presunta estafa filatelica
Ausbanc aduce responsabilidad patrimonial de la Administración y pide «ceses políticos»
·la asociacion de usuarios exige la dimision del subsecretario de consumo y de la directora del inc
La presunta estafa filatélica en el Estado español sigue generando noticias. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, ofreció ayer ruedas de prensa simultáneas para exigir el cese o la dimisión de dos responsables de Consumo de la Administración española, toda vez que solicitó de las diputaciones y Juntas Generales realizar las modificaciones tributarias necesarias para «suspender» las obligaciones fiscales de los afectados. Por otra parte, en Gipuzkoa se anuncia la creación de una plataforma, mientras que en Bizkaia EKA-OCUV ha convocado asambleas.
BILBO
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc Consumo, mostró ayer en Bilbo su «apoyo incondicional a las víctimas y damnificados por la presunta estafa filatélica en la que se han vuelto envueltos cientos de miles de inversores y ahorradores particulares», toda vez que pidió la dimisión o el cese de Fernando Puig de la Bellacasa, subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, y de Angeles Heras, directora del Instituto Nacional de Consumo (INC), al considerar que debe haber «ceses políticos», por «la ineficacia y la dejación de responsabilidades en este asunto».Aitor Beldarrain, delegado de Ausbanc Consumo, manifestó que nos encontramos «ante la mayor crisis en el ámbito del consumo» que se ha producido en el Estado español, por un asunto que afecta a alrededor de 400.000 víctimas directas en torno a 20.000 en Hego Euskal Herria «que confiaron en dos de las sociedades de inversión en bienes tangibles más relevantes y presitigiosas del país». En este sentido se refirió al perfil de los ahorradores-inversores, «en muchos casos jubilados con pensiones mínimas», para añadir que seguirán trabajando «en defensa de los afectados», aunque adelantó que la posibilidad de recuperación del dinero será, en cualquier caso, «parcial», añadiendo que «las cosas no pintan bien».
«Pasividad e inoperancia»
Beldarrain exigió responsabilidades «ante la falta de previsión, pasividad e inoperancia demostrada en el asunto por parte de las autoridades» y sustentó la petición de dimisión de Fernando Puig y Angeles Heras en base a la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversiones Colectivas «que establece el deber de información al cliente de los elemento importantes del contrato y la legislación, además de prever el desarrollo de las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones conforme con lo que reglamentariamente se establezca». Asimismo, recordó que en el real Decreto que desarrolla la Ley 35/2003 establece que «el desarrollo de las demás instituciones de carácter no financiero queda pendiente del posible desarrollo que pudiera hacerse en el futuro por orden ministerial» y denunció que «la desidia demostrada en materia de consumo ha supuesto que, transcurridos más de dos años, ni siquiera se haya publicado un modelo normativo». Ausbanc acusó asimismo de «negligencia» al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), «organismo que teniendo la obligación de exigir al Gobierno el desarrollo de la Ley, no ha cumplido con dicho cometido». Además, se refirió «a la especial culpabilidad, tanto de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su absoluta deslealtad con el CCU al no remitir a los órganos competentes un informe en su poder sobre el sector, como de ADICAE, por su dudosa transparencia».
«Trasladan responsabilidades»
Beldarrain, que consideró la presunta estafa filatélica como la crisis más importante desde la colza, criticó que el Instituto Nacional de Consumo quiera trasladar las responsabilidades a las comunidades autónomas. A su juicio, el Ministerio español de Sanidad y Consumo «debería haber tomado en su día una serie de medidas que habrían evitado esta crítica situación», entre ellas «hacer cumplir estrictamente la Ley y constituir una unidad de análisis patrimonial de bienes tangibles de colección». Ausbanc Consumo ha interpuesto querellas en el ejercicio de la acción popular en los Juzgados Centrales de Instrucción número 1 y 5 de la Audiencia Nacional española y está llevando a cabo las gestiones oportunas para personarse en el procedimiento del concurso de Afinsa y Fórum Filatélico ante los Juzgados de lo Mercantil números 6 y 7 de Madrid. Las organizaciones de consumidores, por su parte, han convocado a los afectados a varias asambleas informativas que, «dado el gran número de afectados», se celebrarán el 23 de mayo en el bilbaino pabellón de La Casilla, el 24 de mayo en la Casa de Cultura Clara Campoamor de Barakaldo y el 26 de mayo en el Aula de Cultura de Villamonte en Algorta, en todos los casos, a partir de las 19.00. Por otra parte, varios centenares de guipuzcoanos que tienen invertidos más de cinco millones de euros en Afinsa y Fórum Filatélico crearán una plataforma para denunciar judicialmente su caso ante los tribunales. Los agrupados en torno a esta plataforma son ya cerca de 350 y se reúnen todos los jueves y domingos en el Centro Asís de Donostia para analizar su situación e intentar reunir al mayor número de afectados posible. La mayoría de estos inversores pertenecen a Afinsa, empresa que tiene una sede en la capital guipuzcoana, aunque también hay algunos casos relacionados con Fórum Filatélico.
«Deben modificar la normas tributarias»
Aitor Beldarrain consideró que las diputaciones y las Juntas Generales «tienen algo que decir en el tema fiscal, pero eso se debe concretar y plasmar en algo».
En este sentido, el delegado de Ausbanc en la CAV instó a realizar las modificaciones de las normas tributarias necesarias para «suspender» las obligaciones fiscales de los afectados en la presunta estafa.
