El Consejo Político del Gobierno de Lakua volvió a comparecer ayer públicamente para reiterar una serie de mensajes ya conocidos por la ciudadanía, por cuanto todos ellos han sido suficientemente explicitados anteriormente tanto por el lehendakari como por la portavoz de su Ejecutivo. Al margen de lo acertado de algunos de los principios expuestos, no parece que la rueda de prensa tuviera otra finalidad que la de escenificar un cierto liderazgo del Gobierno autonómico en el proceso de normalización democrática y en la búsqueda de la constitución de una mesa de partidos. Incluso se comprometió el tripartito a que habría acuerdo y consulta popular. Sin embargo, este liderazgo es imposible, y tanto el lehendakari como el resto del Consejo lo saben. En primer lugar, el Ejecutivo de Lakua tiene una limitación institucional y territorial para abordar un proceso cuyo protagonista, como aseguró Ibarretxe, es Euskal Herria. Y, en segundo lugar, dicho liderazgo tampoco es reconocido dentro de la Comunidad Autónoma Vasca por ninguno de los partidos que están fuera del tripartito. El lehendakari ha dicho en más de una ocasión que su papel en el proceso será el que determine el conjunto de las fuerzas políticas. No debería romper esa pauta con ejercicios innecesarios. -

Orden a la Policía de investigar la reunión
El juez Baltasar Garzón requirió ayer a la Policía española que «informe ampliamente del resultado» de la reunión que hoy mantendrán la dirección del PSEy miembros de Batasuna por si surgieran «datos o indicios de que lo realizado es aparentemente delictivo». La medida es sumamente grave, por cuanto inmiscuye a la Policía y a la Audiencia Nacional en los contenidos de una reunión política. Cabe esperar que la UCI no establezca ningún sistema para espiar el encuentro y que se limite a recoger lo que públicamente se informe del mismo. Pero aún así, semejante decisión condiciona de manera determinante la información que la ciudadanía vaya a tener de lo tratado. Un proceso político no puede avanzar con la amenaza judicial sobre cada reunión con la izquierda abertzale. Por cierto, ¿pedirá también Garzón informes sobre los encuentros del Gobierno español con ETA? -

La precariedad laboral sigue imparable

No parece que las concesiones al empresariado que hace la reforma laboral que firmaron el 9 de mayo el Gobierno de Zapatero, la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT haya tenido el más mínimo efecto en la reducción de la temporalidad en el empleo. Aunque todavía sea pronto para extraer conclusiones definitivas, los indicios que ya se tienen evidencian que la contratación temporal es una «cultura» asentada entre los empresarios, que no se ataja ofreciéndole más facilidades, sino que precisa de actua- ciones estructurales que impidan de raíz el abuso que se hace de la legislación. En Hego Euskal Herria el 95% de los contratos firmados en junio fueron temporales y hay datos de que el 77% de estos empleos no supera los tres meses de duración. -