Por fin el presidente del Gobierno español, el pasado día 29 de junio, por primera vez oficialmente anunció el comienzo del diálogo con ETA y afirmó que el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos.

Hay que reconocer que se trata de un acontecimiento histórico que sin duda va a marcar un antes y un después. El reconocimiento público de un inicio de conversaciones con ETA es un dato muy importante. Recordemos que durante muchos años el diálogo con los «etarras» y con los «asesinos», estaba absolutamente proscrito.

Por otra parte, el anuncio de que el Gobierno va a respetar las decisiones de los ciudadanos vascos es de tal envergadura que todos nos quedamos perplejos sin saber exactamente cuál era el verdadero sentido de esas palabras. ¿Acaso a partir de este momento el pueblo vasco va a poder escoger desde un estatuto hasta una federación o una separación o una integración en un nuevo estado?

La verdad es que el paso dado por el Gobierno español es un paso hacia adelante, es un hecho muy positivo, es un camino que se abre con vocación de convertirse en autopista. Sin embargo, en el anuncio del Presidente hay unas concreciones que enmarcan y circunscriben el significado del respeto a lo que el pueblo vasco decida.

El Sr. Zapatero señala tres criterios importantes: «Máximo consenso posible, respeto a la pluralidad política de Euskadi e igualdad de condiciones». Y además señala tres reglas: «Voluntad democrática, sujección a la legalidad y amplio acuerdo político». Además la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega ha concretado que todo debe de moverse dentro del marco de la Constitución.

En mi opinión, hay que mantener la primera impresión y el primer sentimiento de optimismo e identificarse con la mayor parte de los líderes y partidos políticos que recibieron con verdadero entusiasmo el mensaje del presidente. Todos hemos sido testigos de los testimonios de personajes como Tony Blair: «Es sólo a través del diálogo y del mantenimiento del alto el fuego como podrá encontrarse una solución duradera a la situación», o de Batasuna: «Positivo y de gran calado político», o de Lasagabaster: «Resalta el reconocimiento del derecho a decidir», o de Erkoreka: «Se abre una camino hacia la normalización política del País Vasco», o de Patxi López: «Hay bases sólidas para empezar el deseado proceso de paz y de libertad en el Pueblo Vasco», o de Patxi Zabaleta: «Es una buena noticia, corresponde ahora realizar movimientos con el fin de que el proceso se vuelva irreversible».

Ahora bien, la conversión del gran «camino abierto» en una «verdadera autopista» es un quehacer que nos corresponde a todos.

A la hora de respetar la legalidad nos vamos a encontrar con una gran cantidad de personas, de grupos y de estamentos a nivel estatal e internacional que niegan el derecho de la libre determinación porque lo consideran algo exclusivo de los países coloniales. Nos vamos a encontrar también con aquellos que al referirse a los «fueros» o a los «derechos históricos del pueblo vasco» los desprecian diciendo «incomprensibles derechos históricos». En este sentido, está por realizarse un estudio en profundidad sobre las virtualidades y potencialidades de los llamados «derechos históricos» y su relación con el derecho a decidir.

Nos vamos a encontrar con los defensores a ultranza de la Constitución Española, con los representantes de la nación dominante que, en vez de recoger y respetar la opinión y la decisión democrática de los otros grupos y nacionalidades, imponen su visión de la sociedad. Todas estas dificultades en ningún momento pueden ser impedimento para valorar los aspectos positivos de la nueva época.

Hay tres grandes ejes que siguen estando vigentes después del día 29 de junio:

Primero. No puede haber paz ni normalización política en el mundo y en Euskal Herria si no se reconoce a todos y cada uno de los pueblos su derecho a decidir su futuro o a ejercer de alguna forma el derecho de la libre determinación. En 1983 el sacerdote y escritor Pierre Larzabal escribía en el libro “Una historia de incomprensión exige negociar”: «Una paz duradera no será posible en la península más que cuando España se haya convertido en una conferencia de naciones libres, relacionadas entre sí por unos lazos que ellas mismas determinarán libremente»

Asimismo el ilustre profesor Guy Heraud, en el Congreso sobre los Derechos de Autodeterminación que nuestro colectivo Herria 2000 Eliza organizó en 1985, en la misma línea, dijo: «El orden internacional lleva la violencia en germen. Y esto permanecerá mientras no se comprenda que la única alternativa a la violencia es el reconocimiento concreto del derecho a la autodeterminación».

Segundo. El derecho de la libre determinación no es un derecho de los nacionalistas. La autodeterminación no es de los nacionalistas y para los nacionalistas. No se identifica con ningún partido político ni implica necesariamente la secesión del estado al que actualmente pertenece. Serán todos los componentes de cada pueblo los que decidirán en cada momento lo que sea más conveniente para su desarrollo como grupo.