Según Beldarrain, los afectados «han estado declarando rentas sobre un capital supuestamente existente, pero ahora no va a haber capital». -
«Tienen derecho al compromiso del Estado a garantizar un juicio rápido»
BILBO
El denominado Decálogo de Medidas para los Afectados presentado por Ausbanc solicita, en su segundo punto, la creación de un juzgado específico para este caso.Se solicita que, desde el Gobierno español y las diputaciones forales, «se clarifiquen las consecuencias fiscales derivadas de esta situación». Considera Ausbanc que si se trata de un fraude piramidal y lo que se vendía estaba sobrevalorado o era falso, «al igual que se han suspendido las obligaciones de los afectados para las compañías, se suspendan las obligaciones fiscales respecto a estos productos». Los afectados «tienen derecho», según este decálogo, «a que el Estado se comprometa, con absoluto y escrupuloso respeto a los derechos procesales de las partes, a garantizar un juicio rápido», toda vez que se considera necesario que por parte del Gobierno español «se den mensajes de apoyo a las víctimas del fraude».
Petición a los medios
Hay asimismo un punto dirigido a las asociaciones de profesionales de los medios de comunicación, a las que se pide que transmitan el mensaje de que «el quebranto económico experimentado» por las víctimas directas «no puede generar con sus comentarios otro daño añadido, igualmente irreparable, para las víctimas». En el Decálogo de Medidas para los Afectados presentado ayer, Ausbanc advierte de que «hasta que todos los afectados no hayan recuperado la totalidad de sus ahorros, nadie puede percibir ni un duro, porque los derechos preferentes, prioritarios, son los de las víctimas». Además de remarcar que los ahorradores no son «especuladores ni codiciosos» y pedir que se establezcan los mecanismos necesarios para poyar sicológicamente a los afectados, Ausbanc considera que las ayudas oficiales «deben ser concedidas directamente a los afectados, no a los colectivos y, menos aún, a determinadas asociaciones escogidas sin concurso público». Se añade, al respecto, «que no se creen víctimas de primera y de segunda se apunta en el punto número nueve del decálogo adoptando por parte del Gobierno decisiones que corresponden sólo a las propias víctimas, como es el caso de decidir quién y cómo las representan».
Ceder derechos
Se pide llevar a cabo las revisiones y auditorias pertinentes para imprimir mayor transparencia «a fin de transmitir confianza en ahorradores que hubiesen depositado su capital en otras empresas del sector».Ausbanc propone prever la posibilidad, como ocurre con los fondos de garantía, de que los afectados puedan ceder los derechos de crédito al Estado y, en su caso, los bienes y activos de los clientes (los sellos), ya que, de este modo, la asociación considera que se puede agilizar el procedimiento al poder reducir el número de afectados. Beldarrain señaló que el Estado «puede inyectar en el mercado unos activos en plazos más prolongados, obteniendo, de este modo, «posibles valores de enajenación más elevados que si se colocaran por los propios particulares de manera inmediata. Con ello, se permite que las víctimas directas puedan recuperar, caso de ser posible, alguna cantidad en un plazo muy inferior».
Un archivo filatélico de la ONU fue vendido a una filial de Afinsa
NUEVA YORK La ONU está a punto de concluir la investigación sobre la venta no autorizada por el secretario general, Kofi Annan, del histórico archivo filatélico del organismo mundial a una filial estadounidense de la sociedad española Afinsa. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que las indagaciones empezaron «cuando las hojas de balance del departamento de Administración Postal de las Naciones Unidas (UNPA) mostraban ingresos irregulares, después de años de pérdidas». La Oficina de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) es la que lleva a cabo la investigación, por encargo del propio subsecretario general para la Gestión, el estadounidense Christopher Burnham. «Se está intentando descubrir si los funcionarios que autorizaron la operación lo hicieron para mejorar el rendimiento financiero del departamento o como una actividad criminal», dijo Dujarric, y añadió que ninguno de los documentos analizados indica que Annan tuviera conocimiento de la operación de venta del archivo filatélico de la ONU, realizado en 2003. Por el momento, los funcionarios del UNPA que participaron en la autorización de la venta de la colección de sellos de la ONU han sido suspendidos de sus funciones. LA ONU es la única entidad internacional que puede acuñar sellos y desde 1951 ha puesto a la venta más de mil timbres, muchos de ellos insólitos, diseñados por artistas en conmemoración de aniversarios especiales o celebrando el trabajo de las operaciones de mantenimiento de la paz y otros acontecimientos. La colección también contenía pruebas de impresión y otras singularidades de gran interés en el mundo de los coleccionistas filatélicos. En el ejercicio bianual de 2000-2001, la UNPA registró pérdidas de 2,9 millones de dólares, por lo que la gerencia del departamento impulsó una nueva política de mercadotecnia y promoción de las obras filatélicas de la ONU. El archivo de sellos, considerada la joya de la corona de la ONU, fue puesto a la venta en una subasta en Ginebra. El lote fue adquirido por 3 millones de dólares por Arthur Morowitz, director de la firma Champion Stamp Collection, quien revendió la colección a una firma de subastas de Nueva Jersey, Greg Manning. Seis meses después, esta firma volvió a subastar algunos de los sellos más valiosos de la colección. Una parte importante fueron a parar a la firma Afinsa Bienes Tangibles, con sede en Madrid y que ahora está siendo investigada
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