- Caso Astillero -
Lakua desestima el recurso y ratifica la sanción
·El Ejecutivo autonómico considera que incumplieron su obligación de someterse a un control antidopaje
DONOSTIA
El denominado caso Astillero parece haber llegado a su fin. Y es que, algo más de diez meses después de aquel polémico control antidopaje que el Gobierno de Lakua efectuó en Hondarribia, ayer se conoció que la consejera de Cultura, Miren Azkarate, ha desestimado el recurso presentado por el abogado del club cántabro contra la sanción impuesta inicialmente por «incumplimiento de la obligación de someterse a un control antidopaje».El Ejecutivo autonómico ratifica así la sanción de 6.000 euros de multa en el caso de los catorce remeros implicados y 15.000 en el del entrenador, además de la prohibición de acceso a instalaciones deportivas por un plazo de dos años para todos ellos. La sanción, según se subraya en el comunicado, es ejecutiva y eficaz desde ayer mismo. Lakua explica que aquel 24 de setiembre «personal acreditado se personó en el polideportivo de Hondarribia» para «efectuar un control antidopaje a todos aquellos remeros de la ACT que habían solicitado autorizaciones de uso terapéutico». En total eran 24 los deportistas que debían pasar el control, 14 de ellos miembros de la San José XIII. Como ya señaló en su día, reitera que a los deportistas «se les informó que podían designar una persona que estuviera presente en el desarrollo del control», pero que «Astillero, y concretamente su entrenador José Manuel Francisco, fue el único club que puso trabas, problemas y obstrucción a la notificación». Desde el Ejecutivo autonómico se apunta que «tras realizar la diligencia de control a los primeros nueve remeros se llamó a Iñaki Errasti, quien compareció acompañado de su entrenador, José Manuel de Francisco. Allí fueron informados de que no se iba a solicitar una toma de muestras sino que se solicitaba unas aclaraciones respecto de las circunstancias relativas a las autorizaciones de uso terapéutico», pero que entonces el preparador de Astillero «protestó airadamente, interrumpió y presionó al deportista para que no declarase». Después de que ambos se marcharan de la sala, «el entrenador, en un tono elevado e incluso agresivo, les informó a sus remeros que no se trataba de un control de orina ni de sangre, sino de un interrogatorio, motivando con su comportamiento un estado de excitación, nerviosismo, crispación y desconcierto en los remeros. De Francisco no solo presionó e incitó a los remeros a no someterse al control, sino que fue el instigador y la persona que arengó a los remeros de la SDR Astillero a negarse a realizar el control de dopaje», continúa. Tras no comparecer después el siguiente remero, se les explicó a los remeros «la diligencia que se iba a practicar» y se les pidió «que fueran pasando uno por uno a fin de que se les informara personalmente y decidieran también de la misma manera individual qué hacer». Al final, «llegado a un punto en el que resultó manifiestamente imposible continuar con los controles con un mínimo de garantías» se levantó acta de lo sucedido.
A vueltas con el abogado
La Consejería de Cultura confirma que «tanto el entrenador como los remeros indicaron a los miembros del control de dopaje que no tenían inconveniente en someterse al control siempre que estuviere presente su abogado». Sin embargo, a las 21.00, viendo que éste no había llegado, pese a que «parece que mantuvo contacto telefónico con la persona que acompañó a los deportistas», se dio por concluido el control. Así, se señala que «no se restringió el derecho de los deportistas a elegir acompañante, sino que permitió designar a cualquier persona haciendo abstracción de su condición profesional».
Pésima grabación
Sobre la petición del club cántabro de la entrega de las grabaciones del control a través de una de las alegaciones, desde Lakua se argumenta que «las cintas de grabación que los imputados reclaman son de muy mala calidad, ininteligibles como ha constatado la instructora, por lo que éstas no van a tenerse en consideración en la resolución del expediente, no quedando, por tanto, los imputados en ningún modo, en indefensión». No obstante, ante la insistencia de los imputados, se remitió a éstos «una copia de la grabación efectuada durante el control antidopaje a partir del momento que se llama a personarse en el control a Iñaki Errasti, al efecto de que comprobasen lo constatado por la instructora», ya que el resto de la grabación corresponde «al control antidopaje efectuado a los remeros de otros clubs que no pusieron ningún obstáculo a la realización del mismo».De ese modo, la consejera de Cultura concluye que Iñaki Errasti, Enrique López, Israel Bolado, Vasile Matei, José Angel Vázquez, Ionel Sorín, José Antonio Cuero, Fernando Rúa, Mauricio Monteserín, Luis Pazos, Roberto Pérez, José Carlos González, Enrique Vitoria y José Antonio Acebal deberán abonar una multa de 6.010,13 euros, así como la prohibicón de acceso a instalaciones deportivas por un plazo de dos años. Asimismo, al entrenador José Manuel de Francisco se le impone una multa de 15.000 euros, y la misma prohibición que a los catorce remeros.
El club cántabro pedirá la cautelar, pero tiene complicado estar en La Concha
U.A.
DONOSTIA Tras conocer la decisión del Gobierno de Lakua, Astillero no piensa quedarse de brazos cruzados. De hecho, hoy o mañana como fecha límite, tiene la intención de presentar la suspensión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Además, tiene la intención de acudir a la justicia ordinaria. En caso de que la petición del club cántabro fuera aceptada, aún podría ser invitado por el Centro de Atracción y Turismo (CAT) de Donostia para participar en la Bandera de La Concha, siempre y cuando esta entidad lo decidiera así. En caso contrario, la San José XIII no estará en la regata donostiarra, salvo sorpresa mayúscula, pues el CAT ha anunciado en más de una ocasión que aceptaría la resolución de Lakua. Aun así, al ser los remeros los que han sido sancionados y no el club, Astillero podría estar en la bahía donostiarra si el CAT lo considerase oportuno, pues sobre la San José XIII no pesa sanción alguna. La decisión final sobre el futuro de Astillero en La Concha podría conocerse en dos semanas, ya que el TSJPV estudiará la cautelar de la entidad cántabra la próxima semana.
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