Con ocasión del 75 aniversario de la II República, el 1 de abril, varios cientos de intelectuales, artistas, escritores, etc. suscribieron un manifiesto titulado «Con orgullo, con modestia y con gratitud», en el que se ensalzaban los valores del republicanismo español y se alababan los logros de aquella República en materia de reforma agraria, sufragio femenino, separación de poderes, asistencia sanitaria, cultura, educación... Se denunciaba, además, a quienes truncaron todo aquello ­los «grandes propietarios, la facción más reaccionaria del Ejército y la jerarquía de la Iglesia Católica»­ y se exigía de las «instituciones de la actual democracia española que rompan de manera definitiva los lazos que la siguen uniendo ­desde los callejeros de los municipios hasta los contenidos de los libros de texto­ con un estado ilegítimo, que surgió de una agresión feroz contra sus propios ciudadanos y se sostuvo en el poder durante treinta y siete años...».

En cualquier caso, resulta curioso comprobar la ausencia de referencia alguna a los estatutos de autonomía, hablándose únicamente de las «políticas de igualdad no sólo entre los individuos, sino también entre las regiones más o menos prósperas». Asimismo, se pasa de puntillas por la Transición española, sin mentarla, reduciéndose las exigencias a la «actual democracia» a un problema de callejeros municipales y contenidos de los libros de texto, como si no existieran hoy la monarquía borbónica, sobre cuya abolición se levantó la propia II República, así como la Guardia Civil y el Ejército, columna vertebral del golpe fascista, y una Iglesia que bendijo todo lo anterior y ofrendó miles de millones de misas en honor del Caudillo durante los cuarenta años de dictadura franquista, y que hoy sigue gozando de todo tipo de privilegios.

Hace tan solo una semana, el Gobierno del PSOE ha aprobado un proyecto de ley denominado de la Memoria Histórica, en el que se «reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura». ERC y IU-ICV, principales impulsores del proyecto inicialmente, han criticado duramente el texto final resultante, haciendo hincapié, sobre todo, en que no se van a revisar ni anular los juicios sumarísimos y consejos de guerra de la guerra civil, incluido el que condenó a muerte al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys. Pero hay bastante más. Veamos

Distintas asociaciones relacionadas con las víctimas del franquismo ­Foro de la Memoria, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica...­ e incluso Amnistía Internacional han criticado también el texto, calificándolo como «absolutamente insuficiente» y «decepcionante», señalando que «representa una nueva claudicación ante una derecha social y política incapaz de romper su cordón umbilical con el franquismo». No les faltan razones, desde luego, para afirmar lo que afirman.

El proyecto cifra en unos sesenta millones de euros el coste total de su aplicación, lo cual nos da una idea de la frivolidad del mismo, pues pretende cerrar definitivamente esta página de la historia con un importe similar al valor de unos pocos kilómetros de autovía. Se amplía con ello el número de beneficiarios de las ayudas, incluyéndose ahora no sólo a las personas fallecidas como consecuencia de la guerra, sino también a quienes lo hicieron ­¡gran generosidad!­ en los dos años siguientes. Se incluyen también a aquellas otras que murieron por sus opiniones políticas y sindicales, «siempre que se establezca la relación directa entre la guerra civil y el fallecimiento». Quedan, pues, fuera del cómputo, entre otros, los cientos de personas muertas en el maquis en las décadas siguientes, los que perecieron en cárceles de exterminio y en los batallones de trabajos forzados, los juzgados y fusilados en este periodo (Grimau), etc.

La «generosidad» de la Ley permitirá percibir ayudas económicas por «aquellas personas que perdieron la vida realizando actividades en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977» (primeras elecciones durante la Transición), sin que quede nada claro si los trabajadores muertos en ese periodo como consecuencia de la represión policial de conflictos obreros (Granada, Vigo, Gasteiz...), o las personas «suicidadas» en las comisarías (Ruano), o las baleadas en la calle, serán consideradas como víctimas afectas a estas medidas. Y seguirán fuera de la lista, entre otras, personas como Gladys del Estal, Germán Rodríguez, Joseba Barandiarán... que no supieron morirse como manda la ley, en plazo y forma debida.

El proyecto establece que deberán retirarse los escudos, placas «y otras menciones conmemorativas de la guerra civil cuando exalten a uno solo de los bandos enfrentados», con lo cual quedarán previsiblemente fuera de la legalidad monumentos como el de Sartaguda, levantados en memoria de los 2.300 fusilados navarros por la barbarie fascista. De conmemorar algo, deberá abarcar a los «dos bandos»; es decir, Durruti y Mola, Lauaxeta y Gomá, García Lorca y J.A. Primo de Rivera... deberán ser recordados y homenajeados conjuntamente. Que un «bando» representara la legalidad republicana y el otro fuera golpista y fascista parece importar poco. «Café con leche para todos, que para eso ahora hay democracia», parece decir el PSOE.

La recuperación de la memoria histórica (la de la época republicana, pero también la del franquismo, la de la Transición y del ayer más cercano) es algo que, contra viento y marea, se ha ido abriendo paso en los últimos años. Y no sólo a pesar de PP-UPN, herederos políticos directos de los alzados en armas y cuneteros del 36, sino también del propio PSOE-PSN. No podía ser de otra forma, porque pretender casar la pleitesía constitucional actual con respecto al Borbón, la Guardia Civil y el Ejército, y la España una, indisoluble e indivisible de todos ellos, choca frontalmente con un desenterramiento que vaya más allá de los huesos de los fusilados y afirme la necesidad de actualizar sus ideales republicanos, socialistas, libertarios, laicistas y abertzales. Es por eso que el proyecto de ley antes comentado y más de algún manifiesto y homenaje en torno a la recuperación de la memoria histórica están resultando ser un tanto desmemoriados. -