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Gara > Idatzia > Jendartea 2006-05-19
Exigen invalidar el concurso de suelo en Gendulain
·Dos grupos de la Cendea de Zizur piden más plazo para analizar los últimos datos

Representantes de las formaciones Nueva Cendea y Erreniega de la Cendea de Zizur exigieron que se declare nulo el concurso de los terrenos de Gendulain debido a que han encontrado varias «irregularidades» que «parecen deliberadas» y persiguen «dificultar la participación de los ayuntamientos en la resolución del concurso».

GAZOLATZ

El proyecto urbanístico que prevé construir cerca de 15.000 viviendas en el término de Gendulain (Cendea de Zizur), ha venido ligado desde sus inicios a una gran polémica. Ahora, este largo proceso ha dado un paso más gracias a las numerosas irregularidades que recientemente ha denunciado por unanimidad el Ayuntamiento de la Cendea de Zizur.

«Exigimos que se reconozcan como no admisibles las ofertas de Gendulain y que se declare nulo el concurso», afirmaron Miguel Sanz Izco, del grupo municipal Nueva Cendea, y Enrique Miranda, de la candidatura popular Erreniega, en una rueda de prensa ofrecida ayer. En ella citaron varias de las irregularidades de las que ha estado rodeado el proyecto, desde la misma constitución de la mesa de contratación hasta los últimos acontecimientos ocurridos este mismo mes. La mesa fue constituida el 25 de octubre de 2005, señalándose que, además de varios miembros del Gobierno de Nafarroa, debían estar presentes un vocal por cada municipio afectado, quince en total.

Sin embargo, tal y como refleja el expediente al que tras más de dos meses intentándolo ha podido acceder Miranda, en los propios municipios no recibieron convocatoria alguna. Señaló, al respecto, que durante todo el proceso ha habido grandes dificultades para analizar la información del proyecto, a pesar de tratarse de un documento público al que «cualquier navarro» debería poder acceder.

Finalmente, el expediente llegó a sus manos a falta de seis días para que concluyera el plazo de presentación de recursos, hecho que se ve agravado si se tiene en cuenta que no recibieron ningún llamamiento de reunión para la mesa, salvo la que fueron convocados a modo de oyentes, «un acto de cortesía con muy pocas o ninguna opción a incluir en los informes nuestras proposiciones y demandas», señaló Miguel Sanz. Además, denunciaron que el expediente no recoge ninguna de las alegaciones interpuestas por varios consistorios.

Asimismo, recalcaron la gravedad de que en el expediente haya informes, estudios y hasta una nueva escritura de compraventa ­relativa a los tres millones de metros cuadrados que quedaron sin vender tras la firma de la primera­ inexistentes al finalizar el plazo de presentación de toda la documentación procedente.

«Sólo esto es suficiente para anular todo el concurso», destacaron los dos ediles. Por todo ello, tildaron los hechos de «muy graves» y aseguraron que todo el proyecto habría sido rechazado si «el Gobierno hubiera hecho sus deberes».

Irregularidades de fondo

Según explicaron, el proyecto también presenta varias irregularidades respecto al contenido. En concreto, destacaron el precio aproximado del suelo, «concluido tras una estimación conservadora». Indicaron que, aunque las bases del concurso establecen el precio máximo permitido del metro cuadrado en 30 euros, la estimación realizada eleva dicho precio a 83,44 euros, un 278% por encima del máximo permitido.

Asimismo, denunciaron que los parámetros urbanísticos previstos son «de escándalo», ya que se prevé la densidad del sector residencial en 80 viviendas por hectárea. Señalaron que son cifras correspondientes a construcciones como las que se hacían hace 30 o 40 años, ya que hoy en día las densidades oscilan entre las 40 o 50 viviendas por hectárea. Además, el 80% de las ofertas de compraventa se sitúa fuera del ámbito del concurso, llegando incluso a alejarse dos kilómetros del límite de éste.

Por todo ello, ambos ediles anunciaron que han presentado un recurso de reposición para que se rechacen las ofertas, declaren nulo el concurso y establezcan una prórroga del plazo de interposición de recursos para poder estudiar más a fondo el expediente.


 
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