Manifestacion en Donostia
Buen argumenta que Batasuna ha hecho «ostentación» de respaldar la marcha
El pasado martes, tras conocer que el Departamento de Interior de Lakua no prohibía la movilización, Miguel Buen declaraba su «respeto» a la decisión e indicaba que «el ejercicio de manifestación es uno de los derechos fundamentales». Ayer, después de hacerse pública la providencia del juez Garzón, el secretario general del PSE de Gipuzkoa argumentaba que el mahaikide Pernando Barrena hizo el pasado sábado «ostentación» de apoyar la marcha.
DONOSTIA
Las reacciones de la clase política vasca ante la decisión de Baltasar Garzón se ciñeron al guión previsto de antemano. En su línea de no entrar a valorar las decisiones de los jueces, el secretario general del PSE de Gipuzkoa,MiguelBuen, defendió la «independencia» del Poder Judicial y mostró su deseo de que «las cosas se aclaren rápidamente y prevalezca el Derecho». No obstante, sí apuntó que Pernando Barrena «hizo ostentación la semana pasada, por lo menos, de apoyar esa convocatoria. Ellos saben perfectamente que no pueden convocar ni actuar en política. Pueden actuar en política como personas individuales, pero no como colectivo ni organización y, por lo tanto, el juez tiene todo el derecho del mundo a citarles». Buen estimó que Batasuna «suele retar a la legalidad con bastante frecuencia y no termina de entender que ése no es el camino, sino que el camino pasa porque acaten la Ley. Si quieren actuar en política, que den los pasos que tienen que dar para formar una apuesta política que pueda actuar con las reglas de juego de la democracia». El secretario general del PP de la CAV, Carmelo Barrio, aseguró que «todo el mundo sabe aquí en el País Vasco que detrás de la manifestación está Batasuna, que la ha convocado para que sea plataforma, propaganda de la organización terrorista ETA y sus consignas». «Entendemos que se adopten todas las garantías y las cautelas», señaló respecto a la decisión del juez Garzón antes de reclamar «que se aplique todo el peso de la Ley, que se apliquen las propias resoluciones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, cuando suspendió de actividades a Batasuna».
Rechazo de EA y ANV
Por el contrario, la iniciativa de Garzón recibió las críticas de Eusko Alkartasuna. Su secretario de Organización, Rafa Larreina, manifestó que «es hora ya de que finalicen las interferencias del ámbito judicial en el ámbito político. La separación de poderes tiene que ser radical en todos los ámbitos y ahora todos sabemos que no estamos hablando de temas judiciales, sino de temas políticos». Larreina defendió la potestad de «todos los ciudadanos que lo deseen» para asistir a una movilización que será «como cualquier otra en democracia, convocada por ciudadanos que tienen plenitud de derechos», al tiempo que pidió que la marcha «discurra por los cauces más civilizados y pacíficos». El representante de EA subrayó que «el derecho de manifestación es un derecho que siempre debe prevalecer», ya que «incluso hay sentencias del Tribunal Constitucional que así lo defienden». Por su parte, ANVremarcó que «el derecho de manifestación es un derecho pleno que pierde dicha cualidad cuando es condicionado. Las condiciones puestas por Garzón no son sino trabas al derecho de manifestación. La Audiencia Nacional ha dejado claro de nuevo que en el Estado español los vascos no tenemos todos nuestros derechos políticos». La formación abertzale sentenció que «este tipo de situaciones dejan de nuevo a la vista la necesidad de derogar la Ley de Partidos para poder llegar a la normalización política».
Odón Elorza cree que debe celebrarse «con garantías de todo tipo»
El alcalde de Donostia, Odón Elorza, afirmó ayer que la marcha del próximo domingo debe celebrarse «con garantías de todo tipo y debidamente controlada», para que «no se produzcan incidentes». Además, pidió al «entorno abertzale que se esfuerce en las formas democráticas y sea respetuoso con la legalidad, las personas y el derecho a la vida de todos», y también «particularmente sensible con el ambiente festivo». Tras indicar que la movilización «gracia en principio no hace», Elorza señaló que espera que se celebre «con normalidad», para lo cual «las gentes de la izquierda abertzale deben madurar y actuar de modo muy disciplinado». -
Para la AVT, hasta la pelea de Getxo es un precedente
MADRID La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó ayer por la mañana un escrito en la Audiencia Nacional solicitando que se prohíba la manifestación. Entre sus argumentos, este colectivo apuntó que no hacerlo así daría pie a que «se repitan los tristes y penosos incidentes ocurridos apenas unos días en Guecho, en donde los jóvenes proetarras protagonizaron unos altercados que finalizaron con 9 heridos y con cuantiosos destrozos materiales». La AVT se refiere a la pelea que tuvo lugar en las inmediaciones de la boca del metro de Algorta en la madrugada del 31 de julio y cuyo origen no tuvo connotación política alguna para ninguna fuente oficial ni ningún partido. En su comunicado, el colectivo que preside Francisco José Alcaraz arremete contra el delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma, a quien acusa de «dejadez», «pasividad» y «traición al más alto nivel». Las críticas se extienden al Ejecutivo del PSOE, cuya vicepresidenta indicó hace unos días que las competencias para permitir o prohibir manifestaciones están en manos del Gobierno de Lakua. Sobre estas declaraciones, la AVT considera que «se trata de un capítulo más dentro de las cesiones a los asesinos de ETA que está realizando José Luís Rodriguez Zapatero, quien a lo largo de los próximos meses actuará de la misma forma acercando a los presos de la banda terrorista ETA a las cárceles de Euskadi y cediendo las competencias en materia penitenciaria al Gobierno Vasco». Dos querellas desde colectivos de ultraderecha
MADRID España y Libertad ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra Pernando Barrena por entender que, «con independencia de la persona física que haya solicitado la autorización de la marcha, ha sido evidentemente organizada y alentada por la ilegal Batasuna». Le acusa de «desobediencia» y «quebrantamiento de medida cautelar», e insta al Ministerio Fiscal para que ejerza «las acciones jurídicas pertinentes» para que dicha manifestación no llegue a celebrarse. También Manos Limpias interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del TSJPV por supuesta «desobediencia» a las resoluciones judiciales contra Barrena, el consejero de Interior, Javier Balza, y el delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma. El sindicato considera que la marcha «supone un fraude de ley, vulnera la Ley de Partidos, la sentencia de ilegalización de Batasuna de la Sala del 61 del Tribunal Supremo y los autos del magistrado Fernando Grande-Marlaska», que suspendió las actividades de la formación independentista. En su denuncia, recuerda que Barrena anunció la movilización «para burlar la prohibición, al tratarse de una convocatoria de la ilegalizada Batasuna, se solicitó por un ciudadano, en teoría no adscrito o afiliado al partido ilegalizado, la correspondiente autorización». Además, subraya que Lakua, a través del Departamento de Balza, «da el visto bueno» a la marcha, mientras el Gobierno español permanece «pasivo y, de alguna manera, tácitamente la consiente».
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