronal «gana» ya que «se da por hecho» que la alta precariedad es «el elemento estructural» del mercado laboral y censuró que los sindicatos de ámbito estatal lo acepten. Añadió que se beneficia también porque en una coyuntura de bonanza económica se reducen de sus aportaciones a la Seguridad Social.
Los tres sindicatos señalaron que la reforma destina «más dinero público a los bolsillos de los empresarios mediante bonificaciones, subvenciones y reducciones de cuotas sociales».
Elorrieta aseguró que «se generaliza el despido, ya que despedir al fijo es fácil y realmente barato».
Adolfo Muñoz denunció el «proceso continuado de reformas», que se apoyan en la anterior y continúan «lesionando»los derechos de los trabajadores e introduciendo cambios «para que el mercado de trabajo se más precario». Aseguró que «consolida la extensión de contrato indefinido» y sostuvo que «el contrato fijo va a pasar a la historia. Recordó que la anterior «cumplió lo referente a la reducción de derechos pero no redujo la temporalidad». Afirmó que «el despido es libre», al no haber garantías para denunciar el fraude en la contratación y criticó el «deterioro»de los servicios de inspección laboral y de la autoridad laboral, que no persiguen ese fraude.
Angel Abalde, de ESK, explicó que «los cálculos de coste de esta reforma alcanzan los 2.175 millones de euros y la patronal se va a llevar 424,5 millones (49%) el primer año y 849 millones (66%), en 2007». Mientras que lo que podemos estimar que puede beneficiar a la mejora de las prestaciones del Fogasa o algunos subsidios para los trabajadores sólo alcanza el 24%».
Arantza Fernández de Gayarre, de STEE-EILAS, concluyó que «las pequeñas mejoras no compensan el cheque en blanco dado a los empresarios».
