La atención de los medios y la correspondiente perturbación pública han hecho de la base americana de Guantánamo un faro mundial de la represión política tan poderoso que los destellos de otras represiones políticas y carcelarias mas próximas se pueden convertir en invisibles. El foco mundial que apunta a Guantánamo ha descubierto la provocación jurídica internacional que supone encarcelar a personas sin cargo, los presuntos suicidios de presos islamistas y la tortura sistemática también a menores junto a las correspondientes quejas internacionales.

Acabar con este alud de violaciones lo exige la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y también la mayoría de los líderes mundiales por lo que no es extraño ver a la pareja George Bush-Condolezza Rice en la obligación de manifestarse ante la opinión mundial sobre los vuelos de la CIA a cárceles secretas, las torturas y la ilegalidad de Guantánamo. Obligación que se extiende por otra parte, a las agencias de seguridad, incluidas las europeas, porque solicitar el permiso de aterrizaje para una aeronave en cualquier país, no es aparcar el coche en el parking del aeropuerto o en la ota del bulevard. En el transporte internacional existe lo que se llama conocimiento de embarque, que refiere pormenorizadamente los movimientos de la nave y mercancías o personas que se desplazan con ella, por lo que el desconocimiento que alegan los implicados de aquí y de allá solo demuestra una interesada ignorancia compensatoria.

Por eso, todos los líderes políticos incluido el Tribunal Supremo americano, saben del precio político que tendrá que asumir el presidente Bush y su gobierno para erradicar la violencia que han instaurado para luchar contra el llamado enemigo islamista.

También el presidente español Rodríguez Zapatero es consciente del peaje que pagará su homónimo americano, por las violaciones de los derechos humanos y las leyes ilegitimas en nombre de la lucha contra el terrorismo, aunque éste cuente con el apoyo de una democracia consolidada, un senado político y los tribunales militares. Se sabe que cuando una persona rehúsa un objeto inaceptable como propio aparece una simbólica tortícolis que facilita el mirar hacia el otro lado y el presidente español Zapatero no es una excepción ante los últimos informes ­memorias del Relator de la ONU, Amnistía Internacional o la Coordinadora para la prevención de la tortura, que denuncian irregularidades sobre las personas privadas de libertad bajo custodia del Estado español.

Y sólo en un estado de política pura se puede reclamar una actuación política en clave interna y externa para los presos de Guantánamo, encarcelados por la democracia americana y hacer caso omiso de las exigencias humanitarias avaladas por convenios internacionales, de diferentes sectores sociales hacia los presos aislados y dispersados de ETA en las cárceles españolas y francesas.

Ir a remolque de la consigna política que marca el PP de forma dramática es ignorar que la materialización del encarcelamiento puede verse influenciada, como en Guantánamo, por la opinión internacional y por las redes sociales de cambio que exigen y exigirán a sus respectivos gobiernos, una intervención sobre las condiciones de vida de los presos de acorde con una nueva situación que explora las posibilidades de un futuro en libertad para las partes en conflicto.

Analizadas las leyes de cumplimiento de penas que instauró el PP para aplicarlas especialmente a los presos vascos se llega a la conclusión que no se puede subir más la represión ni bajar a mayor profundidad, aunque la técnica intimidatoria se haya mostrado ineficaz a lo largo de décadas.

Al PSOE le toca ahora no ser esclavo de la intransigencia de quien ha descubierto y practicado que la implicación de familiares totalmente inocentes y ajenos a los hechos podría aumentar el castigo del reo, de quien ha prohibido o dificultado el uso la lengua propia de los presos vascos y de quien en definitiva no respeta los derechos fundamentales de las personas presas. Podemos y debemos mirar a Guantánamo, pero también a cualquier lugar donde se conculquen los derechos humanos de las personas privadas de libertad aunque sea el propio Estado español. -