MADRID
El juez de la Audiencia Nacional española Alfonso Guevara volvió a mostrar ayer una actitud extremadamente agresiva con tres presos políticos vascos. En esta ocasión se trataba de Xabier García Gaztelu, Aitor Agirrebarrena y Asier Arzalluz, a los que juzgó por la acción con explosivos que destruyó la discoteca Txitxarro de Deba hace seis años.
El presidente de la Sección Tercera de lo Penal, cuyos gritos y salidas de tono son de sobra conocidos por los vascos que han sido juzgados en el tribunal especial, ordenó que esposaran a la espalda a los tres prisioneros, y les impidió hablar entre ellos. Su letrada, Haizea Ziluaga, trató de protestar pero el juez se lo impidió.
El magistrado también la tomo con otro preso político, Iñigo Guridi, quien fue conducido a declarar como testigo y que, nada más entrar en la Sala, al ver la situación de los tres acusados se tiró al suelo para reclamar que les fueran respetados sus derechos. Guevara llamó entonces a dos policías, que lo levantaron, lo esposaron a la espalda y lo tuvieron con las piernas en el aire mientras estuvo en el recinto.
Guridi rechazó responder a ninguna de las preguntas que le formulaban, y el fiscal, Jesús Alonso, pidió que se le dedujera testimonio y que le abrieran diligencias por «falso testimonio». Ese mismo fiscal, ya en el turno de conclusiones, manifestó dirigiéndose a los procesados que «sus acciones son cobardes» y agregó que «si su objetivo es formar un estado independiente, ese estado estaría formado por asesinos».
La abogada de la defensa, por su parte, aprovechó su turno de conclusiones para denunciar la vulneración de los derechos de sus defendidos y anunciar que adoptaría medidas para hacer frente a esa situación.
Fue entonces cuando Guevara anunció que deduciría dos testimonios a la letrada: uno «por imputar al tribunal un delito de torturas», y otro por amenazarle «de forma directa».
No fue éste el único juicio celebrado ayer en Madrid contra ciudadanos vascos. En los juzgados de la Plaza de Castilla, Mikel Azurmendi se enfrenta a una petición de año y medio de cárcel y a una multa de 12 euros por día por un «delito de lesiones». A Azurmendi le acusan de haber golpeado a un agente de la Policía española en un traslado a la Audiencia Nacional, cuando lo que hizo fue defenderse ante la agresión de este policía en los calabozos de la sede judicial.
