Desde de la declaración de alto el fuego por parte de ETA han transcurrido ya cinco meses. Cinco meses en los que la represión y los continuos ataques contra la izquierda abertzale han rodeado de dudas más que razonables la supuesta voluntad del Gobierno del PSOE de afrontar un verdadero proceso de paz. Y anteayer, por primera vez, he oído a los agentes políticos reaccionar airadamente y hablar de «actos de intolerancia incompatibles con el proceso de paz», de la necesidad de «aportaciones que hagan posible el diálogo», de que «la sociedad vasca ya no acepta más chantajes, coacciones ni amenazas».

Pero no han sido los muchos datos que hablan de un incremento de la represión contra la izquierda abertzale, con todo lo que ello implica en cualquier momento, por supuesto, pero mucho más en el momento actual, lo que ha venido a demostrar que aunque pareciera lo contrario los agentes políticos no estaban dormidos, ha sido el comunicado de ETA y su aviso de crisis en el proceso de paz.

El obstinado mantenimiento de la política penitenciaria y sus gravísimos costes, las reencarcelaciones, sobreencarcelaciones o como pueda llamársele a los intentos de mantener en prisión a los prisioneros vascos que han cumplido ya sus condenas; la injustificable permanencia de la ley de partidos, los juicios del macro-sumario 18/98 con las mismas garantías jurídicas, si no menos, que el Proceso de Burgos; el veto continuo a Batasuna, la imposibilidad de realizar siquiera la más pacífica de las manifestaciones... Nada de esto es coacción, chantaje, amenaza, irresponsabilidad, situación incompatible con el proceso de paz... Ante todo esto han reaccionado, cuando lo han hecho, con mesura. Denotando incomodidad en el mejor de los casos, pero sin aspavientos. Puede que pensaran que ése era el precio político que la izquierda abertzale debía pagar por la paz. Puede ser, aunque luego se cuiden muy mucho de desmentir al PSOE cuando bajo el lema de «la paz no admite precio político alguno» trata de justificar el punto al que ha llevado la situación actual.

Los partidos políticos han reaccionado con indignación, críticas y acusaciones a la organización ETA; con indicaciones de quién debe y quién no hacer política, con advertencias sobre tutelajes, vanguardizaciones y otros formatos de cuño reciente y con alguna lánguida recomendación, como la del PNV al PSOE para una política penitenciaria más flexible. Pero salvo Batasuna, han hecho que brillara por su ausencia la reflexión y el análisis sobre el verdadero problema, que nadie además ha podido desmentir: que el proceso está en crisis. Y eso sí es extremadamente preocupante. -