Hay hechos concretos, actuaciones puntuales, que explican con mayor claridad y comprensibilidad una realidad política y social que cualquier análisis histórico. Uno de esos hechos concretos es el de cómo ha tratado el Estado español a los condenados por los pocos actos de «guerra sucia» contra el independentismo vasco que han llegado a juzgarse. En la misma línea debe entenderse también el resultado final que han tenido los casos de torturas que han llegado a los tribunales tras haber conseguido superar los continuos obstáculos que desde las propias entrañas del poder se les ponían. Tampoco puede olvidarse en qué acabó el juicio por el espionaje ilegal de HB a cargo del Cesid.

Los responsables del secuestro y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala y del secuestro de Segundo Marey no han llegado a cumplir ni un diez por ciento de las penas que se les impusieron. Su situación penitenciaria ha sido tratada como una cuestión de Estado, uno de los pocos casos en los que el PPy el PSOE han demostrado estar en la misma sintonía. Aunque el equipo de José María Aznar hizo de los GAL uno de los caballos de batalla para derribar a Felipe González, después no tuvo inconveniente alguno en indultar a los condenados. En otras ocasiones ­como ahora con Rafael Vera y antes con Galindo y Elgorriaga­ se ha aplicado a los reos una consideración a su salud que para sí quisiera el resto de presos, muchos de ellos con graves enfermedades incurables. También los escasos condenados por torturas han visto tradicionalmente sus penas aliviadas por indultos e incluso algunos han sido recompensados con medallas. Y cuando el Cesid fue descubierto en flagrante delito espiando ilegalmente a un partido legal, la sentencia quedó reducida a la condena de un único funcionario que finalmente también fue indultado.

¿Qué indica este trato de privilegio del Estado a determinados condenados? Que los reconoce como servidores suyos a los que le es imposible castigar con la severidad ­por mínima que en algunos casos sea­ que sus propias leyes contemplan para los delitos de los que se les acusa. El Estado se pone de su parte porque son parte del Estado. Y con esa actitud el Estado confiesa que la «guerra sucia» ­con las distintas formas que ha adoptado a lo largo de los años­, la tortura y el espionaje ilegal son instrumentos que utiliza a conveniencia y en la medida de sus intereses en cada fase histórica concreta en contra del independentismo vasco. Es decir, el Estado se confiesa como parte beligerante más allá de la legalidad. -