La autodeterminación o es democrática o no es nada porque, como señala Walter Connor, puede ser descrita con exactitud como «popular soberanía popular».

Tercero. Es necesario recordar que el 15 de febrero de 1990 el Parlamento Vasco proclamó el derecho de autodeterminación. El resultado de la votación fue 23 en contra, uno nulo, 38 a favor y 13 de HB que se ausentaron. Es decir, 51 de los 75 parlamentarios estaban a favor de este derecho. Por otra parte, si hacemos un estudio de las diversas recogidas de datos que se han hecho en la población vasca, nos encontramos con que una mayoría importante es partidaria de la consulta o de que la misma sociedad vasca adopte las decisiones en las materias que le afecten, y que esas decisiones deben ser respetadas.

Todos somos conscientes de que, a pesar de las dificultades, persecuciones, represiones, juicio 18/98, hay un gran deseo y una verdadera voluntad política de posibilitar la normalización, el diálogo y la pacificación.

Mientras todo esto sucede, mientras se preparan las diversas mesas, mientras el diálogo más o menos oficial recoge sus primeros encuentros y desencuentros, parece oportuno que las instituciones, los agentes sociales, los medios de comunicación hagamos lo posible para conocer la opinión de la ciudadanía, para escuchar sus deseos y necesidades. No hago más que recoger lo que repetidamente se ha estado diciendo.

Cito primero al escritor Antonio Escohotado, que textualmente dice: «Pregúntese a Euskadi qué quiere, reconózcase el derecho de secesión como corolario inevitable del derecho de constitución y veamos qué pasa. Se trata de averiguar la voluntad mayoritaria, algo curiosamente inédito desde nuestra transición al sistema democrático».

El 9 de junio de 2006 un grupo de intelectuales, Ybarra, Olaskoaga, Castells, Bakaikoa, Bandrés, y Ezeizebarrena escribían un artí- culo proponiendo un referéndum no vinculante, por el cual se preguntase «a la sociedad vasca si se considera como una comunidad con capacidad y derecho de decisión política».

Hace un año se preparó un manifiesto firmado por 700 líderes de partidos políticos, cantantes, intelectuales, personas de la cultura y afirmaban que «la consulta o manifestación de la voluntad popular es el único camino para conseguir una sociedad democrática».

Gemma Zabaleta, en un artículo en este mismo diario, decía que «si la sociedad vasca desea mantener o transformar su legitimidad política, todas las partes se deben comprometer a respetar los acuerdos».

El pasado 25 de junio, José Elorrieta decía que el «debate estratégico debe situarse en la consulta. La consulta debe ser punto de encuentro de las fuerzas autodeterministas».

En este mismo sentido, el lehendakari Juan José Ibarretxe expresamente ha afirmado en diversas ocasiones que convocará «una consulta aun sin permiso del Congreso y con la ausencia de violencia, ya sea institucional o de ETA». Dicha consulta, «...tendrá tanta validez política como la que se celebró en Gibraltar».

El portavoz de EB proponía que «el Gobierno español ceda tanto a la CAV como a Nafarroa la potestad de celebrar referendos para que los ciudadanos puedan decidir su futuro».

Al llegar a este momento de la reflexión es importante señalar que aquí no hay ninguna contradicción entre el derecho a decidir, el derecho a la libre determinación y el derecho o la necesidad de la consulta. Lo que se pretende es hacer camino, conocer la verdadera opinión de nuestros ciudadanos, ir dando pasos para soslayar las innumerables dificultades e interpretaciones interesadas que quieren retrasar la libre determinación de los vascos. Que estas consultas sirvan de estímulo y de concienciación subjetiva de la identidad y al mismo tiempo de escaparate y exigencia ante los estamentos europeos y mundiales de la verdadera realidad del pueblo vasco.

Y todo esto, como señalaba hace unos días Rafa Díez, «el nuevo ciclo político abierto no debe diluir el factor central que de generación a generación se viene planteando: la existencia de un pueblo y su legítimo derecho a decidir su futuro en libertad».

En este sentido, es importante señalar que el Tribunal Supremo de Canadá negó por una parte que el derecho de autodeterminación se pudiese aplicar a la provincia canadiense y, por otra, afirmó que si en un miembro de la federación existe una voluntad mayoritaria clara y continuada de separarse del conjunto, ambas partes, la federación y el estado, están obligados a negociar bilateralmente esa secesión, sus formas y sus consecuencias.

En este sentido es importante la búsqueda de formas para descubrir la auténtica demanda existente de identificación con los valores de un pueblo que no es mejor ni peor que los demás pueblos circunvecinos, pero que ciertamente quiere ser dueño y administrador de sus instituciones, de su cultura y de su futuro -